Por Economía El Sur

La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley presentado al Congreso por el Gobierno, que posterga hasta enero de 2022 la obligación de los pescadores artesanales de instalar cámaras a bordo de aquellas embarcaciones que midan 15 metros o más de largo.

La iniciativa contiene igualmente otras disposiciones que apoyan al sector artesanal. Una de ellas suspende las caducidades en las inscripciones del Registro Pesquero Artesanal (RPA), instrumento que posibilita las operaciones cotidianas de los pescadores.

Los nueve integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara que estaban presentes en la sesión ratificaron -en general- la propuesta del Ejecutivo.

Según destacó el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, tras participar en la sesión, "el sector artesanal se ha visto muy afectado por la contingencia y ha hecho un tremendo esfuerzo por seguir operando no obstante las dificultades".

El empleo de cámaras en las embarcaciones está contemplado por la ley 20.265, cuyo propósito es disminuir la práctica del descarte, vale decir la devolución al mar de peces u otros recursos durante las faenas de captura.

El uso de estos dispositivos considera las recomendaciones del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como sugerencias de distintos foros pesqueros internacionales.

La norma define como el descarte la acción de devolver al mar especies hidrobiológicas capturadas y la pesca incidental como aquella conformada por especies que no son parte de la fauna acompañante.

VIGENCIA

El deber de llevar esos dispositivos comenzó a regir en enero de este año para el rubro industrial. La flota de cerco de la pesquería pelágica de la zona centro-sur debe considerar tres cámaras: la primera tiene como objetivo observar las actividades que ocurren en el copo de la red y su entorno; la segunda, las actividades de cubierta, el muestreo de proporción de especies y la distribución de la pesca a las bodegas, mientras que la tercera las actividades que se realizan en la cubierta de la embarcación vinculadas a la manipulación de la pesca incidental y transbordos de pesca.

La flota de arrastre de fondo en la pesquería de merluza común, en tanto, debe considerar cinco cámaras.

En el caso del sector artesanal, en tanto, la vigencia de la norma también estaba prevista para el año en curso.

El proyecto de ley aprobado en la Comisión de Pesca fundamenta este aplazamiento en diversas circunstancias, como el costo de las cámaras y los "desafíos técnicos, logísticos e incluso culturales" asociados al cumplimiento de la norma.

"Ahora habrá más tiempo para prepararse adecuadamente y cumplir con el objetivo del programa de descarte", resaltó el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.

La necesidad de postergar la entrada en vigencia de esta norma para el sector artesanal fue planteada -junto con otras materias- por dirigentes de diversas organizaciones de pescadores, en el curso de sucesivas jornadas de diálogo encabezadas en las últimas semanas por Zelaya.

Los integrantes de la Comisión se manifestaron en general de acuerdo con los términos del proyecto sin perjuicio de que se pueda perfeccionar en el marco de un diálogo con el Ejecutivo.

LAS MULTAS

Según establece la normativa, las embarcaciones que no hayan implementado la norma o que alteren información se exponen a una multa de 20 a 300 unidades tributarias mensuales y el capitán o patrón de nave sancionado con 3 a 30 unidades tributarias mensuales.

La Tesorería General de la República (TGR), informó que a la fecha se han gestionado un total de 152.111 solicitudes pagadas por el beneficio especial para trabajadores independientes, que corresponde a un 92,1% de las solicitudes recibidas en la web del Servicio de Impuestos Internos, por un total de MM$ 36.462.

La medida, en el marco del Plan Covid-19, inició su implementación el 24 de junio, con el compromiso de TGR de concretar los pagos dentro de 10 días hábiles desde la aprobación de la solicitud, lo que en promedio ha demorado la mitad del tiempo previsto.

Respecto de los contribuyentes que a la fecha no han recibido sus pagos, TGR debe volver a verificar la cuenta para activar nuevamente la transacción a cuenta del titular que pide el bono, ya que los rechazos se producen porque la cuenta ingresada está a nombre de terceros o por la no vigencia de la cuenta de destino, por lo tanto, el llamado es actualizar sus datos bancarios correctamente en la web de la TGR.

Los beneficiarios deben ser trabajadores independientes que hayan visto mermados sus ingresos en al menos un 30%, a raíz de la actual emergencia sanitaria derivada del covid-19.

Además, se debe haber emitido boletas de honorarios a lo menos tres meses durante los últimos 12, entre abril de 2019 y marzo de 2020, o haber emitido boletas de honorarios por 6 meses, entre abril 2018 y marzo de 2020.

Un requisito importante es que en el mes anterior al cual se solicita el monto, los ingresos por boletas de honorarios se hayan reducido al menos en un 30% en relación al promedio de ingresos de los últimos 12 meses, es decir, entre abril de 2019 y marzo de 2020.

Esta medida económica especial se sustenta en la Ley N° 21.242, que se traduce en un apoyo por el Estado mediante SII y TGR, el que se devolverá de forma parcelada en tres cuotas anuales, sin intereses, sólo será reajustable de acuerdo a la variación del IPC, desde el proceso de Declaración de Renta 2022.

Gustavo Alcázar, gerente general de Moly Cop Chile y presidente del Comité Regional Asimet Biobío asumió como uno de los dos vicepresidentes gremiales en el directorio de la directorio de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, Asimet.

El gremio reeligió a Dante Arrigoni como presidente para el periodo 2020 -2021. El actual timonel, quien es director del Grupo Arrigoni, ha estado al frente de la Asociación desde julio de 2018.

La mesa directiva, en tanto, quedó conformada por Carlos Quintana, de Metalúrgica Sudamericana, como vicepresidente de Finanzas; Juan Pablo Aboitiz, de Magotteaux Andino S.A. (Sigdo Koppers S.A.), como vicepresidente corporativo; e Ítalo Ozzano, de Aceros AZA, y Gustavo Alcázar, de Moly-Cop, como vicepresidentes gremiales.

El dólar acumula baja semanal de $6,4

El tipo de cambio abrió en los $790 la mañana de ayer, tras un inicio de sesión del cobre que mostraba caídas de casi un 0,4%, sumándose a la incertidumbre existente debido a nuevos máximos de contagios por coronavirus en Estados Unidos.

Las noticias de nuevos contagios en Norteamérica, en un principio no detuvieron a una bolsa que seguía registrando máximos, pero ya han pasado semanas y los contagios no cesan. Lo anterior ha estancado el crecimiento de la bolsa y ha afectado también el precio del petróleo.

Al cierre, la divisa estadounidense subió $7,50, y concluyó en puntas de $796,10 vendedor y $795,80 comprador. De todas formas, el billete verde acumuló una caída semanal de $6,4.

Carga movilizada en Biobío creció 4,1% en mayo

En mayo de 2020, se movilizó un total de 2.681.254 toneladas de carga por los puertos de la Región del Biobío, cifra que exhibió un crecimiento de 4,1% en doce meses, revirtiendo ocho meses de retroceso, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado positivo que obtuvo la carga efectiva regional fue consecuencia del mayor movimiento de los servicios de Cabotaje y Tránsito. En tanto los servicios de Desembarcada del exterior, Embarcada al exterior y Re-estibas y transbordos presentaron un nivel inferior respecto a igual mes del año anterior.