La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en 1987 celebrar cada 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. También ha alentado a las personas, a las organizaciones sin fines de lucro, al sector privado y a los Estados miembros a participar en su campaña a través de las redes sociales.

En esta oportunidad, se ha señalado que la pandemia de covid-19 es una oportunidad para advertir que el uso de drogas que se fuman o inhalan incrementa el riesgo de contagio y empeora el pronóstico de pacientes con coronavirus. Estas personas pasan a ser un grupo vulnerable ante la pandemia ya que las drogas ilícitas debilitan el sistema inmune y hacen al organismo más vulnerable ante esa y otras enfermedades. Además, el aislamiento social y la ansiedad pueden incrementar el riesgo de consumo de drogas, razón por la cual la relación entre el consumo y las repercusiones en el covid-19 hacen necesario alejarse de la ingesta.

Un estudio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) reveló que en el año 2018 el 50,4% de los estudiantes universitarios de Chile admitió haber consumido marihuana, con especial prevalencia entre los jóvenes de 23 y 24 años. Pero más lamentable resultó que sólo el 28,5% entendía el riesgo que representa para su salud el consumo frecuente de marihuana. Esto es lo más preocupante, si se considera que desde 2011 su uso ha crecido en un 58% y paralelamente han disminuido los índices de percepción de riesgo que tienen los niños y jóvenes acerca de los daños que provoca su consumo. Por ello, el Gobierno puso en práctica el año pasado el programa "Elige vivir sin drogas", con el fin de prevenir el consumo de estas sustancias entre los escolares, con un plan inspirado en un exitoso modelo de prevención desarrollado en Islandia, que se ha replicado en 22 países y recoge el aporte de las sociedades médicas y científicas e incorpora la experiencia de la sociedad civil, de los municipios y del Gobierno, entre otros. Se basa en cuatro pilares: en el primero, se encuentra las familias, a las que se les entregarán instrumentos eficaces para cuidar y proteger a los niños. En segundo lugar, se enfoca en las escuelas, con programas preventivos que involucran a alumnos, padres y profesores. El tercero, incluirá una mejor oferta pública y de la sociedad para que los niños y adolescentes tengan más y mejores oportunidades deportivas, culturales, recreativas y comunitarias a las cuales dedicar su tiempo libre. Y el cuarto, consiste en potenciar los liderazgos positivos.

Muchas veces, un medio familiar deteriorado y disfuncional hace que un sector de los jóvenes opte por refugiarse en la bebida y en las sustancias ilícitas, lo que a veces conlleva a la aparición de la violencia y el riesgo de caer en alguna acción delictual con el fin de conseguir dinero y proseguir en el vicio. Hace unos días el Gobierno ha presentado el proyecto de ley que -de aprobarse- fortalecerá la persecución y el combate de los delitos vinculados al narcotráfico. La iniciativa modificará la actual Ley de Drogas (ley N.º 20.000) aplicando con mayor rigor la legislación contra quienes los tribunales establezcan que pertenecen a organizaciones narcotraficantes, y coloca acento en acciones destinadas a limitar la capacidad económica de esos grupos.

Por ello, ha sido muy importante que se acoja el llamado de las Naciones Unidas a luchar contra el consumo indebido de drogas y que diversas organizaciones hayan desarrollado, hasta antes de la pandemia de covid-19, programas como "Elige vivir sin drogas", trabajando especialmente con los niños, iniciativa que se ha congelado como consecuencia de la pandemia. A la vez, es imprescindible que los padres retomen su rol de ser los primeros educadores y formadores de sus hijos, junto con la escuela, con el fin de no seguir incrementando las cifras de consumo de drogas, especialmente en el nivel escolar.

La pandemia es una oportunidad para advertir que el uso de drogas que se fuman o inhalan incrementa el riesgo de contagio y empeora el pronóstico de pacientes con coronavirus. Estas personas pasan a ser un grupo vulnerable, ya que las drogas ilícitas debilitan el sistema inmune.

Con fecha 20 de junio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.240 que introduce importantes modificaciones a los delitos contra la salud, consistentes en el endurecimiento de las sanciones de presidio, las que se aumentan por las infracciones a la normativa existente y el incremento de la cuantía de las multas, por la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia.

Esta ley tuvo su origen en una moción del Poder Ejecutivo, con una rápida tramitación y con vigencia inmediata. El fundamento del proyecto, hoy ley, se basó en que los ciudadanos de nuestro país no cumplen con la actual legislación penal, ni con las instrucciones o medidas sanitarias, lo que ha traído que seamos en el mundo uno de los países con más muertos y contagiados por el virus covid 19, respecto de nuestra población.

