Por Agencias

La desescalada en el Reino Unido, con 43.230 muertos por coronavirus, ha despertado las alarmas sobre la salud de la población al verse playas atestadas, fiestas multitudinarias y test que no acaban de funcionar.

Las autoridades británicas no han ocultado la inquietud por el aumento de estas fiestas, organizadas también a raíz del buen tiempo, al no estar autorizadas por el riesgo de contagio.

En el barrio londinense de Notting Hill, varios policías resultaron agredidos, aunque no heridos, cuando intentaban dispersar el jueves en la noche a una multitud que participaba en una fiesta ilegal.

Varios participantes arrojaron diversos objetos contra los agentes, en lo que ha sido la segunda noche consecutiva de incidentes de este tipo, tras la del miércoles en el barrio londinense de Brixton, donde 22 agentes resultaron heridos en unos enfrentamientos durante una congregación también ilegal.

"La violencia no será tolerada y las unidades (policiales) están respondiendo de manera apropiada", indicaron las fuerzas del orden del área de Kensington & Chelsea, a la que pertenece Notting Hill.

Las fuerzas del orden han reforzado las medidas de vigilancia en la capital en caso de incidentes graves, después de que se suavizaran las medidas del confinamiento y ante el buen tiempo, con temperaturas que superaran los 30 grados, que ha impulsado a la población a salir a la calle, a los parques y las playas.

PLAYAS ATESTADAS

En muchas playas británicas, mucha gente no ha respetado la distancia física necesaria para evitar los contagios y un segundo pico, lo que ha obligado al Gobierno a amenazar con cerrarlas.

Este problema también se vio anoche cerca del estadio de fútbol del Liverpool, donde unas 2.000 personas se concentraron para celebrar que este equipo se proclamase campeón de la liga inglesa.

Las alarmas saltaron al verse a los aficionados gritando, unos junto a otros y sin llevar mascarillas ni ningún tipo de protección.

Ante el temor a un rebrote, el Gobierno ha avisado de que está dispuesto a cerrar playas en Bournemouth, Christchurch y Poole. El ministro de Salud, Matt Hancock, dijo ayer a TalkRadio que tiene el poder para cerrar las playas si la gente no respeta la regla de la distancia social -de más de un metro-.

"Tenemos el poder. Soy renuente a utilizarlo porque hemos tenido un confinamiento bastante duro y quiero que todo el mundo pueda disfrutar del sol. Pero la clave para hacerlo es respetando las reglas", añadió.

El director médico del Gobierno, Chris Whitty, también se sumó a las advertencias al pedir a la población que cumpla con las recomendaciones: "Si no seguimos las guías sobre distancia social, entonces los casos van a volver a subir".

PRUEBAS DE covid-19

La lucha contra la pandemia ha recibido críticas de expertos que han advertido que los test que compró el Gobierno para detectar anticuerpos suponen una carga adicional para el Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés), sin saber exactamente cómo reacciona el sistema inmunológico al coronavirus.

El Gobierno, que anunció una reapertura mayor a partir del 4 de julio, compró diez millones de estas pruebas, pues considera que pueden ayudar a que el país vuelva a la normalidad, dado que, en teoría, si una persona ha tenido el virus, debería haber creado anticuerpos y no volvería a contagiarse, pero esto no está totalmente claro, según los expertos.

El Gobierno de Donald Trump pidió este jueves por la noche, en medio de la pandemia del coronavirus, al Tribunal Supremo, que tumbe la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como "Obamacare".

El Alto Tribunal, que en el pasado ha fallado dos veces en favor de "Obamacare", estudia ahora un caso impulsado por una veintena de estados en manos de republicanos que argumentan que a raíz de unos cambios legislativos de 2017 la ley es inconstitucional.

En diciembre de 2018, un juez federal de Texas les dio la razón declarando inconstitucional la reforma y abriendo un litigio legal que está ahora en manos del Supremo con estados en manos de los demócratas, que la defienden.

Este juez y también un tribunal de apelaciones inmediatamente inferior al Supremo consideraron que, tras la aprobación de la reforma fiscal, con la que se eliminaron las multas a la obligación de tener un seguro médico, conocida como "mandato individual", "Obamacare" paso a ser inconstitucional.

El Ejecutivo presidido por Donald Trump renunció a ejercer la defensa de la ley en este caso, en una decisión poco habitual, y ahora ha dado un pasó más alineándose con los impulsores de la demanda.

Un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo en un comunicado que "una pandemia global no cambia lo que los estadounidenses saben: 'Obamacare' ha sido un fracaso ilegal".

Lo cierto es que la pandemia ha provocado que millones dependan de la cobertura pública de salud dada la masiva destrucción de trabajos que ha provocado en Estados Unidos, país en el que las polizas están asociadas al empleador.

