"La salida no puede ser seguir judicializando todo"
Carolina Chang dijo que el Estado debe avanzar en diálogo y proporcionar seguridad a los habitantes de la provincia. La abogada, además criticó la lentitud en las causas abiertas durante el estallido social, a casi un año de los hechos.
Pese a la emergencia sanitaria, el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) no se ha detenido, afirmó la directora regional del organismo, Carolina Chang.
Son distintas las líneas que se han seguido en lo que va del año, una de ellas vinculadas a las más de 200 denuncias que recibieron a raíz del estallido social en Biobío. Investigaciones que, a casi un año de estos hechos, no han tenido la celeridad que se requiere, agregó.
Asimismo, Chang aseguró que existe preocupación por los hechos de violencia en la Provincia de Arauco y abordó los emplazamientos, sobre el ataque a trabajadores forestales. En esa línea aseguró que es clave avanzar en diálogo y que el Estado proporcione seguridad a las personas.
-La Asociación de Contratistas Forestales apuntó al INDH la semana pasada y pidió incluir a sus trabajadores. ¿Se ha considerado línea de trabajo en ese sentido?
-Efectivamente hemos conversado con ellos en varias oportunidades y a mi me sorprende, porque confunde el rol. El Instituto tiene por finalidad proteger los Derechos Humanos y el único obligado a que se cumplan es el Estado, entonces es difícil que nosotros podamos presentar una querella por hechos que ocurren entre particulares.
Nos parecen graves los hechos que ocurren y por lo mismo, en enero, le enviamos al intendente Giacaman un oficio en donde le recordamos que el Estado está obligado a proporcionar seguridad, es decir que las personas tengan derecho a la integridad física o psíquica en todo ámbito, sobre todo en el laboral.
-Ellos invocan una declaración de principios del instituto, vinculado a una eventual ausencia del Estado. ¿Por qué en este caso no se han considerado vulneraciones, como el derecho a la vida?
-Nosotros lo hemos considerado y hemos recomendado en varios informes anuales al Estado que debe tomar las medidas necesarias. Sin embargo, insisto, porque se confunde el mandato legal y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es presentar querellas en contra de funcionarios policiales, pero no así en contra de personas particulares, porque eso corresponde a otras instituciones. Los contratistas forestales nos pedían querellarnos y seguir una investigación, pero eso no nos corresponde.
-¿Cómo ven la acción del Estado en Arauco?
-La situación de la Provincia de Arauco es de suma importancia para nosotros, por cuanto están ocurriendo hechos de violencia y nos parece que hay distintas líneas que se deben trabajar. Primero hay que ver el diálogo, tanto de las comunidades mapuche y el Estado, que no ha avanzado casi nada; y por otra parte el Estado debe proporcionar seguridad a las personas que viven ahí. Hace poco hubo hechos de violencia que podrían estar vinculados a la muerte de un joven, nosotros nos hemos contactado con la familia, quienes hoy sienten temor de que vuelva a ocurrir algo similar y lo mismo sienten quienes les han quemado sus casas. La preocupación del INDH se refleja en instar al Estado a proporcionar la seguridad necesaria para resguardar la seguridad física y psíquica de las personas.
-¿Cree que el Estado ha fallado con su obligación en la zona?
-No sé si la palabra es una falla, pero sí hay situaciones que han hecho que el conflicto se agudice. Tenemos comunidades que hoy son víctimas de la violencia, hay colonos que han debido enfrentar varias situaciones, trabajadores forestales y al parecer no existe un plan en el que podamos ver que exista una salida, sobre todo a través del diálogo. La salida no puede ser seguir judicializando todo.
-A propósito del caso de Moisés Orellana. ¿Enviaron algún oficio a la intendencia sobre los hechos de violencia?
-Primero hicimos una observación a la manifestación que realizó la familia del joven, conversamos con uno de los familiares y nos relató una situación que dice relación con medidas de seguridad, que estaban bastante temerosos. Ante eso, esta semana nos vamos a volver a contactar y vamos a enviar los oficios a las instituciones que correspondan. Es una preocupación que el caso se investigue, es un joven de 21 años, no menos cierto el sustento de su familia. Este es un hecho terrible.
TRABAJO A DISTANCIA
-En general el trabajo de ustedes es de bastante terreno. ¿Cómo se ha desarrollado esta labor en pandemia?
-Estamos con teletrabajo, aunque si llamas a los teléfonos del instituto vamos a contestar igual. Efectivamente podemos hacer visitas en casos se consideran necesarios. Hemos evitado acudir a los penales, salvo en situaciones puntuales, porque podríamos ser vectores de contagios. Si hemos establecido canales a distancia para los contactos. Lo que sí hemos hecho son visitas a centro de Sename para ver el cumplimiento de medidas.
-¿Podría esta emergencia significar un retroceso en las condiciones en los penales y para los internos?
-Sin duda esto significará un trabajo extra, pero más allá de eso lo que nos preocupa son las condiciones sanitarias. Lo hemos dicho de forma reiterada y eso ha repercutido al interior de los penales. Por ejemplo, cuando no tienes acceso a agua las 24 horas. Y por otro lado, qué va a ocurrir con los penales, porque no puedes tener a la población aislada eternamente.
Pese a la pandemia, el instituto ha mantenido su trabajo a distancia y con visitas puntuales en casos de mayor urgencia, indicó la directora del Indh.