Por Nicolás Álvarez Arrau

Pésimas fueron las noticias que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a fines de junio, cuando se comunicó que el desempleo regional alcanzó un 10,1%, a raíz de los efectos económicos de la pandemia. Esta tasa es la más alta de la década y es solo comparable al impacto ocasionado tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.

En la ocasión, el órgano estatal indicó que un quinto de la fuerza laboral de la zona se perdió en los últimos 12 meses, lo que es equivalente a 127.250 personas. Para revertir en parte esta escenario, desde el Gobierno Regional se trabaja en una serie de medidas y una de ellas será anunciada la próxima semana, siempre y cuando la contingencia lo permita.

Se trata de un plan de inversión pública cuyo monto ha sido deslizado durante los últimos días por el propio intendente Sergio Giacaman. Son, en total, $635 mil millones que bajarán desde las carteras de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo para fomentar la creación de empleos directos durante 2020. El monto es casi ocho veces más grande que el actual Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Así se espera levantar cerca de 14 mil nuevos puestos de trabajo, es decir, recuperar aproximadamente una décima parte de la empleabilidad desaparecida en los últimos meses, según constató el INE.

NUEVOS CONTRATOS

El intendente precisó que antes de que finalice el año la idea es poder abrir contratos desde el sector público, asociados a obras relevantes como el corredor de transporte público de la Ruta 160, el Puente Industrial, el término del Puente Bicentenario o el par vial Collao.

Fuentes de Gobierno comentaron también que para este segundo semestre se sumarán el Puente Duqueco de Los Ángeles, la segunda etapa del colector de aguas lluvia en el Canal Gaete de Talcahuano y la Ruta Nahuelbuta, que unirá a las regiones de Biobío y La Araucanía y que estima la creación de unos 500 empleos mensuales.

En materia de Vivienda, serán 49 proyectos de integración con más de 9 mil hogares en ejecución durante 2020.

"Desde la Región estamos impulsando un plan de reactivación que busca articular al mundo público y privado y concentrar los esfuerzos, pensando en que necesitamos levantarnos para superar los efectos negativos de la pandemia desde lo social y lo económico", sostuvo el jefe regional.

Asimismo, hay otras 47 iniciativas postulando y que comenzarán su desarrollo en 2021.

SEGUNDA ARISTA

El plan de inversión pública, sin embargo, es solo una arista de la reactivación total considerada para la Región del Biobío. En paralelo, el Ejecutivo y el sector privado trabajan en un propuesta que debiese ser sistematizada en un documento único a partir de la próxima semana y que considera las ideas de las pequeñas y medianas empresas, los gremios y los organismos empresariales locales.

"El plan de inversión pública es una parte del proceso de reactivación, pero faltan muchos otros aspectos, como lo que se trabaja en las mesas del sector privado (…) Eso se va a sistematizar muy prontamente, porque lo que pide el Ministerio de Economía es entregar proposiciones de reactivación desde las regiones y no desde el nivel central", acotó Mauricio Gutiérrez, secretario regional de la cartera.

Una vez listo, el informe será enviado al ministro Lucas Palacios para que él y su equipo ayuden a destrabar algunas iniciativas y, de esta forma, sumar nuevos ocupaciones en la zona.

POCOS EMPLEOS

Tras anunciarse hace unos días las demandas de la Unión de Gremios Pyme Biobío -dirigidas a la inversión pública y la creación de planes de apoyo-, el presidente de la Asociación de Empresas (Asem) Biobío, Humberto Miguel, puntualizó que los 14 mil empleos que se generarán a través del plan de inversión pública son insuficientes, sobre todo si se considera que la afectación regional supera los 127 mil puestos laborales.

"El intendente anunció una inversión cercana a los $600 mil millones, la cual va a generar unos 14 mil empleos, pero creemos que es poco, porque nosotros necesitamos generar un mínimo de 40 mil o 45 mil", remarcó.

Si bien coincidió con Miguel, el seremi Gutiérrez planteó que no se le puede pedir al Estado que genere todos los empleos restantes, "pues eso sería poco serio". Según la autoridad, es el sector privado quien en este momento debe motivarse y abrir nuevas plazas, pero siempre con las ayudas directas del Gobierno.

"El Estado ya está cooperando de forma directa en la Región. Ahora son los privados, con nuestra ayuda, los llamados a impulsar la empleabilidad que falta", sostuvo el seremi.

Una encuesta aplicada a 248 microempresas asociadas a los centros de negocios del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) de las provincias de Concepción, Los Ángeles y Cañete reveló que un 45% de éstas ha debido cerrar -temporal o definitivamente- a causa de los efectos de la pandemia por el covid-19.

El sondeo fue realizado por la División de Estudios de Mercado de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción y midió la forma en que la emergencia sanitaria ha impactado su proceso productivo, así como la demanda, y de qué forma le han afectado o favorecido las medidas que el Gobierno ha implementado para mitigar los efectos de esta pandemia.

Los resultados indican que del total de encuestados, un 44,7% cerró su negocio. En el desglose, se precisa que un 23% ha podido seguir produciendo, un 17,3% cerró, pero abrirá sus puertas y un 4,4% puso fin definitivo a su actividad. En tanto un 54,9% de los negocios sigue operando.

José Fuentes, director de Asistencia Técnica y Capacitación y académico de la Facultad de Economía UdeC, explicó: "Que un 45% de las microempresas haya tenido que cerrar es un número muy alto. Esto se debe principalmente a la menor demanda que ha habido este último tiempo en las empresas unipersonales y a un tema de producción en las empresas que tienen mayor cantidad de trabajadores, por la imposibilidad de producir".

En relación a las ventas, un 86% señala que éstas han disminuido, debido principalmente a una menor demanda y, por el contrario, un 5,2% declara que sus ventas han aumentado.

Además, un 25,8% de los consultados ha debido reducir personal, mientras un 23,8% lo ha mantenido pagando el 100% de los sueldos. En el caso de un 16,6%, se ha mantenido a los empleados pagando las cotizaciones y acogiéndose a la Ley de Protección del Empleo.

EXPECTATIVAS

Respecto de las expectativas en torno al próximo trimestre son mayoritariamente pesimistas, ya que se prevé la mantención de negocios cerrados o una significativa baja en las ventas (47,2%). Solo un 25% cree que habrá un aumento en las ventas en ese periodo.

José Fuentes precisó que "los resultados muestran una diferencia entre las empresas de mayor tamaño y las microempresas, sobre todo por la percepción que tienen. En las de mayor tamaño la percepción neta es un leve optimismo, mientras que en las microempresas el pesimismo es neto. El pesimismo es mucho mayor".

El sondeo concluyó que solo el 39% de las empresas ha podido realizar teletrabajo, principalmente las que son unipersonales (47%).

En relación a las medidas impulsadas para paliar la crisis sanitaria, en promedio el 51% de estas no son aplicables y solo el 12,5% se están usando. La medida más utilizada por los microempresarios es la postergación del IVA, con un 22%,

Respecto de como el Gobierno ha manejado la crisis, un 5% aprueba la gestión y en términos de nota promedio éste reprueba, con un 2.9.

"Se observa también una gran diferencia en las medidas. La no aplicabilidad de las medidas en el caso de las microempresas es sobre el 50% y se explica, probablemente, porque la gente no califica o no aplica. Aproximadamente se está usando el 12% y solo el 22% utiliza la postergación del IVA, por ejemplo. Esa es la más alta (...) Falta preocupación de parte del Gobierno", aseveró el académico.