Por Esteban Vega Garrido esteban.vega@diarioelsur.cl

A pocos días de que se conmemore el primer año desde el denominado estallido social, autoridades regionales y provinciales indicaron que existen coordinaciones para abordar las eventuales manifestaciones que pudieran desarrollarse el próximo 18 de octubre en el Gran Concepción.

Pese a la cuarentena que se encuentra vigente en la capital del Biobío, en los últimos días han circulado distintos llamados a movilizarse el próximo domingo con el objetivo de recordar los primeros encuentros que se desarrollaron en el sector del Palacio de Tribunales en el centro penquista.

Ante esto el gobernador de Concepción, Julio Anativia, indicó que desde septiembre han reforzar las coordinaciones permanentes en materia de seguridad pública y también sanitaria, a propósito de las festividades patrias y ahora los procesos que se desarrollarán durante octubre, entre ellos el plebiscito.

"Hay una experiencia de lo que se vivió el año pasado y eso se ha considerado en todas las instancias de coordinación, por lo tanto de eso podemos señalar que hay una preparación, pero no sólo en materia de seguridad, sino que también en el avance de las demandas sociales", dijo.

MEJOR PREPARADOS

El intendente, Sergio Giacaman, coincidió con el gobernador penquista en que las lecciones aprendidas en 2019 han sido parte de las coordinaciones frente a eventuales manifestaciones.

"De forma permanente estamos monitoreando y se tomarán estrategias en virtud de los que arroje ese monitoreo. Hoy estamos mucho más preparados que el año anterior, pero la mejor manera de conmemorar es respetando la democracia".

En la misma línea, la autoridad agregó que, "la mejor manera de celebrar o conmemorar cualquier cosa, asociada a nuestra democracia, es lo que vamos a vivir en el plebiscito y la mejor manera es asistir de manera masiva y responsable, cualquier otra cosa asociada a la violencia no es bienvenida. La Región no necesita violencia".

Asimismo, el gobernador Anativia recordó la actual situación sanitaria que vive la zona, que impide las reuniones masivas, incluso en Fase 2 del Plan Paso a Paso si se diera el caso.

"Cualquier convocatoria que pudiera darse bajo el actual contexto de cuarentena no está autorizado y no se puede realizar, porque en primer lugar va en contra de las normas sanitarias y pone en peligro la salud de las personas", dijo.

El gobernador precisó además que el eventual fin de la cuarentenas no significa que las manifestaciones masivas estén permitidas. "En el evento de cambiar de fase habría que hacer una evaluación de cada una de las situaciones, sin embargo, en esa fase también existen restricciones, por ejemplo en espacios abiertos no pueden haber más de 20 personas y eso es algo que se va a evaluar en caso de presentarse solicitudes", añadió.

RATIFICAN PROTOCOLOS

La semana recién pasada, una marcha no autorizada de los Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) culminó con siete personas detenidas en el centro de la ciudad por incumplir la normativa sanitaria y la cuarentena vigente.

Julio Anativia explicó que un protocolo similar podría ser aplicado en caso de laguna manifestación masiva el fin de semana.

"Durante la marcha se advirtió a los funcionarios que las manifestaciones en la vía pública no estaban autorizadas, por tanto con posteridad y ante el hecho de que no se consideraron las advertencias se procedió por parte de carabineros a realizar las detenciones en cumplimiento de la normativa sanitaria. Por lo tanto, esa es la manera cómo vamos a actuar en estos casos", dijo. Respecto a los puntos de mayor atención, la autoridad reconoció que la Plaza de la Independencia y la intersección de Paicaví con Los Carreras podrían ser los focos de atención.

"En las reuniones se ha considerado la experiencia que existe de las manifestaciones anteriores y considerando esa experiencia por supuesto el resguardo de ciertos equipamientos o puntos es algo que está en nuestra vista, siempre considerando que en primer lugar está la seguridad de las personas", aclaró.

A través de plataformas tecnológicas, a raíz de la emergencia sanitaria, el defensor regional, Osvaldo Pizarro, realizó ayer su cuenta pública del trabajo realizado entre 2019 y 2020. La exposición estuvo marcada por el trabajo realizado durante el estallido social y la pandemia.

En su exposición, Pizarro destacó el aumento de un 445% de los controles de detención durante los primeros días de manifestaciones de octubre, en relación al año 2018.

