Plan de emergencia por el empleo y reactivación
Un largo proceso de diálogo entre el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Hacienda ampliada, integrada por parlamentarios de oposición y el oficialismo, derivó -el domingo recién pasado- en la firma de un marco de entendimiento para el denominado Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo.
Se trata de una ambiciosa hoja de ruta que -lo más importante- permite una luz de esperanza en materia política, al reivindicar el valor del diálogo franco y la conversación que busca llegar a acuerdos. Algo que si bien es calificado por algunos sectores como "amarillismo", es -por lejos- uno de los factores fundamentales para el avance de una sociedad que funda sus bases en una democracia sólida y un desarrollo económico sustentable.
El acuerdo se basa en tres ejes fundamentales: un marco fiscal por 24 meses y consolidación fiscal a posteriori, la protección de los ingresos de las familias y un plan de reactivación económica y del empleo.
Todo esto, por cierto, sin perder de vista que la tarea más urgente es el necesario control de la pandemia, para comenzar a sentar las bases de la recuperación en pilares sólidos y minimizar el riesgo de posibles recrudecimientos de la crisis sanitaria. Por ello, lo acordado pone una importancia especial en el apoyo a las labores y articulación de la atención primaria, hospitales y autoridad sanitaria, cuidando de todos los pacientes -Covid y no Covid- para lo cual se constituye un Fondo II de Salud Covid-19 de $400.000 millones.
Bien vale recordar cuáles son los principios fundantes del acuerdo, sobre los cuales se comenzará a concretar el plan de corto y mediano plazo.
En relación al primer punto, se plantea que es necesario un nuevo marco fiscal para hacer frente a los graves efectos sociales y económicos del covid-19. Por lo anterior, se propone crear una nueva estructura legal que permita implementar, de forma transitoria y flexible, un programa fiscal adicional, de hasta un máximo de US$ 12.000 millones en los próximos 24 meses, dependiendo de los efectos económicos y sociales de la pandemia.
Esta nueva estructura legal será transitoria, y se extinguirá en un plazo máximo de dos años. Para este propósito se crea un fondo extrapresupuestario ("fondo Covid") desde el cual el Gobierno podrá ejecutar las distintas acciones para enfrentar la emergencia y la reactivación de forma flexible.
El financiamiento del fondo se realizará a través de aporte fiscal, el que a su vez tendrá su origen en transferencias del Tesoro Público, como fondos soberanos, y/o mayor endeudamiento público.
Un segundo eje es la protección de los ingresos de las familias y de los trabajadores. En ese marco, se crea el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2.0. un instrumento de emergencia que busca proveer ingresos a las familias e incentivar a que sus integrantes puedan respetar las cuarentenas y quedarse en casa. El acuerdo implica ampliar la cobertura del beneficio y así ayudar a hacer frente a las consecuencias de las medidas de confinamiento. El monto por persona será de $100.000, hasta una familia de 4 personas. A partir de ahí y por cada integrante adicional de la familia, el monto adicional seguirá la misma proporción que aplica al actual IFE ya legislado.
En este punto, se consideran además medidas como recursos adicionales para las Municipalidades, siguiendo criteros de vulnerabilidad y aporte a organizaciones sociales de la sociedad civil.
El tercer gran eje del acuerdo es impulsar la reactivación económica a través de planes de apoyo a los empleos y a la inversión. Para ello, se aplicará un fuerte impulso a la inversión pública a lo largo del todo el territorio y de potentes estímulos a la inversión privada. A su vez, se apuntará a generar incentivos a la contratación, apoyo al emprendimiento y a la reconversión laboral y productiva. Es muy positivo que en esta materia se haya establecido que se requiere un especial desarrollo en regiones, con foco en infraestructura hídrica, vivienda e infraestructura logística.
Un largo proceso de diálogo derivó en la firma de un marco de entendimiento que entrega una luz de esperanza en materia política, al reivindicar el valor del diálogo franco y la conversación que busca llegar a acuerdos por el bien de todo el país, más allá de las legitimas diferencias entre las distintas corrientes.