La Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional del Biobío expresó críticas por algunos de los nombres incluidos en un listado de 20 funcionarios que trabajan en calidad de honorarios y pasarán a la modalidad Contrata, proceso que se enmarca en la ley 21.192 del presupuesto del sector público 2020, el cual autoriza a realizar el traspaso de personas contratadas a honorarios a la calidad jurídica de contrata, y como parte el acuerdo de la mesa del sector público con el Ejecutivo, por el aumento de facultades de los gobiernos regionales.

La carta plantea que en el listado de nombres que debían enviarse a la Dirección de Presupuestos (Dipres), el administrador regional Pablo Romero habría visado la inclusión de personas que no cumplen con una antigüedad mínima de cuatro años, definida en los cambios a la Política de Gestión de Personas de 2015 -establecida en el periodo del exintendente Rodrigo Díaz- pero además señalan que algunas personas habrían sido favorecidas por la afiliación política o cercanía con la actual administración regional.

"Denunciamos que serán pasados a la contrata personas que tienen sólo un año o dos de antigüedad, y con grados muy superiores a los funcionarios y profesionales que tienen una vasta trayectoria profesional, antigüedad, experiencia en el cargo, y que han invertido cuantiosos recursos económicos propios en perfeccionamiento mediante la realización de diplomados, programas de magíster e incluso doctorado en algunos casos", dice la misiva.

PREOCUPACIÓN

Entre las personas que pasarían a Contrata, según información de la asociación de funcionarios, y que cuentan con los sueldos más altos, estaría el jefe de gabinete del exintendente Ulloa, Juan Carlos Muñoz (asesor en la Unidad de Auditoría), la abogada María Angelina Rifo (asesora en la División de Administración y Finanzas) y Alberto Sauerbaum (asesor en la Unidad de Preinversión), quien es hermano del diputado RN por Ñuble, Frank Sauerbaum, quienes ingresaron a la administración pública en 2018, con el cambio de gobierno.

La carta señala que "las personas no solo no cumplen con los requisitos mínimos, sino que además personas que actualmente ostentan las mayores rentas a honorarios serán asimilados a los más altos grados en el servicio (grados 4 y 5) para mantenerles las actuales rentas. Se trata de personas de confianza del anterior intendente regional y que en esa calidad ingresaron con contratos a honorarios, única vía por la cual el servicio podía pagarles ese nivel de renta".

El presidente de la asociación, Christian Klenner dijo que "es una preocupación que hoy el intendente, conociendo esta política, no la cumpla. Genera una problemática en el servicio para funcionarios que acceden a mejoras y no se cumpla lo que está establecido desde 2015, no se respete y se haga esta arbitrariedad, afectando el clima dentro del servicio".

El dirigente dijo que realizarán todas las acciones correspondientes e incluso no descarta que la denuncia se materialice en Contraloría General de la República, para que el ente fiscalizador revise al detalle los traspasos.

La presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Lorena Lobos, mostró su preocupación por el hecho, ya que "si bien el proceso se da en todos los servicios público, y requiere de cumplir ciertos requisitos, los funcionarios del Gore se dieron cuenta de que entre los 20 cupos otorgados al Gobierno Regional se encuentran cuatro casos que no cumplen requisitos de antigüedad y que tampoco cumplen con funciones permanentes en el Gore. Estas personas llegaron con el intendente anterior, se quedaron y tienen rentas incluso superiores a las de sus jefaturas directas, cuestión irregular".

Además advirtió que los casos generan preocupación porque existiría afiliación política con Chile Vamos, "y preocupa porque se habló en campaña de la grasa del Estado y de eliminar a operadores políticos. En este caso hay estas características, y preocupa aun más en la situación actual del país y con el instructivo que hay de reducir los costos. Como ANEF no descartamos acciones para que esto no ocurra, y estamos dispuestos a llegar a la justicia".

Los consejeros regionales Oscar Ramírez (DC) y Tania Concha (PC), sea adhirieron a la denuncia y plantearon se trata de "una situación "viciada", que perjudicaría directamente a funcionarios con mayor trayectoria laboral que pudieran ser beneficiados por esta ley, "pero quedan afuera por el amiguismo de la UDI".

SITUACIÓN EN REGLA

La seremi de Gobierno, Francesca Parodi defendió las designaciones y dijo que "hay una cantidad de personas propuestas por los jefes de división al gobierno central. Esta ha sido acogida, y cuando vemos estos cambios son una buena noticia (…) Para pasar a contrata deben cumplir requisitos que son revisados y muchas veces son supervisados por Contraloría".

