La Plaza de la Independencia fue uno de los puntos neurálgicos de las movilizaciones y también de los episodios de violencia. Las masivas marchas se concentraron ahí, así como los barricadas, destrozos del mobiliario y enfrentamientos con Carabineros. Y, en ese contexto, el 12 de noviembre un grupo de personas ingresó al edificio de la Gobernación de Concepción, apilaron los documentos allí guardados y le prendieron fuego. La emergencia generó la destrucción de las oficinas de Extranjería, de la Gobernación y de Bienes Nacionales.

Al pasar por calle Aníbal Pinto aún se observan rastros del siniestro. El techo exhibe manchas negras, vestigio del impacto de las llamas, que generaron daños por casi 800 millones de pesos. La superficie comprometida fue de 700 metros cuadrados. También implicó la destrucción de 5 mil expedientes de regularización de títulos de dominio que se encontraban, justamente, en esas oficinas.

Por esta situación hay una investigación en curso por el delito de incendio. Ya hay dos personas formalizadas por este hecho. El gobierno además presentó una querella.

Desde noviembre del año pasado a la fecha el Ministerio de Bienes Nacionales, dueño del inmueble, ha invertido 160 millones de pesos, los que permitieron reparar las ventanas y habilitar las oficinas dañadas de los pisos superiores, según detalla el seremi de la cartera, Sebastián Abudoj.

El arreglo de la fachada y la habilitación de las oficinas del primer piso es lo que está pendiente. Abudoj explica que esto demandará 600 millones de pesos. Esos dineros permitirán hacer una restauración acorde con el carácter patrimonial del edificio, así como habilitar las oficinas que siguen cerradas, como la de Extranjería.

"Estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas el proyecto, que está en etapa de diseño", comenta el seremi. Una vez terminado eso, se pasará a la licitación y ejecución, lo que esperan tener avanzado en diciembre.

El gobernador de Concepción, Julio Anativia, menciona que urge reabrir las oficinas de Extranjería. Agrega que el proyecto que se está trabajando considera un espacio más amplio, pues adicionará la superficie de los locales comerciales que funcionaban allí. "Tendremos un espacio mejorado y ampliado", afirma.

Además, están incluidos los espacios de la unidad de regularización de Bienes Nacionales. Actualmente los 40 funcionarios de esa área realizan sus tareas en otro edificio de la cartera, ubicado en el Parque Ecuador.

LAMENTABLE

El gobernador de Concepción, Julio Anativia, lamenta el impacto negativo que esto generó en los proyectos de inclusión. Poco antes del incendio se había habilitado el ascensor del edificio, el que estuvo fuera de servicio desde el terremoto en 2010. Afortunadamente, dice, esto ya fue repuesto.

Para el seremi Abudoj, la destrucción de expedientes fue una de las principales consecuencias negativas del episodio de violencia. Comenta que de los 5.418 expedientes de regularización de títulos de dominio destruidos, el 93% de ellos tiene respaldo informático, pero hay que reconstituirlos para que los abogados los tramiten. El otro 7% (que corresponde a 300 expedientes), no tiene respaldo digital, porque son tramitados por empresas con las que ya tomaron contacto para reponerlos.

La sala de ventas del proyecto inmobiliario Ciudad del Parque, ubicada en la esquina de Colo Colo con Chacabuco, fue el primer espacio vandalizado tras el denominado estallido social. Fue la misma noche del sábado 19 de octubre, cuando partieron los incidentes en la Región, que un grupo de personas le prendió fuego al icono de la iniciativa de Aitue que contemplaba siete edificios, entre habitacionales y de oficinas, más un bulevar con locales comerciales. El proyecto se iba a levantar en un paño de más de 11 mil metros cuadrados, en calle Chacabuco entre Colo Colo y Castellón.

La iniciativa ya estaba en entredicho. Los apoderados de los colegios cercanos (Instituto de Humanidades y Charles de Gaulle) llevaron a los tribunales su deseo de que no se concretara la construcción. Frente al rechazo a la iniciativa, y tras el incendio de su sala de ventas, Aitue optó por dar pie atrás y desistir de la propuesta.

El 11 de noviembre, a través de una declaración pública, la empresa informó que se "ha tomado la decisión de no perseverar en el desarrollo inmobiliario 'Ciudad del Parque', debido a que el escenario judicial que enfrenta y los plazos naturales de tramitación jurídica incorporan una variable de incertidumbre profunda que afectó irremediablemente la sustentabilidad de este megaproyecto inmobiliario". En esa ocasión también comunicó que venderían la mitad del terreno. Este fue dividido en siete lotes. La inmobiliaria se quedó con cuatro.

El 9 de junio de este año Aitue oficializó la reactivación de sus proyectos inmobiliarios. Entre ellos está el edificio Chacabuco 880, que tendrá 21 pisos. En total serán 216 departamentos, de 1 y 2 dormitorios, orientados a los segmentos medios. La inversión será de 25 millones de dólares y las obras durarán 22 meses.

