Por Alma Canales Silva

Con mascarillas y guantes, mucho alcohol gel y tratando de mantener la distancia física recomendada para no contagiarse, el abogado Carlos Aldana, ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, trata de avanzar en las causas de Derechos Humanos que aún tiene a su cargo.

Aldana inició su labor en 2005, cuando fue designado para ver de forma preferente los casos asociados a la dictadura, vinculados a detenidos desaparecidos y ejecutados entre 1973 y 1990. Actualmente tiene 38 causas en trámite, de las cuales 11 están falladas, hay una en plenario y 26 en sumario.

El ministro reconoció que entre el estallido social y la pandemia se han generado retrasos, principalmente vinculados a la obtención de testimonios.

"Con cuarentena ahora está todo prácticamente suspendido. Se ha avanzado en aquellas causas donde no hay que hacer interrogaciones o rendir pruebas presenciales. En las que tienen diligencias, le hemos dado movimiento a las citaciones de causas y hemos procurado que se cumplan. Espero más diligencias en los próximos meses", mencionó Aldana.

También contó que este mes solicitará dedicación exclusiva, para avanzar más rápido: "Ahí se va a hacer una reactivación completa de DD.HH. porque voy a pedir dedicación exclusiva de dos meses para dedicarme a reactivar las diligencias y a dictar las sentencias de Walther Klug (por el secuestro calificado de Luis Cornejo Fuentes, detenido desaparecido desde el 18 de septiembre de 1973 en Los Ángeles) y otra causa que viene de Chillán".

Emblemáticas

Cientos de causas han pasado por las manos de Aldana en estos 15 años de trabajo. Esto, reconoció, ha tomado más tiempo del que proyectó inicialmente, pero aseguró que los casos más emblemáticos están resueltos. Aquí se cuentan el de Laja-San Rosendo, La Vega e incluso el de José Randolph, que concluyó este año.

"Las causas que son anteriores a 2015 están prácticamente todas falladas, excepto la de Herrera Jiménez (investigado por la muerte de Víctor Hugo Huerta en 1983 en Concepción)", mencionó.

Aunque el ex miembro de la CNI actualmente está preso en Punta Peuco, cumpliendo condena por la muerte de Tucapel Jiménez, Aldana explicó que no hay autorización para juzgarlo por el caso que él investiga. En 2013 solicitó la extradición a Argentina, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todavía no hay respuesta.

Agregó que los expedientes pendientes son, principalmente, causas de Chillán, las que se le traspasaron en 2017. Son 11 en total, de las cuales hay dos falladas y una que va a pasar a plenario. Aquí, la principal traba que ha tenido el jurista es la solicitud de inhabilidad que interpusieron los abogados de los acusados en seis causas. El motivo es la imparcialidad de Aldana, ya que su hermano, Pedro, fue torturado durante la dictadura.

El ministro espera que en los próximos días la Corte de Apelaciones tome una decisión para que estas investigaciones puedan avanzar, ya sea con él a cargo u otro ministro: "Las otras que quedan no tienen la relevancia de las ya falladas".

-¿Cree que haya personas que ocupen las dificultades propias de la pandemia para dilatar las investigaciones?

-Creo que no. Quienes no han venido lo han hecho por seguridad sanitaria. Las policías han cumplido. Hemos notificado a gente de Chillán, ha ido la Brigada de Homicidios a buscar gente a San Nicolás, San Carlos. La mayoría de los que no han querido concurrir han sido testigos. Los imputados han comparecido porque están obligados, si se da la seguridad para que lo hagan. En eso no se han demorado las diligencias.

-La Brigada de Derechos Humanos fue asignada a otras tareas y eso también atrasó las investigaciones. ¿Eso tiene que ver con las investigaciones del estallido social?

-Sí. Entonces, dejaron de venir y eso generó el reclamo de los ministros, porque no fue sólo el caso mío. Se planteó que esto no podía suspenderse, que teníamos tanta preferencia como la investigación por el estallido social. Fueron nuevamente reasignados, pero no han cumplido por los traslados, porque la gente no quiere prestar declaración, entonces no podemos hacer reconstituciones de escena. En eso la pandemia nos ha coartado el avance. Es obvio que el estado de pandemia ha sido un problema, que por lo demás es comprensible.

El ministro Carlos Aldana contó que con el estallido social en octubre se dieron cuenta de la necesidad de digitalizar los documentos asociados a causas de derechos humanos. En varias ocasiones el edificio fue atacado durante las protestas, por lo que se hizo evidente que requerían resguardar el material de otra forma, "Tengo todos los expedientes de los consejos de guerra que se hicieron desde el 73 al 90 en la Región. Están todos en el archivo de la corte, pero ahora todos los digitalizamos. A raíz del estallido social se planteó que había que respaldar toda la documentación que teníamos y se obtuvo el financiamiento. Hay una empresa trabajando en la corte hace dos meses. Se pensaba que iban a ser 100 mil hojas, pero es mucho más", mencionó.

Bajo un estricto protocolo sanitario Gendarmería concretó este fin de semana el traslado de 40 internos imputados provenientes de Santiago 1 y de la Ex Penitenciaria, hacia el Complejo Penitenciario Concepción, que con esto concretó su primera fase de poblamiento. Se trató de imputados de bajo compromiso delictual, cuyo traslado fue debidamente autorizado por los tribunales respectivos

Esto, explicaron, es parte del plan estratégico de la institución para disminuir el riesgo de contagio por covid-19 en penales sobrepoblados.

El procedimiento fue ejecutado por la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de la Región Metropolitana y el protocolo sanitario consideró 14 días de cuarentena para cada interno en su unidad de origen y la aplicación de examen PCR, con resultado negativo en todos los casos. Tras la llegada al penal penquista, fueron ingresados a un área de cuarenta en celdas individuales del módulo 4, dotadas con baños, cama y ducha, donde deberán iniciar un nuevo periodo de observación.

El director regional de Gendarmería, coronel Diter Villarroel, afirmó que "una vez más nuestra región es pionera, acogiendo en medio de la crisis sanitaria a personas que tendrán un mejor estándar de reclusión, atención de salud y servicios de primera necesidad, habilitados para tales efectos. Contamos con el personal civil y uniformado, la tecnología de seguridad y el equipamiento necesario para poner marcha el establecimiento penal.