Fiscalía formaliza a 11 imputados por poner en riesgo salud pública
El tribunal de garantía de Concepción dictó arresto nocturno para el dueño del recinto y alejamiento del lugar para los demás detenidos.
Poner en peligro la salud pública en tiempo de catástrofe fue el delito por el cual fueron formalizadas las 11 personas que antes de ayer fueron sorprendidas al interior de un gimnasio que se encontraba en funcionamiento, pese a las restricciones sanitarias.
Los involucrados fueron detenidos la mañana del miércoles, luego de un operativo de fiscalización que encabezó personal de la PDI junto a la autoridad sanitaria en el recinto de calle Freire, en el centro de Concepción. El gobierno presentó una querella por este caso y a la fecha suma cerca de 40 acciones de este tipo en la Región.
De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia, el dependiente del gimnasio Flex y el resto de los asistentes incumplieron las resoluciones del Ministerio de Salud, vinculadas al uso de mascarillas y encontrarse en un recinto que actualmente se encuentra con restricción de funcionamiento.
Tras la exposición de los antecedentes, el magistrado Juan Domingo Pinochet Tejos acogió la petición del ente persecutor y decretó el arresto domiciliario para el encargado del recinto, mientras que el resto de los imputados no podrán acercarse al gimnasio involucrado.
INCUMPLIMIENTOS
El fiscal, José Patricio Aravena, fue el encargado de formalizar a los 11 detenidos, quienes se encontraban al interior del recinto al momento de la fiscalización.
"El 24 de junio, alrededor de las 10 de la mañana, el imputado mantenía en funcionamiento el recinto de calle Freire, permitiendo en su interior a un grupo de personas que realizaban actividad física en sus instalaciones", relató el persecutor.
Aravena detalló que en total fueron dos las resoluciones del Ministerio de Salud que fueron incumplidas por el dueño del recinto y el resto de las personas detenidas.
"El imputado, junto al resto de personas, no usaban mascarillas al interior de las dependencias. De este modo, Vergara Soto, incumplió la disposición de la autoridad sanitaria dictada en contexto de catástrofe. Esta corresponde a la resolución 349 de mayo de 2020, que dispuso el cierre de gimnasios abiertos al público, entre otros recintos", detalló.
Querellantes
Tras conocer el resultado de la audiencia, el intendente, Sergio Giacaman, valoró las medidas adoptadas y confirmó que el gobierno presentó una querella en contra de quienes resulten responsables de estos delitos contra la salud pública. A la fecha son cerca de 40 las acciones legales de similares características presentadas en el Biobío.
"Este caso nos demuestra que la fiscalización de la PDI a personas que no respetan las ordenanzas sanitarias en el contexto de la pandemia, está siendo efectiva, pero por otro lado, nos alerta respecto a las conductas irresponsables reiterativas de muchas personas. No podemos tener a un guardián detrás de cada persona, para poder superar la amenaza del Covid necesitamos ser responsables y comprometidos con nuestra salud y la de otros", señaló.
El Tribunal de Garantía de Concepción fijó un plazo de tres meses para la investigación.