"Este edificio cuenta con permiso de edificación aprobado desde enero del 2020, por lo que esperamos partir las obras a la brevedad, pues ya estamos gestionando el proceso para la incorporación de unas 350 personas que trabajarán directamente en la obra", informaron a través de un comunicado.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, dice que esto puede ser una oportunidad para que la empresa desarrolle un proyecto que considere a la ciudadanía en su planificación.

Golpizas, disparos, atropellos, tocaciones, amenazas, disparos de chorros, entre otros, son los hechos vulneratorios de Derechos Humanos que se han denunciado en el marco del estallido social que se inició en la zona el 19 de octubre del año pasado. El Instituto de Derechos Humanos (INDH) ha presentado un total de 248 querellas, con 316 denunciantes. De ese total, en tres de ellos existen formalizaciones.

El caso más grave tiene relación con la muerte del joven Manuel Rebolledo Navarrete la tarde del lunes 21 de octubre cuando falleció tras ser impactado por un camión militar. Este hecho ocurrió en Avenida Gran Bretaña, en la población Libertad de Talcahuano, cuando un grupo de personas entró a la empresa Congelados del Pacífico en horario de toque de queda y el atropello ocurrió cuando las personas huían de la presencia de las Fuerzas Armadas.

Esta semana se realizó la reconstitución de escena de este caso y la directora regional del INDH, Carolina Chang, aclara que el militar que conducía el vehículo se encuentra formalizado por cuasidelito de homicidio y ellos esperan recalificarlo a homicidio.

Al día siguiente de la muerte de Manuel Navarrete, Gastón Santibáñez fue impactado con un perdigón en su pierna derecha por parte de un militar a la altura de la Remodelación Paicaví, al momento en que regresaba a su casa en horario de toque de queda. La formalización fue por apremios ilegítimos y el sargento investigado cumple actualmente con la medida cautelar de arresto domiciliario.

Chang precisa que en este caso desde marzo que se está pidiendo una audiencia de reformalización a la Fiscalía, pero ha sido postergada sin tener una fecha concreta.

El último caso que tiene formalizados es el de Gabriel Arias, el joven estudiante universitario, que recibió un disparo a quemarropa por un carabinero. El hecho ocurrió durante una manifestación desarrollada el pasado viernes 6 de marzo en Avenida Paicaví, cuando llegaron efectivos policiales, los manifestantes se abalanzaron contra un carabinero motorizado, quien cayó de su móvil, sacó su arma de servicio y le disparó al joven.

Carolina Chang precisa al respecto que "no existe la celeridad que debiera existir en causas tan graves como las que tenemos. Dentro de las querellas no sólo hay causas por torturas, tenemos homicidios frustrados, apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves (traumas oculares) y son causas en las que las víctimas están a la espera".

La directora regional lamentó que en casos como el del camarógrafo Alejandro Torres, quien recibió un perdigón en uno sus ojos mientras cubría las manifestaciones en Chiguayante y donde está identificado el autor de los hechos, aún no exista una formalización.

A LA ESPERA

Tras las movilizaciones se conformó el Comité 19 de octubre, con abogados que buscaban resguardar los derechos de las personas detenidas. Sindy Salazar, miembro de este grupo, reconoce que la mayoría de las denuncias que trabajaban los integrantes fue derivada al INDH, en tanto el resto está en periodo de investigación desformalizada. Tal, como las otras 245 querellas que presentó el INDH.

"Personalmente tengo una causa que patrocinamos de un niño de Hualpén que recibió un balín en la nariz y otro en la pierna, y en esa causa hemos solicitado bastantes diligencias, pero aún está todo en periodo de investigaciones", puntualiza la abogada.

Reconoce que "es normal que haya un periodo en que, justamente, el Ministerio Público se dedique a investigar y puede ser que la pandemia haya hecho lo suyo en el sentido de que tienen que tomar declaraciones, situarse en lugares y hay restricciones. Pero de todas maneras hay un retraso y nosotros esperaríamos que por ser causas de Derechos Humanos hubiera más celeridad".

En ese sentido critica que los testigos de los hechos no hayan sido aún citados a declarar, ya que a diferencia de las víctimas que tienen lo ocurrido de forma más clara, quienes estuvieron presente cuando sucedieron los acontecimientos podrían olvidar detalles con el paso del tiempo.

El Comité 19 de octubre sigue funcionando durante la pandemia y ya se han preparado con turnos con un plan de contingencia para la conmemoración del 18-O para poder dar respaldo jurídico a quienes sean detenidos en manifestación. "Lo importante es poder transmitir que los detenidos tienen derechos y transmitir también la educación sobre los Derechos Humanos y especialmente que sea normal tener una perspectiva de los Derechos Humanos, que sigue faltando en la génesis de los órganos del Estado", recalca Salazar.