En medio de una fiscalización, personal de la PDI detuvo a 11 personas que se encontraban realizando actividades físicas al interior de un gimnasio del centro de Concepción, pese a las restricciones que se encuentran vigentes para este tipo de recintos.

El operativo se desarrolló en un local de calle Freire, que ya había sido fiscalizado semanas antes. En esta oportunidad, 10 personas y el dependiente fueron sorprendidos en medio de las rutinas.

El gobernador de Concepción, Robert Contreras, calificó como exitoso el procedimiento, donde dio cumplimiento a la normativa sanitaria, agregó. "Acá las personas deben responsabilizarse, tomar conciencia de esta situación que es compleja, señaló la autoridad.

El fiscal Sergio Caro determinó que todos los detenidos pasarán hoy a control de detención. Los individuos, nueve hombre y dos mujeres, serían formalizados por poner en peligro la salud pública.

FISCALIZACIÓN

El coordinador operativo del centro de control de crisis de la PDI Concepción, subcomisario Erwin Cea, mencionó que los funcionarios especializados se encuentran realizando una fiscalización constante a los recintos que se encuentran con prohibición de funcionamiento.

"Este lugar ya había sido fiscalizado por personal policial y en esta segunda oportunidad pudimos constatar que había 10 personas en su interior, quienes se encontraban realizando actividad física. Junto a ellos se encontraba el dependiente del gimnasio", precisó.

El subcomisario añadió que "en principio el dependiente negó el funcionamiento del recinto, sin embargo, al ingresar pudimos comprobar que al interior tenía en una dependencia oculta a siete personas, que estaban con su ropa deportiva".

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, comentó que ayer se decretó el cierre y la prohibición de funcionar del recinto fiscalizado. "Se inició un sumario individual en contra de cada una de las personas que se encontraban en el lugar.

Junto con ello, dijo, se evalúa una denuncia en la Fiscalía local.

Presidio perpetuo calificado arriesga un hombre que fue formalizado por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre de 64 años. El crimen ocurrió el pasado domingo en la comuna de Coronel.

Tras la detención, el fiscal Felipe Calabrano formalizó al imputado por el delito de robo con homicidio. La audiencia se desarrolló vía videocondefencia.

El presunto agresor identificado como Ángelo Vergara, fue sindicado por la policía como el autor del robo de la bicicleta de la víctima, a quien atacó con un arma cortopunzante para concretar el ilícito.

Según la investigación de la Fiscalía de Coronel, Ángelo Vergara habría actuado junto a otras dos personas, cuyas participaciones en el delito están siendo precisadas con las pesquisas instruidas a la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó el jefe de dicha unidad, Jorge Abatte.

"Nuestro trabajo investigativo continúa a fin de recuperar otras especies u otros imputados en este caso que ha sido ampliado a robo con homicidio", explicó el subprefecto Abatte.

El fiscal Calabrano informó que el inculpado registra antecedentes penales previos. El tribunal dio cuatro meses de plazo para terminar la investigación. La pareja del imputado, en tanto, quedó a la espera de la citación por parte de la Fiscalía.

Luego de iniciada la crisis sanitaria por covid-19, los juzgados civiles adecuaron completamente su funcionamiento para mantener el servicio judicial.

Es así como el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano desarrolló -vía Zoom- un total de 20 audiencias, principalmente concursales, entre el 18 de mayo y el 18 de junio.

"Además, ya se encuentran programadas más de 30 audiencias que también tienen relación con la ley 20.720, a lo que hemos añadido audiencias de conciliación en las diversas causas; de interdicción, nombramientos de partidor y una audiencia prejudicial probatoria de exhibición de documentos", expresó Antonella Farfarello, jueza del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano.

La magistrada Farfarello agregó que "queremos transmitir a la comunidad que pese a la contingencia que estamos viviendo el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano se encuentra gestionando de manera normal las causas, excepto las que están con el probatorio suspendido por la ley 21.226, de manera de agilizar su tramitación y darle una pronta solución a las personas en la resolución de sus conflictos".

Por ESTEBAN VEGA GARRIDO

Con sorpresa reaccionó un grupo de alcaldes de la provincia de Arauco frente al anuncio del Ejecutivo de trasladar personal militar hasta las rutas de la zona sur de ese territorio como parte de la estrategia para disminuir los hechos de violencia en la zona.

Autoridades regionales confirmaron el martes un incremento de los patrullajes mixtos en la macrozona sur, acciones de "copamiento" que contemplan el trabajo del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden. La decisión fue comunicada tras una seguidilla de ataques explosivos e incendiarios. Los últimos ocurrieron en la comuna de Tirúa.

Los jefes comunales de Cañete y Contulmo valoraron el cambio de estrategia que se pretende instalar en la provincia. Sin embargo, ambos coincidieron en que los detalles de estos últimos los han conocido a través de la prensa.

Una visión similar manifestó el alcalde de Arauco y presidente de la Asociación Arauco 7, Mauricio Alarcón, quien reconoció que hasta ahora no han tenido información oficial sobre estas nuevas medidas.

BAJAR VIOLENCIA

Jorge Radonich, alcalde de Cañete, aclaró que hasta ayer no tenían mayores antecedentes respecto a la estrategia. Pese a ello, la autoridad indicó que la estrategia debería responder a una larga necesidad de seguridad en las rutas de la zona.

"A mí me ha alegrado mucho esta decisión. Quizás no son los campos los que serán parte de los patrullajes, pero sí se podrá concretar una ayuda a Carabineros, que se ha visto sobrepasado en los últimos meses", señaló.

La autoridad agregó que "esto es bueno sin duda, aunque hasta ahora no hemos recibido ningún llamado para conocer esta estrategia que se ejecutará dentro de nuestras comunas".

El viernes de la semana pasada dos camiones fueron quemados en el límite de las comunas de Contulmo y Purén, en la Región de La Araucanía.

El alcalde contulmano, Mauricio Lebretch, planteó que era una urgencia contar con nuevo personal de seguridad en la zona, sobre todo ante la baja dotación policial.

"En la comuna tenemos sólo 16 carabineros y existe la posibilidad que nos bajen aún más la dotación, en ese sentido me pone feliz que exista un reforzamiento, porque acá ya no hay violencia, sino que terrorismo", afirmó.

La autoridad también reconoció que hasta ahora no ha tenido información oficial sobre los patrullajes.

ESTADO DE DERECHO

Mauricio Alarcón, presidente de Arauco 7, enfatizó que es necesario socializar ciertas decisiones con las autoridades locales considerando que involucrarán a una porción importante del territorio.

"Yo entiendo que acá hay un coordinador de seguridad de la macrozona para ver estas materias y hasta el día de hoy no hemos tenido un espacio de conversación para, incluso, conocer los alcances y facultades que tiene esta nueva autoridad", señaló.

Alarcón agregó que "a todos nos preocupan los hechos de violencia que han afectado la vida y a una parte no menor de personas. Hoy el Estado de Derecho y la institucionalidad no ha dado el ancho respecto de lo que ocurre y lo que se necesita".

Los tres alcaldes consultados confirmaron que hasta ayer no vieron despliegue de personal militar en las rutas.