Además, Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por el covid-19 con más de 2.545.57400 casos confirmados y 127.349 muertes. Es probable que la nueva decisión del Supremo sobre "Obamacare" no llegue hasta 2021, después de las próximas presidenciales.

Trump había prometido en campaña desmantelar "Obamacare" con el lema "derogar y reemplazar", pero sus intentos fracasaron en el Congreso tras una dramática votación en la que el fallecido senador republicano John McCain apoyó la ley de Obama.

El Alto Tribunal ha fallado en dos ocasiones a favor de "Obamacare", en 2012 por 5 votos a 4, y en 2015 por 6 a 3. En ambas, el juez conservador John Roberts votó junto a los cuatro progresistas para decantar la balanza del tribunal. En el caso de 2015 también votó a favor de "Obamacare" el conservador Anthony Kennedy, sustituido recientemente por Brett Kavanaugh. -

Un grupo de 43 alcaldes pidió al presidente Sebastián Piñera promulgar la ley que impide el corte de servicios básicos durante la emergencia sanitaria y no vetarla, posibilidad esta última que está siendo analizada por el Ejecutivo.

La ley establece que, durante los 90 días siguientes a su publicación, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, las firmas y cooperativas de distribución de electricidad, y las compañías de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores y de ancianos, cuerpos de bomberos, entidades sin fines de lucro y microempresas.

Según el texto aprobado por elCongreso, se da la posibilidad de dividir los pagos hasta en 12 cuotas sin interés para el 60% más pobre de la población.

"sería lamentable"

En la carta dirigida al mandatario, los jefes comunales plantearon que "el escenario de crisis que vive Chile requiere de medidas efectivas y rápidas, sobre todo, que apunten a la protección de las familias y personas que más lo requieren en el país". Por esto llamaron "a que se promulgue esta la ley en el menor tiempo posible. No perdamos tiempo en vetos o reparos a una iniciativa que va a beneficiar a millones de personas que están pasando momentos muy complejos en todo el país".

A juicio de los jefe comunales firmantes, una decisión presidencial como el veto "sería lamentable y supondría darle la espalda a millones de compatriotas".

Las autoridades municipales también enfatizaron que "una iniciativa de estas características va en la dirección correcta, porque alivia la extrema situación de millones de personas que han visto cómo su calidad de vida se viene precarizando por la pérdida del empleo, por el incremento de las deudas, por mayores gastos en salud e incremento en la canasta básica, lo que junto a diversos problemas de salud mental y la incertidumbre que provoca esta situación, han configurado una realidad extrema en el país".

Entre quienes firmaron la carta al presidente Sebastián Piñera, se encuentran los alcaldes de las comuna de Independencia, Gonzalo Durán; La Granja, Felipe Delpin; de Recoleta, Daniel Jadue; de Peñalolén, Carolina Leitao; de Alto Hospicio, Patricio Ferreira; de Concepción, Álvaro Ortiz; y de Valparaíso, Jorge Sharp.

La multinacional estadounidense Microsoft anunció la decisión de cerrar de forma permanente todas sus tiendas físicas en el mundo, lo que calcula que tendrá un coste de aproximadamente 450 millones de dólares en los próximos días.

En una entrada en la página web de la compañía, la firma de Redmond (estado de Washington, EE.UU.) evitó hablar de despidos e indicó que los trabajadores de venta al por menor "seguirán sirviendo a los clientes" desde las oficinas de Microsoft y llevando a cabo ventas, ayuda técnica y formación de forma remota.

"Nuestras ventas han crecido a través de internet y nuestra cartera de productos ha evolucionado a ofertas, en su mayoría, digitales", apuntó el vicepresidente corporativo de la empresa, David Porter.

La firma propietaria del sistema operativo Windows tiene en la actualidad 83 tiendas físicas repartidas por el mundo, la mayor parte de ellas en EE.UU., y los costes de 450 millones de dólares asociados a su cierre se verán reflejados en la próxima presentación de cuentas, en julio.

Pese a la naturaleza eminentemente digital de los productos de Microsoft (al fin y al cabo el foco de la empresa siempre ha sido el software), la firma que dirige Satya Nadella reforzó significativamente su presencia física en los últimos años, algo que los analistas del sector interpretaron como un intento de emular la estrategia de su competidor Apple, cuyas tiendas son un icono en muchas ciudades del mundo.

Los comercios de Microsoft permanecen cerrados desde finales de marzo por la pandemia del covid-19, una coyuntura que presumiblemente ha contribuido a la decisión de la empresa, que durante los pasados meses ha redoblado su apuesta por los servicios, la nube y el trabajo remoto, abandonando cada vez más el componente físico de su actividad comercial.

Precisamente la semana pasada, Apple, que había reabierto varias de sus tiendas en EE.UU. acorde con los procesos de desescalada de cada estado, empezó a volver a cerrar locales donde el virus repuntó.