El Código Penal castiga entre los delitos contra la salud la dispersión de gérmenes patógenos, tanto por acciones dolosas como culposas, y las infracciones a las normas sanitarias, regulaciones que han resultado del todo insuficientes por no haber sido cumplidas por un gran número de personas en todo el país.

En su parte medular, la breve pero importante modificación introduce dos artículos a la ya existente normativa penal. La primera reforma prescribe: El que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, y multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales.

La segunda preceptúa: El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de diez a doscientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir.

Se crea además para estos delitos contra la salud, tanto individual como colectiva, una agravatoria de responsabilidad penal como lo es cometer el delito de contagio del covid-19, mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio.

También se establece que en ciertos delitos contra la salud, como el contagio del virus covid 19 en comento, en que el Ministerio Público solicite la suspensión condicional del procedimiento, cuando sea procedente, se incluirá preferentemente como condición de esta suspensión la realización de acciones o servicios destinados a beneficiar a la localidad en la que habita el imputado.

Esperamos que estas innovaciones legales, en especial el aumento de las penas corporales y pecuniarias, sirvan para concientizar a las personas que deben ser responsables en el acatamiento de las prescripciones de las autoridades, ya que no sólo está en peligro su propia vida sino que la de sus familiares y de terceros, considerando la agresividad y letalidad del virus covid-, y que por el momento no existen ni cura ni vacuna, avaladas científicamente.

"El fundamento del proyecto, hoy ley, se basó en que los ciudadanos no cumplen con la actual legislación penal, ni con las instrucciones o medidas sanitarias por la pandemia".

Vacuna

En el mundo, se están probando cerca de diez vacunas contra el virus Sars-Cov-2 en personas. Los expertos pronostican que la salida al mercado de dosis exitosas y seguras demorarían entre 12 y 18 meses desde el inicio de las primeras etapas de investigación. No hay fecha segura y la fórmula podría tardar incluso cuatro años. En medio de esta acelerada carrera por dar con la vacuna correcta, la ONU y la OMS debieran proponer un plan eficiente que permita una transferencia tecnológica e inmediata entre países, por medio de una patente solidaria. Es decir, quien encuentre primero la vacuna que logre inmunizar a la población contra el coronavirus, debiera otorgar por razones humanitarias las facilidades para registrar ese tratamiento en todo país que tenga las condiciones y la infraestructura para desarrollar esa misma vacuna e iniciar así las campañas sanitarias.

Elmer Torres Cortés

Matinales

¿Por qué los canales de televisión insisten en tener a políticos en sus programas matinales, para comentar un amplio abanico de temas? Y en cada uno de sus comentarios éstos destilan veneno, pero no hacen ningún aporte constructivo, sólo guerrilla desde sus trincheras, en momentos en que el país requiere que la gente se una para salir adelante de esta terrible pandemia.

M. Soledad Guajardo

Rebaja de dieta

Se cumple el plazo de treinta días que tiene el Consejo de Alta Dirección Pública para definir el monto de la dieta parlamentaria y de ministros de Estado. Este proyecto estuvo en el Congreso desde 2014, gracias a iniciativa de los diputados Boric y Jackson y que originalmente proponía la rebaja inmediata del 50% de las actuales rentas de los parlamentarios. Sin embargo, debido a la indicación del senador Allamand se transfirió esta misión a este Consejo. La rebaja de la dieta parlamentaria que es una de las más altas de la Ocde es un imperativo ético categórico y que no admite condiciones ni dilaciones, como lo expresa el filósofo Kant. Es de esperar que la rebaja de la dieta parlamentaria, sobre todo en tiempos de pandemia, sea considerable, ya que no se debe olvidar que ellos son servidores públicos y están al servicio del pueblo y no al revés, por lo que es una sentida aspiración del movimiento social y ojalá sea una rebaja importante y no una nueva decepción.

