En medio de la pandemia y la crisis económica que nos aqueja, no debemos olvidar que los niños y las niñas son la población más vulnerable a estos eventos extraordinarios, pero también a la ordinaria contaminación del aire que están respirando día tras día.

Debemos enfrentar con más fuerza este problema y para ello debemos comenzar midiendo la calidad del aire que respiran niños y niñas de la Región del Biobío y de todo el país.

En América Latina existen enormes brechas en las mediciones que hacemos. Por ejemplo, Alemania o Canadá, tienen entre dos a cuatro estaciones de medición de calidad de aire por cada millón de habitantes, mientras que en Latinoamérica apenas hay 0,03 estaciones. Afortunadamente, Chile se encuentra por encima de ese escasísimo promedio, con cerca del 50% de la capacidad de medición de toda Latinoamérica (a pesar de que nuestro país cuenta con el 3% de la población regional).

Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se realizaron planes de descontaminación del aire en todo el país, que redujeron las concentraciones anuales entre un 25 y un 50%. En las ciudades con planes de descontaminación hubo una reducción de más de 450 mil consultas anuales de urgencia por enfermedades respiratorias (eso significa un 17% menos de consultas de urgencia). Hay que tener en cuenta que esta baja se obtuvo gracias a una reducción mucho mayor de las consultas de urgencia de niños y niñas.

Por eso, junto con el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estamos creando una red ciudadana que permita articular el monitoreo de la calidad del aire que respiran niños y niñas; la identificación de buenas prácticas; y la observación del impacto de estas acciones en la salud y en el bienestar infantil.

El proyecto se iniciará en varias comunas del país, incluida Coronel en la Región del Biobío y, posteriormente, se ampliará a otros países de América Latina. Este plan ciudadano, consiste en la instalación de medidores de material particulado fino en jardines infantiles, centros de salud, con el objetivo de comparar la contaminación a la que se exponen niños y niñas, en relación con lo que miden las estaciones oficiales de monitoreo.

La red ciudadana constará también de mediciones en otras zonas del país impactadas por diferentes industrias (Huasco, Quintero o Concón); y en zonas urbanas impactadas por transporte o leña, como Renca, La Pintana, Quillota, Placilla y Lo Barnechea.

Desde nuestra perspectiva, como Fundación Horizonte Ciudadano, son fundamentales estas acciones, así como seguir explorando la forma de hacer más efectivas las políticas que ya tiene el país para evitar que los pulmones más frágiles, los de nuestros hijos e hijas, no sufran por la contaminación.

En plena contingencia originada por la pandemia, muchos ciudadanos se escandalizan por la falta de solidaridad de algunos sujetos al no acatar las medidas de confinamiento. Sin embargo, tal conducta es racional desde la perspectiva económica.

Las conductas de los individuos generan externalidades, efectos externos que benefician o perjudican a terceros. Las personas confinadas en sus casas generan una externalidad positiva en el resto de la población al reducir la tasa de expansión del virus mientras que los "movilizados" ejercen una externalidad negativa en la sociedad.

Cuando el costo privado asociado a una determinada conducta es menor que su costo social y este costo social no es internalizado, se generan externalidades negativas.

La no internalización del costo social ocasiona que la acción tomada, privadamente, sea subóptima socialmente. Ese nivel inadecuado de movilidad se puede corregir exigiéndole al sujeto que daña una compensación o sanción de manera que se le obligue a considerar el costo social generado por su acción. El confinamiento total de la población no será un equilibrio mientras no exista una alta aplicación efectiva de sanciones.

La manera en la que las naciones afrontan la pandemia difiere no sólo por las diferencias en infraestructura y recursos sanitarios de los que disponen sino también por factores socioculturales.

Por un lado, la sociabilidad y el sentido colectivo propio de cada cultura juegan un rol significativo. Históricamente, los países anglosajones y nórdicos se han diferenciado por ser más individualistas, con círculos sociales más reducidos y relegados a un segundo plano. En cambio, en los países mediterráneos y latinos, la identidad colectiva está basada en la interacción en grupo.

Dado que el impacto del confinamiento sobre la vida cotidiana es mayor en los países con vínculos comunitarios más estrechos, el costo privado asociado al confinamiento es también mayor.

Por otro lado, la ética religiosa está correlacionada con el sacrifico societal. En la cultura anglosajona, y según la ética protestante, si una persona se enriquece en una sociedad, está moralmente obligada a responder ante ella. Esa obligación moral no existe en la ética católica. Esto implica que el grado de solidaridad ejercicio por los ciudadanos será mayor en los países protestantes.

Dado que ambos efectos se refuerzan mutuamente, las medidas de aislamiento social serán más difíciles de acatar y el contagio más difícil de contener en los países latinos y mediterráneos.

La necesidad de mantener el sistema procesal penal ininterrumpido ha llevado a los actores que participan en éste a realizar iniciativas que concilien la demanda de continuidad del servicio judicial y la adecuada protección de la salud de los intervinientes. Aparecen dentro de dichas iniciativas las denominadas audiencias virtuales, a través plataformas electrónicas como Zoom y Cisco Webex, entre otras.

