Una de las primeras determinaciones para ayudar a los bolsillos de los chilenos que comenzaban a verse afectados a fines de marzo por la pandemia del covid-19, fue prorrogar el pago de patentes y permisos. La medida fue celebrada como una forma de disminuir los gastos que se debían hacer en dicho mes, pero también ayudaba a descongestionar las oficinas donde se debían realizar dichos trámites, lo que ayudaba a bajar el riesgo de contagio de coronavirus por aglomeraciones. Así también se extendió el uso de documentos, como fue el caso de las licencias de conducir.

Y, si bien para algunos se trató de una buena idea desde el punto de vista de convertirse en un pequeño descanso para la ciudadanía, esto trajo aparejado un daño colateral que, a seis meses de su aplicación, ha quedado latente en todo el país: un déficit de ingresos para las municipalidades. Se estima que a la fecha hacen falta a nivel nacional un total de $590 mil millones y a diciembre se proyecta que ese monto ascenderá a los $790 mil millones.

En concreto, la baja actividad comercial -como es el caso de casinos y comercio en general que paga, por ejemplo, publicidad- sumado a los ya mencionados permisos de patentes comerciales, de edificación, de circulación, entre otros; han hecho que los ingresos de recursos que tenían presupuestados los municipios, decaigan este año y no existan otras entradas de dinero que lo compensen.

Como hay menos ingresos, se aporta menos al Fondo Común Municipal (FCM), mecanismo de redistribución financiera entre todos los municipios del país y que, además, es la principal fuente de ganancia de recursos entre los territorios más pequeños, representando cerca del 80% del total del presupuesto con el que cuentan para funcionar.

A lo anterior se suma que, a raíz de la emergencia sanitaria, los municipios hayan tenido que incurrir en gastos asociados a la pandemia y que no estaban contemplados dentro de su planificación presupuestaria.

El déficit ha hecho que de aquí a diciembre varios municipios estén en números rojos: no podrán pagar gastos básicos como el alumbrado público o el retiro de basura, entre otros.

Es por esto que la Asociación Chilena de Municipalidades está solicitando un ingreso de recursos frescos, porque si bien existe un déficit, también se han tenido que redistribuir los pocos ingresos que tienen a la fecha en enfrentar el coronavirus desde lo social, económico y también desde el área de la salud con la trazabilidad.

SITUACIÓN CRÍTICA

A principios de septiembre, la Asociación Chilena de Municipalidades se reunió con su Comité Ejecutivo y con los representantes regionales para analizar la situación financiera de las comunas y plantear una propuesta de rescate financiero que incluya una emisión de un nuevo fondo solidario, una compensación del Estado, flexibilidad en los recursos de uso limitado, mejoras en los ingresos per cápita en salud, modificación en el criterio del pago de la subvención escolar, inyección de recursos frescos distintos al FCM, entre otros puntos.

El alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, participó de la sesión y sentencia que "todos los municipios del país están afectados con el recorte presupuestario, esto se debe a que llevamos tres meses seguidos sin que lleguen los aportes del Fondo Común Municipal como había programado la Subdere".

Castro recalca que las medidas de prórroga al pago de distintos trámites que ha implementado el Gobierno, sumado a que la actividad económica comercial en su conjunto decayó con la pandemia "han hecho que una serie de recursos que en tiempos normales ingresaban a las municipalidades, se hayan ido postergando por distintos motivos y eso creó un déficit inmenso para nosotros".

En tanto, el alcalde San Pedro de la Paz y presidente de la Asociación de Municipalidades en la Región del Biobío, Audito Retamal, reconoce que se encuentran recolectando el detalle de la situación de las 33 comunas de la Región. Pero que, en su caso, el déficit ya asciende a los $3 mil millones.

Por Lesly Zurita Arriagada lesly.zurita@diarioelsur.cl

La emergencia sanitaria producida por el covid-19 ha hecho que los municipios hayan tenido que priorizar las ayudas sociales y del área de salud, gastos que no estaban en el presupuesto.