Adolfo Montiel Gómez

Parlamentarismo

En declaraciones, tanto senadores como diputados se mostraron profundamente afectados por el anuncio del Presidente de convocar a un comisión para buscar mecanismos para solucionar el problema de las mociones inconstitucionales, y lo calificaron de intromisión de un poder del Estado en otro. Pues bien, creemos que lo califican de esa manera, precisamente porque esa es una actitud constante de los parlamentarios. Veamos de qué se trata. Al recordar la teoría de frenos y contrapesos, vemos que los parlamentarios en Chile reciben nulos contrapesos a su poder, más allá de la colegislación, precisamente la atribución que pretende utilizar el Presidente. Nada fuera de lo común. En cambio, el poder legislativo constantemente se entromete en otros poderes, y de manera flagrante. La Constitución señala que sólo los tribunales pueden conocer las causas judiciales antes de su sentencia, pero ahí va la cámara de Diputados y conoce causas en proceso, citando a imputados y fiscales. Luego, acusan constitucionalmente basados sobre supuestos delitos, de los que tribunales nada ha dicho, en base al constante discurso de la "responsabilidad política" aun cuando la atribución del Senado es fallar como jurado y no políticamente. Finalmente, en una carta pública, se permiten presionar al TC para que falle a favor de Hugo Gutiérrez en su causa de destitución. Si de intromisión hablamos, el poder Legislativo es quien creó la práctica en el siglo XIX y la aplica hoy nuevamente, abogando por más atribuciones parlamentarias. Ya sabemos cómo termina la historia.

Soledad Rodríguez

Credencial de salud

Una vez más y ahora con mayor razón a causa del covid-19, me permito sugerir que cada persona, además de su cédula de identidad, debería portar una credencial de salud, que contenga los siguientes datos: nombre de la persona, RUT, teléfono de contacto, grupo sanguíneo, enfermedades u otros problemas de salud. Así, para el personal de la salud, sería mucho más fácil saber las medidas a tomar en las emergencias que se presenten.

Jorge Valenzuela

Armas disuasivas

Sin ánimo de poner en duda el fallo de la Corte de Valparaíso que ha prohibido a Carabineros usar armas disuasivas, como las escopetas, me gustaría saber si dentro del criterio de uso proporcional de la fuerza estos pueden usar bombas Molotov, piedras, hondas, boleadoras, palos y otros elementos contundentes de mano para controlar una manifestación violenta.

Octavio Quiroz

Admisibilidad

Bastante polémica ha causado el anuncio del Presidente respecto a la convocatoria de ex parlamentarios, académicos y expertos para hacer modificaciones a los criterios y procedimientos que regulan el ingreso de proyectos constitucionales, ello, no solo ha traído cuestionamientos desde la oposición, sino que también desde el oficialismo, en donde ya existía tensión con sus parlamentarios por apoyar iniciativas que estén al margen de la Carta Magna, y si bien el foco de la intervención de Piñera es que los proyectos inconstitucionales se controlen, no se puede generar una controversia en lo que respecta a la independencia de los poderes del Estado, es ahí donde queda demostrado que la lógica de dar señales de unidad y un triunfalismo anticipado lo llevan a errar nuevamente.

Francisco Santibáñez Soto

Joyitas

El verdadero día de la marmota no es la pandemia sino las joyitas que todos los días nos deja la política chilena: si no son los proyectos inadmisibles, es un concejal que sale en skate durante la cuarentena de la RM, o un funeral, lo que nos deja claro que éste es un cuento de nunca acabar, donde todos jugamos a aparentar que respetamos las reglas.

Diego Aguilar V.

La Municipalidad de Talcahuano se puso a la cabeza de la campaña que se desarrolla para reparar y mejorar la conservación de la reliquia histórica Huáscar, fondeado en la Base Naval. El municipio presentó hace un tiempo un proyecto para que el blindado sea puesto en seco, en una explanada frente al Liceo Coeducacional de Talcahuano y para transformarlo en un centro de atracción.

A esta iniciativa se suma la campaña comunitaria "Salvemos al Huáscar". Ahora el municipio pretende aglutinar todos estos esfuerzos con el fin de llevar una coordinación.

El río Biobío subió más de un metro el nivel y multiplicó su caudal hasta llegar a 3.180 metros cúbicos por segundo. Esto deterioró las rampas construidas por mandato del Ministerio de Obras Públicas para el proyecto de transporte de camiones a través de barcazas para cruzar el río. La situación se produce a pocos días de que termine el proceso de licitación, y se pongan en servicios las barcazas, lo que se podría producir la primera semana de julio. En el proyecto "Habilitación de emergencia de conectividad fluvial río Biobío", se invertirán mil millones de pesos.

Un estudio de ingeniería para definir el método constructivo y las tecnologías que se utilizarían en el caso de que se apruebe la vialidad técnica y económica de contar con un metro en Concepción, anuncio ayer el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, lo que fue ratificado por el presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Pedro Pablo Errázuriz. El análisis será complementario a la actualización del Plan Maestro del Transporte Público del Gran Concepción, que a partir del segundo semestre revisará si un tren subterráneo es una alternativa para mejorar la conectividad de la zona metropolitana.

"Comenzaremos a hacer un estudio asociado al metro, desde el Plan Maestro del Transporte Público. Además, le solicité a Fesur que realice un estudio de la ingeniería conceptual y así avanzar en paralelo", dijo.