Por Esteban Vega Garrido

Pérdidas cercanas a los $700 millones dejó un ataque incendiario que se registró la noche del martes en la comuna de Mulchén, en la provincia de Biobío.

Este nuevo episodio se registró al interior de un fundo, de propiedad de Forestal Mininco. En ese lugar, de acuerdo a la información policial, desconocidos quemaron seis camiones y una camioneta, que prestaban servicios al interior de esa faena.

Tras el ataque, la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) indicó que esta acción es una muestra de los sucesivos actos que se están repitiendo del Biobío hacia el sur del país. En ese sentido, la organización criticó la acción del gobierno en materia de seguridad y dijo que evalúan distintas acciones, entre ellas manifestaciones en las rutas, para exigir una respuesta del Ejecutivo. Las medidas, confirmaron, serán analizadas en un encuentro que se desarrollará la próxima semana.

El intendente, Sergio Giacaman, condenó este nuevo ataque incendiario e insistió en que se están realizando las coordinaciones con las policías para generar estrategias para disminuir la aparición de estos atentados, tanto en las provincias de Biobío y en cono sur de Arauco.

EVALÚAN MEDIDAS

René Muñoz, presidente de la Acoforag Biobío, afirmó que la falta de controles ha permitido la aparición de nuevos focos para este tipo de ataques.

"Esto es la expresión de verdaderas guerrillas rurales que se están distribuyendopor la zona, que tienen gran movilidad y que van concretando ataques en distintos sectores. Todo esto está vinculado a que el gobierno no tiene ninguna estartegia de inteligencia ni prevención de los atentados", enfatizó.

Por ese motivo, Muñoz confirmó que la próxima semana sostendrán una reunión con sus asociados y distintos gremios para analizar las acciones a seguir. La protesta en rutas es una de las opciones, confirmó. "Ya nos cansamos de conversar y de dialogar, porque no hemos llegado a ninguna parte. Hoy la autoridad se encoge de hombros y lamenta los episodios, ese es el discurso de todo el tiempo y finalmente el resultado es una desprotección de las zonas", indicó. El dirigente agregó que "hoy carabineros no está dando abasto para brindar protección en las rutas y los sectores complejos".

"HAY COORDINACIÓN"

El intendente, Sergio Giacaman, contó que, una vez confirmado el ataque, tomaron contacto con las víctimas de este nuevo episodio. Junto con ello ratificó que los equipos jurídicos trabajan en la presentación de nuevas querellas.

"No entendemos como existe gente que durante 20 años ha realizado tanto daño y aun cuando estamos en pandemia siguen generando daños y dejando a personas sin la posibilidad de emprender y a otros de trabajar", dijo.

La autoridad reconoció que existe un desafío de seguridad en estos territorios. "El esfuerzo en materia de seguridad es algo que estamos realizando, particularmente en la zona sur de Arauco y también en la zona sur de la provincia de Biobío".

Respecto a los emplazamientos de la Acoforag, Giacaman llamó a sus integrantes a mantener el diálogo y el desarrollo de un trabajo conjunto.

Por instrucción del Ministerio Público, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) arribó a la faena afectada para levantar los antecedentes.

Un control del personal de La Armada y Carabineros culminó con dos funcionarios de Gobierno detenidos durante la madrugada de ayer en Talcahuano. Uno de ellos manejaba bajo la influencia del alcohol.

El episodio ocurrió pasada la medianoche en la avenida Colón, a la altura del Club Hípico, donde funcionarios militares advirtieron la presencia de una camioneta. En la fiscalización al vehículo, se encontraron cajas de alimentos que debían ser entregadas a familias afectadas por la emergencia sanitaria del covid-19.

Ayer, los detenidos pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Talcahuano. Álvaro Toledo, funcionario de la Gobernación Provincial de Concepción y quien conducía el móvil, fue formalizado por conducción en estado de ebriedad. En tanto, Mario Signorelli, jefe provincial de Educación penquista, es investigado por el artículo 318, al carecer de salvoconducto y poner en peligro la salud pública en tiempos de pandemia. Ninguno de los involucrados quedó con medidas cautelares, luego que el tribunal declarara ilegal la detención.

Desde el Gobierno informaron que ambos funcionarios serán desvinculados de sus cargos y que ejercerán las acciones legales en su contra.

CESAN CARGOS

Tras confirmar las detenciones, el intendente, Sergio Giacaman, calificó como inaceptables las conductas detectadas en los funcionarios involucrados. "Le hemos pedido a la ciudadanía que cumpla con las normativas restrictivas y hay dos funcionarios públicos, que no sólo incumplen el toque de queda, sino que hay uno con sospecha de conducir en estado de ebriedad", dijo.

