Por Isabel Plaza Vásquez

Días complejos han sido los que se han vivido en la primera quincena de agosto en las regiones de La Araucanía y Biobío, en el caso de esta última, específicamente en la Provincia de Arauco. Una serie de hechos se han sumado generando preocupación y diversas reacciones de manera transversal.

La huelga de hambre de presos mapuches, el enfrentamiento entre civiles tras la ocupación de edificios municipales, además de manifestaciones y ataques incendiarios son parte de una realidad compleja y que mantiene la atención en torno a la denominada macrozona sur, área que comprende las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos y que está a cargo de una unidad especial creada por el Gobierno hace casi dos años para la coordinación de la seguridad pública.

El senador de las regiones de Biobío y Ñuble, Felipe Harboe (PPD), asegura que está preocupado por el aumento de la violencia asociada a esta zona y advierte que, a su juicio, la situación está en un punto delicado ya que no existen condiciones de seguridad para las personas que habitan o transitan por esos sectores. "Eso no puede ser en un Estado de Derecho", manifiesta.

El exsubsecretario del Interior sostiene que el Gobierno de Sebastián Piñera tuvo una oportunidad de avanzar en el diálogo con la estrategia planteada por el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien salió de la cartera en abril de 2019. "Se cortaron los canales de diálogo y eso terminó, probablemente, radicalizando a un sector que ha aumentado los niveles de beligerancia", dice.

Añade que "algunos se confunden y creen que las víctimas de ataques son grandes empresas o capitales innominados, y la verdad es que me ha tocado conocer de cerca a pequeños propietarios, dueños de un camión que viven en Curanilahue, personas que no tienen nada que ver con el conflicto y otros que incluso han trabajado directamente con muchas comunidades".

-¿Qué le faltó a esa estrategia para consolidarse?

-La salida del ministro Moreno de la cartera fue determinante. Creo que Sebastián Sichel no siguió con esta fórmula y eso interrumpió un proceso de diálogo que esperábamos que llegara a buen puerto. Ahora, lamentablemente, esa interrupción genera falta de esperanzas en un sector, pero también hay que sumar otro elemento y es que han pasado tres años de este Gobierno y no se ha puesto urgencia al proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y tampoco se han hecho esfuerzos por incluir, de manera definitiva, a los pueblos originarios en programas de desarrollo de infraestructura. Cuando uno va a Quidico, recorre Cañete o Tirúa, observa una falta de equipamiento. Se debiera crear un programa de inclusión y de desarrollo de las comunidades, porque muchas veces se utiliza esa falta de oportunidades como una excusa para causar hechos de violencia que, a mi juicio, no debiera ser.

-¿Y cuáles estima que deberían ser las claves para abordar la actual situación?

-Debemos ser audaces. Como mundo de la centro izquierda debemos valorar que hubo esfuerzos importantes y avances relevantes, pero también tenemos que asumir que las recetas de ayer no son suficientes para la situación de hoy y menos la de mañana. A mi juicio, vamos a tener que pensar en ceder poder político, económico y cultural. Esto es reconocimiento constitucional, escaños reservados para el Congreso, para la convención constituyente, pero también ceder desde el punto de vista productivo. Vamos a tener que pasar una fase en la que las empresas que trabajan en la zona y que explotan predios que ellos reivindican como propios, van a tener que desarrollar mecanismos de inclusión económica de esas comunidades.

-Usted fue subsecretario del Interior, conoce el análisis que se ha realizado de la situación. ¿Cuál cree que debería ser la arista que prima en este conflicto?

-Creo que hay tres dimensiones. La primera es de visión sistemática, que dice relación con la necesidad de entender que la cosmovisión de los pueblos originarios es distinta a nuestra cosmovisión. Pensamos distinto y miramos la tierra y la sociedad de manera distinta, y vamos a tener que aceptar eso. La segunda es la falta de inclusión. Creo que Chile sigue siendo un país tremendamente racista y clasista, lo que es un problema, porque la discriminación mapuche no sólo se vive en la falta de infraestructura en La Araucanía y en Arauco, sino también en más de un millón de mapuches que viven en la Región Metropolitana. Y la última dimensión tiene relación con algo complejo: en democracia no se puede legitimar la violencia como una forma de reivindicar algo, aunque sea algo muy justo. Si se valida la violencia como una forma de reivindicación se acaba el Estado de Derecho. A mí me preocupa que hay algunos actores que justifican la violencia amparados en las desigualdades o la opresión histórica que ha tenido el pueblo mapuche, pero mi impresión es que eso no es justificable.

-De hecho se utiliza mucho el concepto de presos políticos, ¿cree que las personas lo son?

