Por Redacción

No ejecutar las leyes en materia de orden público, infringir la Constitución o las leyes "vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley", y dejar de ejecutar las leyes "al no ejercer el control jerárquico" sobre los órganos que dependen de él. De esto responsabilizan al ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, los 13 diputados de oposición que presentaron ayer una acusación constitucional en su contra.

El Gobierno la rechazó de inmediato. "La oposición acaba de presentar la novena acusación constitucional y batir su propio récord, nueve acusaciones constitucionales en dos años y medio. Una acusación injusta, sin ningún fundamento", dijo el ministro vocero, Jaime Bellolio.

"Lamentablemente, nos hemos tenido que acostumbrar a que, cada vez que la oposición tiene un problema interno, hace una acusación constitucional. Les falla su pacto de primarias, acusación constitucional; tienen divergencias sobre las candidaturas presidenciales, acusación constitucional; sus bases les critican haber llegado a un acuerdo sobre la paz y la nueva Constitución, acusaciones constitucionales sin fundamentos. La única manera que tienen ellos mismos de unirse en torno a algo es diciendo una acusación constitucional y pidiendo renuncias", agregó.

Para los acusadores, "el respeto irrestricto a los derechos humanos y el trato igualitario han quedado en entredicho" con la actuación de Pérez. "En el primer caso, por la acción permanente y sistemática de Carabineros (contra tales derechos, dicen)". Esto, por ejemplo, vinculado a la caída de un menor de 16 años en Santiago, por la que hay un carabinero imputado, hecho que "activó" la acusación y ante el cual ha habido "una defensa corporativa, férrea, del ministro del Interior" respecto de Carabineros, considerando que él es "el responsable de mando", apuntó la diputada Alejandra Sepúlveda (regionalista).

Sobre el trato desigual, le reprochan su "acción permisiva ante la toma de carreteras por dueños de camiones" y, en contraste, su gestión ante hechos de violencia en La Araucanía y Arauco. También dicen que Carabineros ha reprimido a partidarios del "Apruebo" en actividades públicas, mientras que a los del "Rechazo" los ha acompañado. El texto afirma que Pérez "ha sido tolerante a las conductas contrarias a las obligaciones que dictan las tareas abocadas al orden público y paz social, desatendiendo su rol de mando, en especial, respecto de Carabineros".

El Gobierno anunció una excepción para facilitar que las personas que voten en comunas en cuarentena o transición puedan hacerlo en el plebiscito del 25 de octubre: podrán desplazarse hasta el local de votación sólo portando su cédula de identidad.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo que ello será implementado en el horario de apertura de las mesas de votación, es decir, entre las 08.00 y las 20.00 horas.

Martorell explicó que "esto no significa que las comunas dejen de estar en cuarentena, sino que tendrán este permiso especial que no requiere ser sacado por la Comisaría Virtual. "Este permiso no permite hacer otro trámite", aclaró. "Por lo tanto, si vamos a votar, pero queremos ir al supermercado también y estamos en una comuna que está en cuarentena o transición, tengo que sacar mi permiso para poder ir al supermercado o a realizar una actividad distinta", indicó.

PERSONAS QUE INGRESEN

La subsecretaria también se refirió a la cuarentena obligatoria de 14 días que se exige para las personas que ingresen al país o a las regiones de Aysén y Magallanes. "En estos casos, las personas también, teniendo un PCR negativo, van a poder ir a votar. El protocolo para eso se va a dar a conocer en conjunto con el Servicio Electoral y el Ministerio de Salud", anticipó la autoridad.

Los derechos y deberes de las personas en nuestro país están garantizados en el artículo 19 de la Constitución de Chile. En su numeral 8 se menciona que los ciudadanos tienen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que es tarea del Estado velar por el cumplimiento de este precepto.

Si bien los expertos afirman que la Carta Magna chilena fue pionera en mencionar esta materia, también señalan que el proceso constitucional que será votado el próximo 25 de octubre dará la posibilidad -si es aprobado- de especificar y extender más este derecho.

Justamente esta fue la materia central de discusión del seminario online "Medio Ambiente y Constitución", el cual fue organizado por soyconcepcion.cl y desarrollado el miércoles 7 de octubre a través de la misma plataforma y de SoyTV.

