Las lecciones para Biobío, a un año del 18-O
A exactamente un año del denominado "estallido social" del 18 de octubre de 2019, que tuvo su expresión más fuerte a partir del día siguiente en varios puntos de Biobío y especialmente en el sector céntrico de la capital regional, es importante recordar las lecciones que dejó este momento de la historia nacional que seguramente quedará marcado para siempre como un hito lleno de contrastes y también de encontrados análisis, dependiendo del prisma con el cual se mire.
Lo que es innegable es que lo ocurrido hace un año derivó en una profunda crisis social y política, inédita desde el retorno a la democracia, que remeció los cimientos de nuestra convivencia y desató expresiones de violencia que -sólo un par de semanas antes- eran imposibles de imaginar para Chile.
Se debe reconocer, eso sí, que en medio de ese complejo escenario surgieron, especialmente en nuestra zona, muchas acciones que buscaron -por la vía del diálogo, la reflexión y el cuidado de la democracia- descomprimir el ambiente de fuerte tensión existente, lo que también tuvo un correlato a nivel político a escala país, especialmente con la suscripción de un amplio acuerdo, denominado "Por la paz social y la nueva Constitución", que se logró el 15 de noviembre, en momentos en que los hechos de violencia prácticamente se encontraban desbordados y la democracia altamente amenazada.
El escenario que siguió al 18-O, en particular en Concepción, estuvo marcado por los contrastes que este medio pudo reportar diariamente. En efecto, por un lado se registraron marchas como la del miércoles 23 de octubre, cuando se cifró en aproximadamente 80 mil los asistentes a una actividad que terminó sin incidentes. Más tarde, sin embargo, comenzaron a producirse saqueos en locales del centro -especialmente alrededor de la Plaza de la Independencia- junto con desórdenes, destrucción y enfrentamientos.
Aquello fue la tónica de muchas de las jornadas siguientes. Un grupo mayoritario de personas protagonizando multitudinarias marchas que luego derivaban en incidentes que tenían como puntos más álgidos la propia Plaza de la Independencia y sus alrededores, el entorno del edificio de Tribunales y -posteriormente- la rotonda Paicaví. A ello se sumaron ataques en puntos como la Universidad de Concepción y atentados incendiarios que dejaron una profunda huella de destrucción en muchos puntos de la capital regional, especialmente en el comercio y servicios públicos.
El impacto que tuvo la ola de violencia que se apoderó durante las tardes y noches de Concepción es algo que no puede soslayarse ni relativizarse, especialmente porque tuvo graves consecuencias que -contrario a lo que algunos suelen plantear- no solo tiene que ver con la preocupación por los bienes materiales o la economía, sino por sobre todo con la calidad de vida de la ciudadanía y el derecho a trasladarse por la ciudad sin miedo.
Los saqueos y desmanes que tanto daño causaron a los locales comerciales afectaron en la mayoría de los casos a familias de mucho esfuerzo, pequeñas y medianas empresas que contribuyen al desarrollo local y dan empleo, pero que sufrieron la peor cara del comportamiento de vándalos entre quienes primó la falta de normas y el nulo respeto a los derechos de los demás.
En medio de los incidentes, surgió también la preocupación por los efectos de la acción policial, en particular debido a las denuncias de apremios ilegítimos y acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos, lo cual implicó también un agravamiento de la crisis y dejó de manifiesto la necesidad de que se realicen las investigaciones que lleven a esclarecer esos hechos y poner a disposición de la Justicia a los responsables.
Pero junto con este enfoque asociado a las nefastas consecuencias de la violencia, es importante destacar que muchos líderes y representantes de organizaciones de nuestra Región comenzaron rápidamente a enfocarse en buscar respuestas a los temas de fondo asociados, como la inequidad y la necesidad de profundizar la calidad de nuestra democracia.
Así, por ejemplo es destacable el trabajo que tempranamente comenzó a realizar un grupo de más de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) de la zona que realizaron diversas reuniones para avanzar desde el diagnóstico y establecer propuestas de solución al conflicto, de tal manera de ayudar a acercar las demandas especialmente de aquellos grupos más vulnerables que afirman no haber sido escuchados por el mundo político.
Otro acto destacable fue la suscripción por parte de más de 1.700 dirigentes políticos, gremiales, sociales y representantes de la sociedad civil de la Región de Biobío de una carta compromiso con cinco puntos considerados claves para hacer frente a la complejidad de la crisis. Se consideró, por ejemplo, la necesidad de cuidar la democracia, el reconocimiento de que Chile requiere profundas transformaciones y un acuerdo unánime por reconocer que la violencia -venga de donde venga- perjudica la democracia y socava uno de los principales indicadores de la calidad de vida: la posibilidad de vivir en paz.
Fue la pandemia del covid-19 la que hizo cambiar absolutamente la agenda pública en torno a estas materias. Sin embargo, el cumplimiento de un año desde el 18-O y el plebiscito del próximo domingo han vuelto a poner en el debate la necesidad de consolidar nuestra democracia y condenar con total claridad el uso de la violencia como método para conseguir objetivos, por muy justos que éstos parezcan.
Es innegable que lo ocurrido hace un año derivó en una profunda crisis social y política, inédita desde el retorno a la democracia, que remeció los cimientos de nuestra convivencia y desató expresiones de violencia que -sólo un par de semanas antes- eran imposibles de imaginar para Chile.