-No. En Chile no hay personas que estén presas por la forma en que piensan, en democracia hay personas presas por cosas que hacen y si son alemanes, chilenos, mapuches, religiosos o ateos, eso es otro tema. Acá hay tribunales de justicia independientes, que observan los elementos de prueba que les ponen a disposición, forman convicción y sentencian a favor o en contra. No parece adecuado que se sostenga la idea de que existen presos políticos, creo que en Chile no hay presos políticos.

LEY ANTITERRORISTA

-Usted afirma que hay zonas donde no se puede vivir ni transitar y que eso no corresponde a un Estado de Derecho. ¿Cree entonces que se ha sobrepasado el Estado de Derecho?

-Creo que sí, que en materia de seguridad este Gobierno se ha visto completamente sobrepasado. Tenemos lugares por los cuales no se puede circular o es riesgoso hacerlo. Hay ciertas labores que los propios camioneros, y no me refiero a los grandes camioneros de los gremios, me refiero a los pequeños propietarios de uno o dos camiones, que no pueden trabajar. Todo el turismo del lago Lleu Lleu está muerto y eso es tremendo, porque muchos de los propietarios de los proyectos turísticos también son miembros de las comunidades. Entonces, cuando uno ve enfrentamientos, amedrentamientos o amenazas en contra de dirigentes mapuches de parte de ciertos violentistas, es preocupante. Cuando uno ve que existe robo de madera y que participan personas que no son del pueblo mapuche, que es crimen organizado destinado a financiar otro tipo de situaciones, cuando se descubre una red de tráfico de drogas en la Provincia de Arauco, uno dice que acá hay un problema de diferentes dimensiones, que el Gobierno no ha sabido calibrar y menos aún ha logrado identificar a los responsables. Lo que no puede ocurrir es que el gobierno dispare con una especie de escopeta a la bandada, se requiere identificar quiénes son, acompañar los medios de prueba y condenarlos.

-Hace unas semanas asumió como ministro del Interior el exsenador de la Región, Victor Pérez, ¿estima que el hecho que sea de la zona podría ser un factor diferenciador en su gestión?

-A diferencia de otros ministros, él conoce la zona, por lo tanto creo que tiene conciencia de que este no es "el conflicto mapuche", sino que ocurre con determinados actores violentos que pueden pertenecer o no a comunidades. Eso marca una diferencia, porque debería exigir mucha más eficacia desde el punto de vista de la inteligencia, ya que hoy hay tecnología no invasiva que permite identificar movimientos, actores, yo espero que lo hagan de una vez por todas, porque de otra forma se va a seguir imponiendo la lógica de que hay sectores donde la policía no entra o donde prefieren mirar hacia el lado.

-¿Cree que las herramientas para investigar están?

-Sí, están. El problema que tenemos hoy es que la ley antiterrorista es una legislación que no sirve en absoluto. Por lo tanto, los fiscales, de manera muy inteligente, han optado por no invocar la ley antiterrorista, que exige medios de prueba imposibles de cumplir, a partir de la modificación realizada por el exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, y por tanto se van por el lado del Código Penal, lo que evita una serie de conflictos sobre el origen de la ley. Pero Chile necesita otras herramientas que todas las democracias las tienen.

-¿Entonces estima que se necesita una nueva ley antiterrorista?

-A ver, todos los países tienen una ley antiterrorista no pensada en un conflicto determinado, porque en Santiago hubo un grupo de personas que se organizaron para reventar las estaciones del Metro, o hubo exautoridades que recibieron bombas en sus oficinas, y eso es terrorismo. Piense que en el caso Pitronello, una persona a la que le reventó una bomba que iba a colocar en las manos, no hubo condena por ley antiterrorista, pese a que la reventó la bomba en las manos. ¿Y por qué? Porque gracias a la modificación hecha se eliminó la presunción que si alguien ponía una bomba era terrorismo. Entonces, ahora los fiscales no sólo deben probar que la persona participó en la acción terrorista, sino que además que tenía la intención subjetiva de causar temor en el población, ¿y cómo se prueba eso? Es muy difícil.

-La labor de la Fiscalía a veces es criticada por la falta de resultados concretos, ¿comparte esa crítica?

-Es que estamos en un momento en que se van a requerir ciertas adecuaciones al proceso penal. Mi percepción es que una de ellas es que exista una academia de formación de fiscales, porque son abogados, pero en las escuelas de Derecho no se enseña a investigar, entonces muchos son autodidactas o hacen cursos, pero no necesariamente son especialistas en investigar delitos complejos, lo que sí tienen las policías que estudian para eso. Y también vamos a tener que ver otro fenómeno, que ocurrió en España y en Francia en su oportunidad, que se sacó de la jurisdicción a los fiscales que vivían en las zonas afectadas por los delitos complejos de violencia , para efectos de evitar amedrentamientos. Esto no dice relación con que los fiscales locales no tengan las capacidades, sino que son medidas de protección que se aplican en función de delitos extremadamente complejos como pueden ser narcotráfico, trata de personas o el terrorismo.