"No trasladamos un kilo de azúcar ni un kilo de arroz", sentenció ayer el líder de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (Cntc), José Villagrán, tras confirmar el llamado a paralización para este jueves frente a los hechos de inseguridad en las rutas de la macrozona sur del país.

El pasado domingo, el gremio emitió una declaración donde exigen al Gobierno avanzar en 13 proyectos de ley, vinculados principalmente a materias de seguridad, orden público y modernización de las policías. En el escrito se emplazaba al Ejecutivo a poner suma urgencia a las iniciativas.

Este escenario generó división entre los dirigentes locales de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (Cndc) en Biobío. Carlos Bretti y Miguel Jara coincidieron en que es urgente avanzar en el resguardo de las rutas. Sin embargo, éste último enfatizó que no están por la vía de una paralización que pudiere producir un eventual desabastecimiento, sobre todo en medio de la pandemia por el coronavirus (covid-19).

Las críticas del gremio se acrecentaron el pasado fin de semana, luego del ataque a un camión en el que viajaba una niña de 9 años, quien resultó herida por un proyectil. La víctima se encuentra internada en el Hospital Regional de Temuco, en La Araucanía.

PIDEN SEÑALES

Carlos Bretti, empresario local y vicepresidente nacional de Fedesur, indicó que dentro de los acuerdos logrados el fin de semana se decidió dejar tres días para recibir señales de parte del Ejecutivo frente a sus semanas.

"Sabemos que esta decisión es extrema y lo que significa para la gente en un tiempo que ya es complicado, pero hoy no han obligado a esto y no podemos seguir funcionando en condiciones donde todos los días nos baleen los camiones", afirmó.

El dirigente gremial enfatizó que dentro de los proyectos de ley que pidieron ser priorizados, hay varios que llevan años a la espera de una discusión.

La Fedesur está alineada con la Confederación Nacional del Transporte de Carga y a raíz de que no tuvimos respuesta de estas peticiones, nos vimos en la obligación de tomar acciones y lo que rebasó el vaso fue el ataque donde se vio dañada una niña de 9 años (…) Hace dos semanas estuvimos en La Moneda, donde nos reunimos con el ministro Pérez a quien le entregamos un petitorio que dice relación con la actual demanda, pero no hemos tenido respuesta", añadió.

Bretti reconoció que una medida de este tipo podría generar un desabastecimiento, no obstante aclaró que existirán excepciones en caso de concretarse la medida de presión.

"Hay cosas que son de primera prioridad que hoy son vitales, como el gas o medicamentos, que sí tendrán un espacio. No podemos cerrarnos y provocar un caos total. Lo que queremos es que los poderes del Estado nos terminen escuchando de forma seria y responsable, el llamado es que hagan el trabajo y no nos abandonen más".

MESURA

En la otra vereda, el director nacional de la Cndc, Miguel Jara, reconoció que existe un problema de seguridad que debe ser abordado por el Estado en su conjunto, sin embargo, dijo que un paro de este tipo de contribuye.

"Primero debemos esperar una respuesta de parte del gobierno, entendemos que el Ejecutivo tendrá que hacer un encuentro con los representantes del Congreso".

De inmediato agregó que "yo me adhiero a lo que dijo el presidente Nacional, Juan Araya. Es tiempo de esperar un poco y actuar con mesura. A la gravedad por el tema sanitario se suma también una crisis de que se vive al interior de la provincia de Arauco respecto a la cadena productiva".

La tarde de ayer, el líder nacional de la Cndc calificó como "terrorismo" los dichos de José Villagrán sobre la paralización total de camiones y sus eventuales efectos en el abastecimiento nacional.

Tras el ataque que afectó a una niña de 9 años, las Multigremiales del Biobío, La Araucanía y Los Ríos realizaron un llamado a sus asociados a manifestarse de forma pacífica el próximo jueves para exigir medidas que permitan asegurar la paz en la macrozona.

A través de una declaración que emitieron la tarde de ayer, la organización indicó que ante los distintos hechos decidieron manifestarse de forma pacífica en cada una de las regiones.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía, a otros gremios productivos, a nuestras 15 multigremiales hermanas a lo largo de Chile, a sus líderes de norte a sur, a sumarse a este llamado a #No+Violencia porque queremos un Chile en Paz", indicaron.

