Por Isabel Plaza Vásquez

Concepción, Los Ángeles y Talcahuano son las comunas que lideran la mayor cantidad de beneficiarios de las medidas incluidas en la Red de Protección Social a nivel regional, y que han sido aplicadas a raíz de la pandemia en todo el país.

De acuerdo a lo informado por la Seremi de Desarrollo Social, en el caso del Ingreso Familiar de Emergencia, que es un apoyo en dinero destinado a quienes han sido afectados económicamente por la situación sanitaria, una de cada dos familias de la Región ha recibido este beneficio.

El seremi Alberto Moraga recordó que la medida fue anunciada en mayo pasado y que el primer pago se realizó durante junio. "Tenemos un quinto y sexto pago aprobados, en un proceso que se concretó la semana pasada. Esto fue progresivo, al principio fueron 100 mil familias beneficiadas, luego 180 mil y luego superamos la barrera de las 200 mil. Hoy, con este quinto y sexto pago, estamos superando las 290 mil familias de la Región, que equivalen a más de 700 mil personas", precisó.

Añadió que las comunas con mayor cantidad de beneficiarios son Concepción, Los Ángeles, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Coronel. "La postulación no está vedada a nadie y la necesidad la tienen todos. Pero es muy importante esta forma de entregar el beneficio, porque finalmente en vez de decir en qué se invierte esta plata, o tener descuentos, lo que dejamos es que cada uno decida", agregó.

Moraga explicó que si bien los primeros meses había que cumplir un trámite que era un poco complejo para obtener el beneficio, se tendió a la simplificación y actualmente lo único necesario es estar en el Registro Social de Hogares y una declaración de ingresos formales que debe realizar el propio postulante, ya sea un contrato o boleta de honorarios.

"En el caso de haber declarado cero, la persona recibía $100 mil por cada uno de los integrantes de su familia", dijo.

A su juicio, se trata de la ayuda gubernamental con mayor inversión de recursos y extensión en el tiempo en el ámbito de las políticas sociales aplicadas en el país.

CAJAS DE ALIMENTOS

Respecto de la canastas correspondientes al plan Alimentos para Chile, el seremi informó que se han concretado tres entregas a nivel regional con casi 270 mil cajas distribuidas.

Durante la última semana han sido varios los alcaldes que han planteado la necesidad de realizar una nueva entrega antes de fin de año, considerando la cantidad de comunas en cuarentena o que con alguna medida de restricción, que en el caso de algunas familias implica que perciban menores ingresos.

Al respecto, Moraga sostuvo que "los beneficios van a llegar en la medida que sean necesarios y si hay una necesidad efectivamente va a ser sometido a consideración". Añadió que "así como ha habido una, dos y tres entregas de cajas, no está descartada la posibilidad de que haya una nueva entrega, es un proceso que lleva el Ministerio del Interior y es una de las alternativas que se está analizando"

De todas formas, precisó que no ha recibido el planteamiento específico por parte de los alcaldes, pero sí ha abordado otros temas referido a cómo llegar más a los vecinos con los programas del ministerio.

"Trabajamos mano a mano con los municipios para ello, si es que esta inquietud ha sido planteada seguramente ha sido planteada a los gobernadores o al intendente, pero entiendo que es una necesidad y no se le puede cerrar la puerta a inquietudes como ésta", sostuvo. A estas entregas se suma una iniciativa trabajada con la Confederación de la Producción y el Comercio, donde se entregaron otras 15 mil las canastas en la Región.

Alrededor de 80 personas participaron en un conversatorio convocado por la Seremi de Transportes y destinado a dar conocer en detalle el Primer Estudio de Movilidad en Tiempos de Pandemia realizado por Sectra Sur.

Académicos, autoridades, representantes de la sociedad civil y agrupaciones de transporte público y privado fueron parte de la instancia, que se realizó vía videoconferencia.

El seremi Jaime Aravena moderó el conversatorio y destacó que "lo diverso de los asistentes nos demuestra que la movilidad es un tema que congrega a muchos, desde organizaciones sociales, a municipios, el mundo académico y gremios entre otros, lo que hace estos resultados participativos con la comunidad".

Precisó que además se comprometieron a realizar reuniones más específicas, por materias, instituciones o modos de transportes, para tener instancias de participación para la toma de decisiones y así tengan apoyo transversal. El Estudio de Movilidad iniciado en agosto se extenderá por 130 días en diez comunas del Gran Concepción, es decir, a fines de noviembre se realizarían las últimas mediciones y luego de ello, se elaborará un informe final que será compartido con cada una de las organizaciones sociales, gremiales, gubernamentales y académicas interesadas en el tema.

"Las medidas que se podrían tomar requieren el esfuerzo conjunto de distintos actores, por lo que destaco que se presentara de manera clara la situación en la que está nuestra ciudad y que permitirá tomar medidas urgentes para fomentar el uso de transporte público y modos no motorizados como la bicicleta, desincentivar el uso de transporte privado y gestionar la demanda" manifestó Sebastián Astroza, académico de la Universidad de Concepción, Investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería.

Marcelo Villalobos, presidente de la Asociación Mi Taxi Colectivo de la Región, realizó un llamado a la autoridad, calificando como preocupantes que el transporte público haya tenido tanto descenso en su uso, versus el transporte privado. "Esta iniciativa, creo que va a ayudar a reenfocar y a tomar las medidas necesarias para volver a motivar el uso del transporte público y poder tener una ciudad menos congestionada", dijo.

Una serie de reacciones provocó ayer la confirmación realizada por el Gobierno en torno al ciberataque que afectó al sistema de Clave Única del Servicio de Registro Civil e Identificación, lo que significó el robo de información desde la plataforma digital.

El senador Alejandro Navarro aseguró que presentará una querella por lo sucedido, "contra todos quienes resulten responsables de este hackeo que afecta la fe pública y la seguridad de todos los chilenos y chilenas, y además en contra de quienes en el Gobierno supieron de esto, y no hicieron nada", afirmó

El legislador sostuvo que la situación fue difundida por medios de prensa durante la jornada de ayer, pero ocurrió el pasado 8 de octubre. "Pese a que ha pasado casi una semana, no se ha hecho ninguna campaña nacional, ni cadena o punto de prensa, para informarle a cada uno de los chilenos y chilenas que ante esta vulneración, el camino seguro es cambiar sus claves", afirmó.

Por su parte, el senador por las regiones de Ñuble y Biobío, Felipe Harboe, manifestó que "es gravísimo que se hayan robado cerca de 19 gigas de información de claves únicas e identificación biométricas, según señalan algunos analistas". Harboe señaló que "creo que es clave que el Gobierno salga a aclarar cuál es la magnitud del ataque, los potenciales afectados y cuáles son las medidas que se han adoptado para garantizar la seguridad de las personas".

El parlamentario afirmó que "lo más importante ahora es cómo le garantizamos a la gente que estas claves únicas, o la identificación biométrica, no van a ser mal utilizadas. Que el gobierno precise cuál es la magnitud del ataque, cuál fue la información robada y cuáles son los riesgos asociados y las medidas que se van a adoptar para mantener la seguridad de las personas".