En esa misma línea, el defensor resaltó el trabajo realizado en comisarías y unidades policiales, lo que permitió salvaguardar los derechos fundamentales de las personas durante las primeras horas de su detención y poder informar sobre el proceso penal a sus familias, ya que en un 60% de los detenidos en ese periodo no tenían contacto previo con el sistema de justicia criminal.

Respecto a la emergencia sanitaria, el abogado destacó la labor para mantener el sistema de justicia. "Nos hemos enfrentado a la disyuntiva de entregar justicia en un plazo razonable, evitando la acumulación de causas o enfrentar juicios donde no se podría ejercer una real y efectiva defensa", enfatizó.

Asimismo recordó las apelaciones y las presentaciones realizadas ante el tribunal Constitucional para evitar la realización de juicios vía remota no fueron antojadizas, sino en resguardo al debido proceso.

PRINCIPALES DESAFÍOS

Osvaldo Pizarro enfatizó en que el sistema de justicia criminal no es el llamado a controlar la seguridad ciudadana, ni frenar las movilizaciones sociales. "Existen cambios profundos que el poder ejecutivo y legislativo tienen que abordar a fin de disminuir las brechas y las desigualdades", indicó.

En esta lógica, agregó, no debemos permitir que se modifiquen los parámetros para determinar prisiones preventivas o hacer más restrictivas las salidas alternativas o se aumenten los requisitos para optar libertades condicionales. Cualquier persona que ha sido sometida al sistema de justicia criminal sabe las consecuencias que eso acarrea en términos familiares, personales y laborales".

En un 50% disminuyeron los casos delictuales durante la semana entre 5 y 11 de octubre en la región del Biobío de acuerdo al último balance del trabajo de Carabineros en la zona.

De acuerdo a las estadísticas, la región registró 388 casos menos en dicho periodo, en el último mes un 48,2% de disminución en delitos, es decir, 1.462 casos menos y en el año a la fecha una reducción de 25,6% con 7.978 casos delictuales menos que en el mismo período de año anterior.

Además se registraron 123 detenidos en la última semana por delitos de mayor connotación social. Dentro de ellos hubo 63 arrestados por hurto, 30 por lesiones y ocho por robo en lugar no habitado.

CONTROLES EN PANDEMIA

El jefe de la VIII zona policial Biobío, general Luis Humeres, junto al intendente, Sergio Giacaman, se reunieron la mañana de ayer para revisar estas cifras.

Respecto al trabajo en medio de la pandemia, Concepción lideró las cifras con mayor cantidad de controles y personas conducidas. En total Carabineros realizó 6.547 fiscalizaciones y 859 arrestos en la capital Regional.

En el contexto del cordón sanitario, Carabineros realizó 48.877 controles, de esos 699 vehículos devueltos a su origen, y 45 infraccionados, además de 16 detenidos, 10 por conducir en estado de ebriedad, cinco por infringir el art, 318 y uno por orden de aprehensión pendiente.

Durante del fin de semana largo, en tanto, Carabineros realizó 21.063 controles vehiculares, 459 de ellos con aplicación del examen de intoxilyzer, labor que permitió sacar de circulación a 18 conductores que manejaban en estado de ebriedad y dos bajo la influencia del alcohol.

La tarde del 12 de noviembre de 2019, un incendio intencional afectó a gran parte del histórico edificio que alberga la Gobernación penquista y otras reparticiones públicas frente a la Plaza de la Independencia de Concepción.

El siniestro afectó a varias oficinas de la Seremi de Bienes Nacionales, Desarrollo Social y también las dependencias de la oficina de Extranjería. La emergencia fue acompañada por distintos daños y saqueos desde el inmueble.

A menos de un mes de que se cumpla un año de este episodio, el gobernador Anativia detalló que los trabajos de restauración presentan distintos grados de avance.

"Se ha trabajado para conservar gran parte del edificio, se ha pintado, se ha recuperado el ascensor. Está en etapa de adjudicación los arreglos del Departamento de Extranjería y Migración, para mejorar los espacios y la calidad del servicio que se entrega", detalló.

La autoridad agregó que prontamente además está considerada la pintura de la fachada del edificio. "Esperamos se produzca de aquí al mes de noviembre", proyectó.