Regulación del proceso de migraciones
Es evidente que Chile debe avanzar hacia la integración y tener un marco regulatorio de la inmigración, que es lo que se pretende con el proyecto de ley de Migraciones y Extranjería que se analiza en el Congreso. El ministro del Interior, Víctor Pérez, volvió a fijar la postura del Gobierno sobre el tema, con un llamado al Senado para que apruebe la normativa tal como emanó desde la Cámara, y cuya votación se retomará en la semana que se inicia, luego de que hace unos días se avanzara con tres de los cuatro bloques del texto.
Ha señalado que es imprescindible tener una ley de migraciones que permita el ingreso de extranjeros de una manera ordenada, segura y responsable, porque cuando alguien ingresa de una manera irregular al país, esa persona sufre mucho, ya que tiene demasiadas dificultades, a la vez que genera problemas a los chilenos y al Estado, porque no se le puede atender adecuadamente y no se puede integrar a la sociedad de la mejor manera. Las familias que ingresan de manera irregular al país, sufren de dificultades como hacinamiento o de falta de acceso a los sistemas de salud, que de por sí ya se encuentran saturados.
En el Gobierno ha causado reparos especialmente una iniciativa de senadores que establece que los extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular o con tramitación de residencia pendiente podrán, dentro del plazo de 90 días, solicitar un visado de residencia temporaria, sin ser sancionados administrativamente, ya que se considera que esto significará que en la frontera norte haya un aumento significativo de ingresos irregulares. Por el contrario, en el oficialismo la idea es colocar más requisitos para regularizar el ingreso de inmigrantes y el Presidente de la República ha anunciado que de aprobarse esa indicación, la vetará.
En el exterior existe una percepción de que Chile probablemente va a salir primero de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, y que logrará recuperar su aparato productivo, lo que generará una mayor presión de parte de los flujos de inmigrantes que quieren ingresar al territorio.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), son 1.492.522 los extranjeros que al 31 de diciembre de 2019 residían en Chile. Al inicio de la pandemia, el 76,5% de los encuestados había señalado que se encontraban con trabajo, pero su situación que cambió posteriormente, ya que el 30,4% fue despedido, el 21,4% permanece con suspensión temporal de contrato y el 18,2% ha tenido una reducción de la jornada laboral. Hoy, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica debido a la pandemia, tres de cada cuatro inmigrantes considera que el nivel de ingresos de su hogar no alcanza para cubrir los gastos básicos de sus grupos familiares.
Tampoco puede soslayarse que en las actuales condiciones, en que se han perdido cerca de dos millones de empleos y en que los chilenos esperan la ayuda del Estado para salir adelante, podrían aumentar los resquemores de los nacionales respecto de inmigrantes. Diversos sondeos que se han realizado, incluso antes de la emergencia sanitaria, recogían la mala percepción que existe acerca de una parte de los inmigrantes y esa visión negativa podría incrementarse en el tiempo, porque con frecuencia los medios de comunicación dan a conocer la presencia de inmigrantes en hechos delictivos, cuestión que se ve con más fuerza en el norte de nuestro país.
Es cierto que los extranjeros no quitan los empleos y tampoco delinquen más que los chilenos, pero las dificultades para que puedan regularizar su permanencia en el país y poder trabajar formalmente pueden conducirlos a la delincuencia, como último recurso. Es evidente que hay cuestiones que corregir. Efectivamente la legislación actual ha sido superada y hay muchos extranjeros trabajando, mientras están con visa de turista en el país. Nuestro marco regulatorio ya tiene 40 años y obviamente necesita modificarse para entender y abordar la nueva realidad.
Es evidente que hay cuestiones que corregir. La legislación actual ha sido superada y hay muchos extranjeros trabajando, mientras están con visa de turista en el país. Nuestro marco regulatorio ya tiene 40 años y necesita modificarse para entender y abordar la nueva realidad.