En el escrito, las multigremiales recordaron que en agosto pasado entregaron un petitorio al Ejecutivo y a los representantes del Poder Legislativo, donde se solicita poner urgencia a los proyectos de ley "que contribuirían al derecho de trabajar y vivir en paz".

"Los tres Poderes del Estado nos han abandonado, les han fallado a los trabajadores y sus familias, han dejado a nuestros emprendedores desprotegidos y a miles de víctimas en desamparo. Esperamos que casos como el de Monserrat conmuevan a las autoridades para dar un paso urgente hacia el diálogo y la paz".

La dirección regional de Gendarmería del Biobío firmó un convenio de colaboración con una empresa de gestión de desechos para la contratación de internos que forman parte del proyecto de reinserción +R del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La iniciativa permitirá la inclusión de infractores de ley del sistema cerrado, abierto y también del postpenitenciario, que en la zona es dirigido por el Centro de Apoyo para la Integración Social.

El proyecto de Eco Circular, denominado "La Casa de Diógenes", funciona en el sector Boca Sur, en San Pedro de la Paz, donde se acopian y procesan desechos para reutilizarlos en la fabricación de partes y piezas del rubro de la construcción.

Freddy, quien goza de un permiso de salida especial otorgado por el consejo técnico del CCP Biobío para trabajar, cumplió dos semanas dentro del proyecto. "Es una experiencia motivadora, que nos permite ayudar en el cuidado del medio ambiente, y sumar a nuestras familias en esa red de trabajo que nace en un sector popular del gran Concepción".

REINSERCIÓN

El seremi de Justicia y DDHH, Sergio Vallejos, indicó que estos convenios van en la línea de la política de reinserción socio-laboral. "Debido al contexto de Pandemia, el Proyecto +R ha tenido algunas variaciones en los procesos, sin embargo, continuamos trabajando y esta firma de convenio es prueba de ello", agregó.

El director regional, coronel Diter Villarroel, destacó el sentido de responsabilidad social de la empresa que aceptó el llamado de Gendarmería. "Hemos visto una gran recepción del sector empresarial en el intento por generar alianzas de trabajo, con sello inclusivo, que promuevan la reinserción social de personas en espacios de emprendimiento e innovación", reforzó.

Asimismo, Alejandro Trigo, gerente de la empresa Eco Circular, explicó que "el uso sustentable de desechos se ha transformado en un espacio real para la superación de la pobreza de los segmentos más vulnerables, y por cierto que la inclusión laboral de infractores de ley y sus familias es prueba de aquello", acentuó.

Con una inversión que superará los $73 millones, San Pedro de la Paz sumará casi tres kilómetros de nuevas ciclovías, gracias a un trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Seremi de Transportes.

La asignación de los recursos fue oficializada por parte de la encargada regional de la Subdere, María Angélica Tripailaf y el seremi de Transportes, Jaime Aravena, quienes llegaron hasta la Municipalidad de San Pedro de la Paz. El alcalde Audito Retamal expresó que "esto ayuda a la pandemia, mejorará el desplazamiento de los vecinos". El seremi de Transportes, Jaime Aravena indicó que "con este tipo de proyectos lo que perseguimos es entregar movilidad segura a las personas. En el tiempo de pandemia, necesitamos fortalecer otros medios de transporte y uno de ellos es la bicicleta".

Los proyectos consideran ciclovías en la avenida Las Torres para empalmar con Enrique Soro; se generará y mejorarán las ciclovías de las avenidas Laguna Grande y San Pedro, así como también se ensanchará el espacio peatonal en el pasaje Colipi.

En representación de la Municipalidad de Hualpén, la alcaldesa Katherine Torres interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de maltrato o crueldad con animales, en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices del abandono de perros al interior del Recinto de Enap Refinería.

Por oficio del Director de Medio Ambiente, el municipio tomó conocimiento sobre los hechos y las posteriores gestiones realizadas ante la empresa Enap Refinería, respecto de la situación de varios canes dentro del recinto de la empresa, los que se encontrarían en una situación de completo abandono, incluso alimenticio.

El municipio remitió a la empresa una propuesta de trabajo para abordar de manera integral la situación del estado de los canes, la que incluye diagnóstico, control reproductivo, saneamiento de canes y adopción de mascotas.