La actividad fue moderada por Felipe Saavedra, director del diario La Estrella de Concepción, y contó con la participación de Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente; el senador Alfonso de Urresti, presidente de las comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; la abogada Paula Nieto, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Medio Ambiente, y la ecóloga Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.

La ocasión contó con el auspicio de Universidad Andrés Bello y Mundo para su realización.

Reestructurar

La jornada comenzó con unas palabras de Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, quien señaló que en los últimos años se ha hecho un trabajo en mejorar las instancias medioambientales.

"Estamos impulsando importantes iniciativas en diferentes ámbitos. La descarbonización de Chile es una respuesta necesaria a la crisis climática que vivimos. En abril Chile presentó su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), la que establece metas absolutas y no condicionadas de emisiones a 2030. Incorpora compromisos en la protección de océanos, manejo sustentable de áreas marinas, protección de humedales y turberas, transformación a economía circular, manejo de residuos orgánicos y medidas de adaptación al cambio climático, seguridad hídrica y gestión integrada en todas las cuencas de nuestro país, principal urgencia de Chile ante la crisis climática", señaló Carolina Schmidt en su participación en el encuentro virtual.

Tras la intervención de Schmidt, fue el turno del senador De Urresti, quien destacó la mención del cuidado del medio ambiente en la Constitución, sin embargo opinó que hay que avanzar en un concepto distinto al de "libre de contaminación" que plantea la Carta Magna.

Para ejemplificar esto, mencionó el caso de Biobío, con grandes extensiones de plantaciones forestales de pino y eucaliptos. "Ahí no hay contaminación, pero hay una alteración al medio ambiente. También cuando se hace una represa hay una intervención al ecosistema. Por lo que el concepto de 'libre de contaminación' es un poco anacrónico y se debe discutir en el próximo proceso. Se debe avanzar a uno que sea más omnicomprensivo. Muchas constituciones hablan de un medio ambiente sano o saludable. Hay que entenderlo como un sistema de funcionamiento, y no solo como el impacto que se mide con los porcentajes de contaminación", sostuvo el parlamentario.

Principios

La abogada Paula Nieto analizó el artículo 19 número 8 y su implicancia. Afirmó que se cuenta con una visión antropocéntrica de esta garantía y aclaró que el bien jurídico tutelado no es el medio ambiente en sí, sino que el derecho de vivir en un medio libre de contaminación. "Qué entendemos por libre de contaminación, debemos interpretar esa frase, porque es imposible vivir en un medio ambiente incontaminado, por lo tanto, hay que mencionar que la Ley de Bases del Medio Ambiente define conceptos como contaminación, lo que es contaminante y lo que es un medio ambiente libre de contaminación", dijo.

Agregó que hay que avanzar más en materia medioambiental de lo que se menciona en la Constitución. Se trata de cuerpos normativos que no pueden anquilosarse, porque las sociedades y el medio ambiente avanzan en el tiempo.

Nieto mencionó como propuesta un planteamiento de la profesora Liliana Galdámez, en el sentido de que en un eventual cambio constitucional, el medio ambiente sea parte de los principios de una nueva Constitución. "Es necesario tener claro que la protección del medio ambiente es algo transversal, porque sin él no hay vida".

La propuesta antes mencionada fue recogida por Sara Larraín, quien señaló en su intervención que el territorio nacional es el medio ambiente, por lo que es lo primero que se debería mencionar en una nueva Constitución. "Después están los habitantes del territorio", aseveró.

Larraín fue crítica en su intervención respecto al derecho consagrado en la actual Constitución, ya que en su opinión, el Estado no cumple con su deber de garantizar a los chilenos el vivir en un ambiente libre de contaminación. "Tenemos casos en los cuales los planes de descontaminación no se han cumplido y nadie es penalmente responsable de eso, ni de las enfermedades que causaron esos niveles altos de contaminantes atmosféricos", comentó.

Además de eso, la directora de Chile Sustentable señaló que la Carta Magna no resguarda el acceso equitativo de los ciudadanos a bienes comunes, como el agua, por ejemplo, que está definido en el Código de Agua como un bien nacional de uso público, no obstante, se entregan derechos de propiedad en virtud del mismo código. Algo similar ocurre con los recursos mineros", sostuvo.

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