La aplicación de tales herramientas ha generado una interesante discusión, en torno a la posibilidad real y efectiva de realizar bajo esa modalidad la audiencia de juicio oral, la que demandaría más esfuerzos, con el fin de que se respeten íntegramente los principios formativos del procedimiento, garantía sine qua non del debido proceso penal y del derecho a defensa.

Por lo mismo, conceptos como la contradictoriedad, o derecho a la confrontación; la publicidad, y la inmediación han debido ser objeto de reestudio a la luz de la utilización de las mencionadas plataformas.

Dicha discusión no es nueva en sistemas legales más proclives al uso de tecnologías. En efecto, en 1990 la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió el uso de circuito cerrado de televisión, indicando que con ello no se transgredía el principio de la contradictoriedad (Maryland v/s Craig).

Veamos, entonces, cómo nuestra nueva legislación trata estos principios y cuál ha sido la posición adoptada por nuestros tribunales, sobre todo frente a la renovación del Estado de Catástrofe.

En abril pasado se publicó la Ley 21.226 que otorgó a la Corte Suprema la facultad de suspender audiencias, cuando debido a las condiciones derivadas de la crisis sanitaria aquellas no puedan realizarse, por falta de bilateralidad, contradictoriedad, impulso procesal de las partes, publicidad y otras garantías básicas del debido proceso.

En definitiva, el juicio oral podría suspenderse por disposición de la Corte Suprema o del Tribunal Oral en lo Penal si es que por motivos derivados de la pandemia no se respetan los principios y garantías mencionadas. En tal sentido falló de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt (N° 145-2020) recientemente.

Luego entonces, si la suspensión del juicio oral está supeditada al respeto de los principios y garantías ya mencionados, debemos analizar si el uso de estas plataformas electrónicas permite la observancia de los mismos.

La Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo el recurso de amparo N° 129-2020 señaló que la realización de un juicio oral por medios tecnológicos no coarta la garantía de defensa del encardado. Y así quedó demostrado en un juicio realizado mediante videoconferencia en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, el 3 de junio, y donde se respetaron los principios ya mencionados.

Creemos, por tanto, que las herramientas con que cuentan estas plataformas aseguran, en tiempos de distanciamiento físico, el respeto a los principios y garantías procesales.

Resulta necesario abrirse al uso de tales tecnologías y que el sistema procesal penal vuelva a tener el rol innovador que exhibió hace ya 20 años, cuando dejó atrás la tramitación en papel.

Lunes 15 de junio: El Gobierno y la oposición lograron ayer un acuerdo para crear un fondo especial de US$12.000 millones, destinado a reactivar la economía y ayudar a las familias más afectadas por la pandemia del coronavirus, a través de, entre otras medidas, el incremento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $65.000 a $100.000 por persona. Tras 10 días de intensas negociaciones y luego de que se descolgaran algunos partidos de oposición, el oficialismo selló con el PS, PPD y DC el Acuerdo Covid para "la protección, la reactivación y la responsabilidad fiscal".

Martes 16 de junio: El presidente Sebastián Piñera decidió extender el estado de catástrofe a partir de hoy y por 90 días en el territorio nacional, así como mantener el toque de queda entre las 22 horas y las 5 de la mañana. Los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y de Defensa, Alberto Espina, dieron a conocer detalles en torno a este estado de excepción constitucional. La medida "obedece a la calamidad de la pandemia del coronavirus y su objetivo es proteger la vida de los chilenos", indicó el titular de Defensa y agregó que los próximos 90 días son "claves" en la lucha contra el covid-19.

Jueves 18 de junio: Desde el próximo lunes a las cinco horas, disminuirán de cinco a dos los permisos temporales semanales para realizar trámites indispensables o compras de insumos básicos en todas las comunas del país en cuarentena. La medida comprende, por tanto, a todas las comunas de la provincia de Santiago, a Puente Alto y otras de la Región Metropolitana; a Valparaíso, Viña del Mar, Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Calama y San Antonio; y a las que se sumarán al confinamiento desde este viernes a las 22 horas: San Felipe, Los Andes, Rancagua, Machalí y el área urbana de Curicó.

Miércoles 17 de junio: La subsecretaria general del gobierno municipal pequinés, Chen Bei, anunció en una rueda de prensa que la ciudad pasó ayer del tercer al segundo nivel de emergencia por coronavirus, con lo que, entre otras medidas, las comunidades de vecinos volverán a comprobar la identidad y el estado de salud de los residentes y a tomarles la temperatura. Luego de confirmarse 27 nuevos casos en la ciudad, asociados a un brote en el mercado Xinfadi el fin de semana, se procedió a la suspensión de todas las clases presenciales en educación primaria, secundaria y superior, y aconseja a los residentes trabajar desde el domicilio.

Jueves 18 de junio: Los líderes de una coalición que representa a comunidades de Pueblo, en Nuevo México, Estados Unidos, dijeron ayer que esperan que se pueda hallar una "resolución justa y significativa" a medida que los funcionarios del gobierno local consideren cómo manejar la creciente discordia sobre las estatuas de Juan de Oñate y otras representaciones del conquistador español del siglo XVI. Un hombre recibió un disparo y resultó herido el lunes por la noche en Albuquerque, la principal ciudad del estado, quedando en condición crítica pero estable.