En la jornada del miércoles, el intendente Sergio Giacaman comentó que "nosotros contamos con jefes de división, y les solicitamos que hicieran la propuesta para fortalecer la estructura regional. Propusimos 20 nombres, los cuales pasaron a contrata y eso es una buena noticia porque estamos logrando que las condiciones laborales mejoren. Me quedo con eso, operó la institucionalidad, las jefaturas aprobaron eso y esa buena noticia la debemos acoger todos".

Por Felipe Cuevas Mora

felipe.cuevas@diarioelsur.cl

La Universidad de Concepción (UdeC) finalizó con éxito su participación en el estudio clínico internacional que busca validar un nuevo método de detección de covid-19, que se trata de un test de aire espirado (similar a un alcotest), en el que las personas soplan por un tubo y se les diagnostica, en menos de un minuto, positivos o negativos para SARS-Cov-2 mediante el análisis físico de la muestra.

Entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre un equipo de cerca de 60 internos UdeC visitó hospitales, consultorios, residencias sanitarias y de adultos mayores con la finalidad de encontrar participantes del ensayo, a quienes posteriormente se les aplicó el test de aire y una muestra PCR; luego de visitas a los centros de Salud Familiar y Hospitales de Concepción, San Pedro de La Paz, Chiguayante y Talcahuano, a los que se sumaron los hospitales de Coronel y Tomé, el estudio alcanzó en siete días 1.455 participantes, de los cuales 614 correspondieron a pacientes positivos y 707 a negativos (los restantes calificaron de indeterminados o fueron eliminados).

Estos resultados convierten al piloto encabezado por el equipo UdeC en el que reclutó a la mayor cantidad de casos positivos en el menor tiempo, observando la realidad de los demás países que participaron de las pruebas (Brasil, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos, India, entre otros).

La doctora Carolina Delgado, cabeza del equipo de trabajo, informó en cuanto a los pasos a seguir que, tras la toma de muestra que el equipo aguarda por el análisis final de los resultados del test, en contraste con los PCR, lo que permitirá validar la sensibilidad y especificidad de esta tecnología desarrollada en Israel. Un estudio previo, con 800 personas, llevado a cabo en ese país, alcanzó una sensibilidad de 85% y una especificidad del 88,7%. "El test ayuda a diagnosticar rápidamente, de forma no invasiva, a personas asintomáticas que están manteniendo el contagio entre el resto de la población, además de, obviamente, a los pacientes positivos que podrán ser rápidamente hospitalizados si así se requiere", dijo.

Esta semana el Partido Comunes realizó su lanzamiento en la Región del Biobío, ad portas de constituirse como partido en la zona. Desde el conglomerado que pertenece al Frente Amplio explicaron que están cerrando su proceso de legalización en la región y anunciaron que apostarán a levantar candidaturas para las elecciones municipales y eventual constituyente, para lo que se encuentran trabajando con personas pertenecientes a sectores sociales, políticos y culturales.

El coordinador político de la colectividad en la zona, Felipe Vega, dijo que "necesitamos estar en espacios donde se tomen decisiones, porque las personas comunes necesitan recuperar su dignidad y que sus demandas sean escuchadas".

"El estallido social y el plebiscito de octubre entregan una oportunidad de construir una nueva sociedad y un nuevo Chile. Vamos a recuperar las instituciones para ponerlas al servicio de la gente, porque estamos hartos de que estas sean utilizadas como una agencia para pagar favores políticos", añadió.

Pese a que aún restan siete meses para las próximas elecciones municipales, los partidos comienzan a definir sus primeras cartas para los comicios de abril próximo. En ese contexto, la Democracia Cristiana (DC) ha realizado una apuesta por llevar a cartas jóvenes para las próximas elecciones a concejales en la Región. Entre ellos se encuentran Nicolás Gutiérrez de San Pedro de la Paz (28 años), Jonathan Yáñez de Santa Juana (28 años), María Carolina Inostroza de Penco (35 años), Boris Negrete en Concepción (28 años, concejal en ejercicio) y Paz Bustamante en Santa Bárbara (27 años), entre otros.

La diputada por el distrito 21 y vicepresidenta nacional del partido, Joanna Pérez, fue enfática al señalar que, "la DC ha propuesto llevar una potente plantilla de candidatos y candidatas jóvenes porque creemos y necesitamos más fuerza para renovar la política. Esperamos tener al menos 300 candidatos sub-35 en todo el país".