Totalmente cubiertos con protecciones faciales llegaron ayer hasta el auditorio de la empresa estatal Puertos de Talcahuano el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, el alcalde Henry Campos, el seremi de la cartera, Sebastián Abudoj, y el gerente general de la firma, Rodrigo Monsalve.

Allí, en un hito que fue calificado como histórico por los participantes, el ministerio y la compañía estatal a cargo de los terminales de Talcahuano y San Vicente firmaron un contrato para extender de 30 a 41 años la concesión de los terrenos del ex Fuerte Benavente. De esta forma, el pacto tendrá vigencia hasta finales de 2059.

En total, se trata de 11 hectáreas que serán dispuestas con el objeto de potenciar el desarrollo logístico de la ciudad puerto y la Región del Biobío.

La entrega del área se gestó en el marco de las acciones de recuperación de la comuna tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 y se materializó a mediados de 2019 por 30 años. Sin embargo, dado que la operación del Puerto de San Vicente será concesionada nuevamente a partir del 1 de enero del 2030, era necesario que la administración del paño en cuestión se extendiera para coincidir con el término del futuro contrato.

"Estamos viviendo semanas complejas, no solo por la pandemia, sino que también por el impacto económico que esto ha tenido en las fuentes de trabajo. Pero hoy estamos contentos de entregar un inmueble fiscal, ya que esto significará un aporte concreto para la inversión y la generación de empleos", destacó el ministro.

IMPACTO

A través de la concesión, Puertos de Talcahuano tendrá la posibilidad de expandir la capacidad de almacenaje portuario, escenario que propiciará el desarrollo logístico y económico del sector y el comercio exterior. Eso sí, siempre y cuando se cuente con las autorizaciones y los estudios pertinentes para levantar la infraestructura necesaria.

"Al adquirir este terreno con la debida anticipación, nos permitirá entregar un proyecto con todos los permisos medioambientales para el próximo concesionario, de manera que sea una realidad. De esta manera, la Región estará preparada para enfrentar el comercio exterior de aquí a 50 años", sostuvo el gerente general Rodrigo Monsalve.

Una vez culminada la etapa de estudios y la solicitud de permisos, la firma piensa levantar allí infraestructura acondicionada para el acopio y la instalación de bodegas dentro del mismo recinto, a diferencia de otros puertos que mantienen estos espacios fuera.

Según Monsalve, esto último será clave en la disminución de las externalidades negativas para Talcahuano, especialmente en cuanto al flujo de vehículos. "Si ese espacio de acopio estuviera fuera del puerto, se generaría una mayor frecuencia de camiones. Ahora, si está al interior, el atochamiento es menos estresante para la ciudad", recalcó.

Consuelo Raby, presidenta del directorio de Puertos de Talcahuano, quien estuvo presente vía remota, acotó que el hecho de potenciar la capacidad de almacenamiento y transferencia de carga implicará "un gran beneficio económico general", tanto a nivel regional y de país.

MAYOR EMPLEO

La firma concretada ayer fue bien recibida por el alcalde Henry Campos, pues se enmarca "dentro de los anhelos de la ciudad", en el sentido de promover una mayor empleabilidad en la zona. "Nosotros somos puerto, y como tal necesitamos mantener esta cultura, a fin de continuar con la actividad económica para el país", aseguró.

Campos añadió que el 90% de la carga se desplaza a través de los puertos y que este movimiento representa cerca del 34% del Producto Interno Bruto (PIB) local. Por eso, puntualizó que el pacto en cuestión denotará en el futuro "que podamos tener terrenos para seguir desarrollando esta actividad".

En tanto, el seremi Abudoj coincidió y remarcó que la iniciativa tendrá un efecto en las familias que hoy están sufriendo a raíz de la emergencia por covid-19.

La definición de la entrega del área se gestó en el marco de las acciones de recuperación de la comuna tras el terremoto del 27/F.

España, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay se unieron ayer para demandar financiamiento internacional para los países de renta media, una situación económica en la que se encuentran muchos de los estados latinoamericanos.

Tras una conferencia telemática en que participaron los mandatarios de esas naciones, incluido el Presidente Sebastián Piñera, y dirigentes de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, los países firmaron una declaración conjunta en la que aglutinaron varias de las cuestiones tratadas. "Estamos viviendo tiempos de emergencia que exigen soluciones de emergencia y coordinación internacional", comentó el mandatario chileno a través de Twitter.

