Más sanciones contra el narcotráfico
Hace unos días el Gobierno ha presentado el proyecto de ley que -de aprobarse- fortalecerá la persecución y el combate de los delitos vinculados al narcotráfico. La iniciativa modificará la actual Ley de Drogas (ley N.º 20.000) aplicando con mayor rigor la legislación contra quienes los tribunales establezcan que pertenecen a organizaciones de este tipo, y coloca acento en aquellas acciones destinadas a limitar la capacidad económica de esos grupos.
Uno de los problemas de seguridad que más preocupa a la población es el aumento del narcotráfico, por al menos al menos dos razones: el consumo de drogas atrapa a los más jóvenes principalmente, y la venta va aparejada con la violencia, que se toma las poblaciones, naturaliza el uso de armas y crea sus propios espacios y normas en medio de las ciudades. La respuesta a esta realidad ha sido el combate y el tratamiento del asunto como un delito, además de programas de prevención, pero que no logran solucionar el problema, ni frenar el crecimiento del negocio. Si bien hasta ahora el control se ha enfatizado en el microtráfico, esta iniciativa que entró para su trámite en el Congreso Nacional pone su atención en dar herramientas legales a las policías y al Ministerio Público para tratar de desbaratar las organizaciones de narcos, que mueven cuantiosas sumas de dineros.
El general director de Carabineros, Mario Rozas, ha señalado que "el narcotráfico es una grave actividad criminal que se debe prevenir y controlar con fuerza. Carabineros contribuye a la prevención del consumo y venta de drogas en las calles, pero también en la investigación de las organizaciones criminales que están detrás, y cualquier fortalecimiento de las herramientas para cumplir estos roles sólo beneficiará a la ciudadanía."
Entre los principales cambios está posibilitar, en casos calificados, la enajenación temprana de los bienes incautados, sin esperar la finalización del proceso penal como condición para iniciar los trámites. También establece que éstos podrán ser destinados a las unidades policiales que tengan por objeto el combate al narcotráfico, con el fin de optimizar su capacidad operativa y de respuesta. Asimismo, se incorporará a las automotoras y a las comercializadoras de vehículos motorizados nuevos o usados, al catálogo de personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades.
El proyecto de ley que inicia su trámite legislativo aumenta la pena para aquellas conductas que vulneren la integridad de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, se incrementa la sanción a quienes se valen de menores de edad para delitos relacionados al narcotráfico. Además, permitirá al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) destinar los recursos obtenidos de los bienes y valores decomisados a programas de prevención y rehabilitación contra la drogadicción y el alcoholismo. También se busca sancionar la acción de suministrar drogas a terceros sin su consentimiento, como el delito cometido a consecuencia de esta administración de sustancias prohibidas. Y castigará la cantidad y dosis de drogas, eliminando conceptos de calidad y pureza.
Lamentablemente, en los últimos años Chile se ha ido transformando en uno de los países latinoamericanos donde circula droga. La operación de grupos narcos trae consigo el desarrollo millonarias actividades de lavado de activos, por medio de inversiones inmobiliarias, compra y venta de vehículos, entre otros, por lo que se hacía necesario adecuar la legislación con el fin de atacar con más fuerza y con sanciones más duras a las organizaciones proveedoras de estas sustancias prohibidas. De allí que se pondrá el foco en estos grupos mayoristas y en la fiscalización de sus negocios relacionados, que les permiten los flujos de divisas para seguir operando a mayor escala.
Se incorporará a las automotoras al catálogo de personas naturales y jurídicas obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. El proyecto aumenta la pena para conductas que vulneren la integridad de niños y adolescentes.