La autoridad regional indicó que tomó contacto con cada una de los ministerios de los cuales dependen los funcionarios imputados. "Solicitamos sanciones, es decir que no pueden seguir en el servicio público. Además vamos a presentar querellas por incumplimiento del artículo 318 del Código Penal y por conducción en estado de ebriedad", señaló.

Giacaman confirmó que se iniciará un sumario administrativo por la presencia de cajas de alimentos en el vehículo involucrado.

DETENCIÓN ILEGAL

Ricardo Terán, defensor penal público en Talcahuano, explicó que se solicitó la ilegalidad de la detención, lo que finalmente fue acogido por el tribunal.

"Se estimó que el artículo 318 no se configuraba, sólo una falta y por lo tanto no amerita que pasen a control de la detención por flagrancia. Además, el delito de conducción en estado de ebriedad sólo permite que pase a control de detención en determinados casos excepcionales que ahora no se configuraban en este caso", dijo.

Pese a la solicitud, el tribunal de Garantía desechó retirar la licencia de conducir del conductor imputado.

Un carro policial destruido, 13 personas detenidas y daños en distintos puntos de Cañete fue el resultado de una protesta protagonizada por un grupo de integrantes de distintas comunidades mapuches que ayer se reunieron en dicha comuna.

La manifestación tenía por objetivo solicitar la libertad de un grupo de personas que actualmente se encuentran recluidas en las cárceles de Angol y Lebu.

Los enfrentamientos se desarrollaron en un sector cercano al museo de dicha comuna, tras el arribo del personal policial hasta ese lugar.

El coronel Cristian Martínez, jefe de la Prefectura de Arauco, precisó que la manifestación no estaba autorizada, a propósito de las condiciones del estado de excepción por la pandemia.

"Algunos de los sujetos, frente al museo, comenzaron a instalar barricadas y ante ello Carabineros inició el procedimiento, con un uso gradual de la fuerza para dispersar a los manifestantes", indicó.

Respecto a los daños a un carro policial, la autoridad indicó que "los daños corresponden principalmente al lanzamiento de bombas molotov".

Las protestas luego se extendieron hacia otros sectores de esa comuna.

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga el hallazgo de un cadáver que ayer fue hallado en la ribera del río Biobío, en la comuna de Hualpén.

El cuerpo fue encontrado la mañana se ayer en un sector conocido como Las Areneras y correspondería a una persona de 60 años.

El jefe de la BH penquista, subprefecto Jorge Abatte, indicó que detectives de ldicha unidad realizaron el trabajo científico técnico en el sitio del suceso. "A esto se suma el trabajo investigativo a fin de determinar las circunstancias en las cuales fue encontrado un hombre de alrededor de 60 años en la ribera norte del río Biobío, específicamente en el sector de las areneras, donde efectuaba una maniobra un operario, quien encontró el cuerpo".

La autoridad policial añadió que "a la hora también se realiza el trabajo pericial a fin de determinar fehacientemente su identidad y también las circunstancias que generaron este hecho".

Como un acto repudiable fue calificado un incendio que afectó a una escuela del sector Cerro Negro en la comuna de Tirúa la noche del martes. El establecimiento ya había sufrido un ataque previo sin resultado.

El recinto unidocente, que depende del municipio, contaba con una matrícula de cinco alumnos de enseñanza básica.

El alcalde, Adolfo Millabur, quien arribó la mañana de ayer al lugar, lamentó este episodio que, de acuerdo a los testimonios de los propios vecinos, habría sido provocado por personas ajenas al sector donde se emplazaba la referida escuela municipal.

"Es un hecho repudiable, porque con estas acciones se pasa a llevar el derecho a la educación de cinco niños que quedaron sin lugar donde estudiar y que -cuando se reinicien las clases- no podrán".

El alcalde Millabur junto a la jefa de Educación Municipal, Katherinne Castro, se reunieron con vecinos y apoderados de los estudiantes de la escuela que comenzó a impartir clases desde hace más de 50 años.

Pedro Gajardo, profesor encargado de la escuela siniestrada, lamentó que un hecho delictual de esta envergadura destruya la historia de un proyecto educativo. "Esperemos que la investigación de estos hechos arroje algún resultado, y junto a la comunidad, poder ver cómo logramos a futuro reconstruir un espacio para nuestros niños y niñas", expresó.

Autoridades regionales confirmaron que el episodio es investigado por las policías y Fiscalía.