Por Agencias

Desde la Casa Blanca, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la nominación de la jueza Amy Coney Barrett al puesto que quedó vacante en la Corte Suprema tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, con el objetivo de poner un histórico sello conservador en el máximo tribunal cuando faltan pocas semanas para las elecciones y cuando el mandatario ha intensificado sus reparos al voto por correo y ha puesto en duda una transición pacífica si llega a perder.

"Hoy es mi honor nominar para el Tribunal Supremo a una de las mentes legales más brillantes de nuestro país", dijo Trump en su declaración a la prensa. El mandatario elogió de manera extensa los logros académicos de Barret y bromeó diciendo que el proceso de confirmación que se avecina "debería ser fácil" y "extremadamente no controversial". Ningún candidato a la corte ha sido considerado tan cerca de una elección presidencial, con la votación anticipada ya en marcha. Por lo que Tump alentó a los demócratas a aceptar su nominación rápidamente y "abstenerse de ataques personales y partidistas".

Barrett dijo que estaba "verdaderamente honrada" por la nominación y agregó que estará consciente de quién estaba antes en el puesto y elogió a Ginsburg. "Se ha ganado la admiración de las mujeres en todo el país y, de hecho, en todo el mundo", declaró durante su discurso.

El probable cambio en la composición de la Corte, que pasaría de Ginsburg, que es un símbolo liberal, a Barrett, una jueza ultraconservadora, sería el mayor cambio ideológico desde que Clarence Thomas remplazó a Thurgood Marshall hace casi tres decenios.

Si es confirmada por el Senado, Barrett será una esperada recompensa para los conservadores. Los senadores republicanos se preparan para las audiencias de confirmación y el voto en el pleno se espera para antes del día de las elecciones.

Los demócratas esencialmente carecen de poder en el Senado para impedir la votación. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el Senado votará "en las próximas semanas" sobre la confirmación de Barrett, y agregó que Trump "no podría haber tomado una mejor decisión" al nominar al juez de la corte de apelaciones.

EL PERFIL DE BARRETT

El nombre de Amy Barrett ya había sonado para cubrir una anterior vacante en el Supremo hace dos años y esta vez cobró de nuevo protagonismo al prometer Trump que sería una mujer quién ocuparía el puesto de Ginsburg.

Actualmente jueza del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE.UU., la abogada de apenas 48 años parece perfecta para la administración de Trump: defensora de las políticas antiaborto, contraria al programa Obamacare y religiosa católica declarada. De llegar al máximo tribunal se convertiría en la integrante más joven en ocupar uno de sus nueve puestos vitalicios.

Barrett, madre de siete hijos, dos de ellos adoptados en Haití, casada con el exfiscal Jesse Barrett, salió airosa en su audiencia de confirmación en 2017, en la que se hizo polémica una pregunta de una senadora demócrata sobre el dogma, en alusión a la religión, y la ley. "Si me pregunta si me tomo en serio mi fe y si soy católica fiel, lo soy, aunque enfatizaría que mi afiliación personal a la iglesia o mi creencia religiosa no influirían en el desempeño de mis deberes como jueza", respondió Barrett.

La futura posible nueva integrante del Tribunal es una reconocida crítica del fallo con el que el Supremo legalizó el aborto en 1973 y ha apoyado las restricciones a esta práctica promovidas en los últimos años por ultraconservadores y republicanos, que con la posible nueva mayoría en el tribunal ahora ven posible revertir la decisión original.

Igualmente, ha sido proclive a apoyar la Segunda Enmienda, que protege el derecho a poseer y portar armas, y en junio pasado respaldó, al disentir de sus colegas, la norma de "carga pública" implementada por el Gobierno de Trump que castiga a los inmigrantes beneficiarios de ayudas oficiales que aspiran a obtener su residencia en este país.

Miles de personas se reunieron ayer en la Plaza de Trafalgar de Londres para protestar contra las medidas de confinamiento y distanciamiento social que las autoridades implementaron para frenar la propagación del covid-19.

La policía metropolitana de Londres advirtió a los manifestantes que cumplieran con las normas de distanciamiento social. Sin embargo, esto no ocurrió. Previo al acto, la policía dijo que los agentes primero tratarían de explicar las normas a los asistentes, pero que tomarían acciones si los manifestantes se negaban a cumplirlas.

La manifestación se produce en momentos en que el Parlamento se prepara para revisar una iniciativa para hacer frente a la pandemia y con la que el gobierno busca imponer nuevas restricciones para controlarla. Algunos legisladores criticaron al gobierno por implementar las reglas sin que el Parlamento las haya aprobado.

Hace unos días, el primer ministro Boris Johnson ordenó un toque de queda a las 10 de la noche en bares y restaurantes a nivel nacional, junto con requerimientos más estrictos para el uso de mascarillas y multas más altas para quienes no los cumplan.

La protesta de ayer terminó incluso con enfrentamientos entre manifestantes y los policías que trataban de dispersarla, tras comprobar que no se cumplían las medidas de distancia social que pidieron a viva voz y tampoco el uso de mascarillas, aunque esto último no es obligatorio en espacios al aire libre. Al menos tres manifestantes y un agente fueron atendidos por equipos médicos, según informaron medios locales.

JOHNSON EN LA ONU

Mientras la marcha avanzaba, Boris Johnson presentó su discurso telemático ante la Asamblea General de la ONU, donde reclamó más unión al mundo para combatir el coronavirus y propuso un plan global para evitar otra pandemia en los próximos años.

Planteó a un gran plan de cinco puntos para frenar futuras pandemias, que su Gobierno desarrolló en colaboración con la Fundación Gates y el Wellcome Trust, una fundación científica británica.

Se cumplen seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sin que aún se conozca su paradero y el actual presidente de México, Andrés López Obrador, ofreció disculpas en nombre del Estado a los familiares de las víctimas.

"(Quiero)ofrecerles disculpas a nombre del Estado porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano", expresó el mandatario en un acto en el Palacio Nacional junto a las familias. Al llegar al poder en 2018, López Obrador reinició la investigación sobre lo sucedido en la noche del 26 de septiembre de 2014 ante la polémica versión con la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) cerró el caso, según la cual policías locales corruptos entregaron los jóvenes al crimen organizado.

López Obrador aseguró que la desaparición "fue un asunto de Estado" porque participaron policías locales y federales, así como militares, y por tanto el Estado "tiene que reparar el daño y aclarar lo que sucedió". El mandatario prometió que no habrá "impunidad", aseguró que ya existen órdenes de captura contra miembros del Ejército y criticó la "corrupción" de algunos jueces que han liberado a presuntos implicados.

"Quiero reafirmar el compromiso de seguir el propósito de esclarecer los hechos, de conocer la verdad y de que sepamos el paradero de los jóvenes al mismo tiempo que se castiga a los responsables", prometió. Los familiares, que tras el evento protagonizaron la ya tradicional manifestación por la capital mexicana, agradecieron a López Obrador su disposición, pero exigieron más avances.

"Nos da gusto ver que usted es más humano que los anteriores, pero pedirle que apriete un poquito más, nosotros queríamos llegar hoy con algo más porque ya son seis años y no tenemos nada", expresó María Martínez Zeferino, quien tomó la palabra en nombre de las familias.