Proponen plantas modulares y desaladoras para reducir brechas en el acceso a agua potable
Para incentivarlas, se requiere de una política de Estado y de un marco normativo y regulatorio claro, con garantías e incentivos que hagan atractiva la inversión.
La crisis sanitaria generada por la presencia del covid-19 ha dejado al descubierto brechas de distinto tipo en nuestro país. Una de ellas es el acceso al agua potable, donde aún más de un millón de chilenos no cuenta con este servicio o es muy precario.
En las ciudades, o en las zonas más concentradas, Chile alcanza niveles comparables a la de los países Ocde, pero una situación diferente se vive en el mundo rural.
La forma principal de abastecimiento es el Programa de Agua Potable Rural (APR), cuya mantención y operación es estatal. Anualmente el Fisco destina a este ítem $141.000 millones.
El Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua indica que hay cerca de 1.902 sistemas de APR en el país, que abastecen a cerca de 1,7 millones de personas.
Por otra parte, la Fundación Amulen, que dedica su quehacer al desarrollo de comunidades vulnerables por medio del acceso al agua, mejorando su calidad de vida desde el uso, manejo y acceso a este recurso básico. Agrega que el 47,2% de la población rural (383.204 viviendas), no cuenta con abastecimiento de agua potable de manera formal. De ese porcentaje, el 58,8% se abastece de pozos, el 25,8% de ríos, esteros, canales o vertientes, mientras el 15,4% restante por camiones aljibes.
FALTA DE RECURSOS
Sin embargo, ahora, en medio de la crisis económica y la sequía, los APR está mostrando falencias. Según datos entregados por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), sólo el 30% estaría funcionando, ya que faltan recursos para reparar los equipos necesarios para su operación.
Así lo grafica la realidad de la Región del Biobío, que tiene 105 sistemas de APR que atienden a más de 100.000 personas. Además, a nivel regional, son poco más de 26 mil personas las que se abastecen a sus hogares mediante camiones aljibes.
Por ello es que el reclamo de la Asociación de Muncipalidades regional en torno a la lentitud en la instalación de APR ha sido constante. "La Dirección de Obras Hidráulicas -de una cartera de 250 proyectos- construía cuatro por año. Todavía se entrega agua con camiones aljibes. Esto es impresentable", ha dicho el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro.
Soluciones
Dependiendo de la realidad de cada zona, el abanico de soluciones para abordar el problema va desde plantas modulares para la potabilización y tratamiento, hasta la construcción de plantas desaladoras.
A juicio del gerente de Desarrollo de los Negocios de Agua de Acciona, Waldo López, la instalación de estos sistemas es abordable, pero debe ir acompañada de una capacitación para los usuarios, de manera que puedan operar estas plantas y mantenerlas.
En cuanto a la viabilidad económica de orientar las plantas desaladoras a consumo humano, esta dependerá de la ubicación y el grado de dispersión de los usuarios. Si se emplazan en zonas cercanas a la costa y a una cota de elevación aproximada de 100 m sobre el nivel del mar, es muy probable que se llegue a precios accesibles.
"Por el contrario, si los usuarios están muy alejados y en cotas muy altas, las infraestructuras necesarias para llegar a los puntos de consumo, incluyendo estaciones de bombeo con su consecuente consumo de energía, es muy probable que la viabilidad económica sea muy baja", comenta López.
Junto con estas alternativas, hay otras que deberían implementarse con anterioridad. Entre ellas, la captación de aguas lluvias, generación de agua potable por condensación de vapor atmosférico, reutilización de aguas residuales para infiltración de acuíferos y generar una matriz unificada de distribución de agua en diferentes zonas de la cuenca, menciona el jefe de Proyectos de Sustentabilidad de Fundación Chile, Gerardo Díaz.
INSTITUCIONALIDAD
AL DEBE
Un rol clave para avanzar en la disminución de las brechas en este ámbito, lo debe jugar la asociación público-privada. Sin embargo, para incentivarla, se requiere una política de Estado y de un marco normativo y regulatorio claro, con garantías e incentivos que hagan atractiva la inversión. Por ejemplo, actualmente en el país no existe una normativa clara para el reúso de aguas.
Cabe destacar que la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que le asigna la responsabilidad al MOP en cuanto al saneamiento en zonas rurales -donde la cobertura de alcantarillado no supera el 25%-, aún no está vigente, pues falta que la Contraloría tome razón del reglamento.
"Hay que agilizar y simplificar los procedimientos administrativos sobre la instalación de sistemas de agua potable rural, los cuales hoy deben tramitarse ante distintas autoridades y órganos con competencias sectoriales", explica el ex ministro de OO.PP. y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Hernán de Solminihac.
Asimismo, De Solminihac detalla que, para ampliar la cobertura de saneamiento, hay que establecer una regulación especial para los sistemas no concesionados, que aborde las condiciones particulares en zonas rurales, con el propósito de contar con mecanismos más ajustados a esa realidad, como las comunidades de alcantarillado y normas secundarias de calidad ambiental.
En cuanto al financiamiento y el rol del Estado, el ex subsecretario de OO.PP. y consejero del CPI, Juan Eduardo Saldivia, señala que "es necesario destinar más recursos estatales a las zonas rurales -donde dada la dispersión- las inversiones no pueden pagarse con tarifas razonables y accesibles para los habitantes de aquellos territorios".