"momento histórico"

La declaración llama a las instituciones financieras a que "en este momento histórico" consideren "medidas adicionales de apoyo para ayudar a los países de América Latina y el Caribe, independientemente de su clasificación por nivel de renta y con especial énfasis en los más vulnerables, a superar con éxito esta crisis". El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que tales organismos deben ser "útiles y eficaces", para lo cual deben tener más recursos, y que para que sean "creíbles, deben disponer de una capacidad de respuesta acorde con el tamaño de los desequilibrios económicos y financieros que ha generado la emergencia sanitaria en América Latina y en el Caribe".

En "Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante el covid-19", los gobiernos participantes plantearon a las instituciones financieras internacionales evaluar articular y ampliar instrumentos de apoyo, tanto financieros como de asistencia técnica.

Proponen evaluar acciones dirigidas a dotar a los países del margen necesario para implementar medidas urgentes de respuesta y políticas contracíclicas, salvaguardando siempre la sostenibilidad de la deuda. Entre las medidas, mencionan ampliar el margen fiscal mediante préstamos de largo plazo en condiciones adecuadas, garantías para relanzar la actividad económica y estudiar posibles reestructuraciones de pagos de deuda, caso por caso, a países altamente endeudados como consecuencia de la pandemia; extender garantías para apoyar el financiamiento mixto de inversiones sostenibles; y crear mecanismos para estabilizar los flujos de capital.

Además, en orden a reforzar los sistemas de salud y de protección social, solicitan préstamos blandos, posibles donaciones bilaterales y reasignación de recursos previamente aprobados para financiar, entre otros: programas de reactivación productiva, incluida la mejora de la infraestructura fronteriza que fomente mayor integración regional; apoyo al empleo y fortalecimiento de los sistemas de protección social; y sostén a las micro, pequeñas y medianas empresas. También demandan asistencia técnica para fortalecer los sistemas de protección social, reforzar la capacidad de gestión y aumentar la progresividad de los sistemas fiscales, de forma que las políticas sociales sean aún más efectivas y orientadas a los más vulnerables y se mejore la eficiencia y calidad del gasto público.

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, dijo que "estamos de acuerdo en que esta crisis no puede caer nuevamente sobre los sectores más vulnerables y profundizar las desigualdades de la región". Reveló que una de las mayores preocupaciones es cómo los países van a poder ampliar su espacio fiscal para financiarse.

El Fondo Monetario Internacional redujo drásticamente su pronóstico de crecimiento económico mundial para este año, afirmando que el impacto del coronavirus será peor al que calculaba hace apenas dos meses.

El organismo pronostica ahora que la economía mundial se contraerá en 4,9%, comparado con el 3% que había publicado en abril. Sería la peor contracción económica en el planeta desde el término de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a Estados Unidos, se prevé una contracción de 8% en el PIB.

El FMI ofreció estas cifras al actualizar su Panorama Económico Mundial. En él, destacó que la pandemia ha afectado desproporcionadamente más a las personas de bajos ingresos, "lo que amenaza el progreso alcanzado en la reducción de la pobreza extrema en todo el mundo desde 1990". También pronosticó que más del 90% de los países en desarrollo sufrirán una caída de sus ingresos per cápita este año.

Para las 19 naciones europeas que usan el euro, el FMI pronostica una contracción de 10,2%; los países con las peores estimaciones son Italia y España, con 12,8% de caída.

Para América Latina y el Caribe, la actividad se desplomará 9,4% este año. "Prevemos que las dos economías más grandes, Brasil y México, se contraigan un 9,1% y un 10,5%, respectivamente, en 2020", detallan los expertos del FMI, que mencionan a Chile como una de las "contadas excepciones" de economías donde el PIB del primer trimestre no fue peor de lo previsto.

"Con la implacable propagación de la pandemia, las perspectivas de consecuencias negativas duraderas para los sustentos, la seguridad laboral y la desigualdad se han vuelto más desalentadoras", dice el FMI.

Apunta que el profundo declive económico traerá un "golpe catastrófico" al mercado de trabajo global. La reducción en horas de trabajo en el segundo trimestre es probable que sea equivalente a una pérdida de más de 300 millones de empleos a tiempo completo, estimó el organismo.