Una seguidilla de reuniones y el despliegue por la provincia han marcado las primeras tres semanas de Óscar Muñoz al frente de la gobernación de Arauco. A su haber también se suman otros dos ataques incendiarios en esa zona en este mismo periodo.

Tras la renuncia de Bélgica Tripailaf, Muñoz asumió el cargo en medio de un incremento de los hechos de violencia en ese territorio. Una arista que ha sido uno de los principales puntos de trabajo, particularmente con el coordinador de la macrozona sur para hechos de violencia rural.

Ahora, radicado en la comuna de Lebu, el gobernador de Arauco abordó los principales desafíos que le aguardan para su gestión y también los avances que ha logrado con algunos de los alcaldes de las siete comunas de la provincia, pese a que su llegada generó reparos entre algunos de los jefes comunales. "Esto ha sido de harta pega y con mucho diálogo", afirmó.

-Al principio hubo críticas respecto a que usted no es de la provincia por una falta de conocimiento de la realidad del territorio. ¿Cómo tomó esos reparos?

-Uno no va a ser moneda de oro de todas las personas. Acá es el Presidente quien designa estos cargos y eso puede generar distintas opiniones. Yo quiero trabajar y después mostrar los resultados más allá de los prejuicios.

-Desde que asumió en el cargo ya son dos los ataques en la zona sur de la provincia. ¿Cuál es el panorama con el que se encontró en materia de seguridad?

-Los hechos de violencia son menos, pero los que han ocurrido son más graves en relación con años anteriores. Tenemos el autobomba o esas fotografías con la incitación a la violencia que se difundieron, situaciones que no se habían dado con anterioridad.

-Y bajo esta perspectiva. ¿Ya hay una definición del foco en materia de seguridad y violencia rural?

-Nosotros hemos establecido un contacto estrecho con Francisco Merino, quien está encargado de la coordinación de seguridad macrozonal en aquellos territorios donde hay violencia rural. Todos meses se realizan reuniones con los gobernadores de las distintas provincias y el ministro del Interior. En este sentido se están cambiando las estrategias, desde lo policial a lo judicial y también en la prevención.

-Los análisis y las nuevas estrategias tienen una larga data y en paralelo los episodios se mantienen con mayor violencia, incluso con la aparición de nuevos grupos. ¿Cree que ha fallado la inteligencia en la zona?

-El gobierno puso suma urgencia al proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del país. Hay cambios que son más profundos que un cambio de estrategia o cambio de rostro. Sin embargo hay que considerar que la inteligencia es información para la toma de decisiones.

-Frente a la irrupción de este coordinador macrozona. ¿Ya se definió el límite entre la función del gobernador, que en esencia está encargado del orden público y seguridad?

-Una cosa es la violencia rural y otra es la seguridad pública. El coordinador no tendrá más atribuciones que el gobernador y la principal función es articular el trabajo entre las tres regiones de la macrozona desde un punto de vista político. El objetivo es llegar de forma directa a las policías y las distintas entidades para ir generando las nuevas estrategias. Eso ya ha significado la detención de algunas personas.

-Pero esas detenciones son por delitos menores y no los de mayor connotación. ¿Cómo se va a trabajar para dar con esos grupos que reivindican la violencia?

-Eso es parte del trabajo que debe realizar el coordinador en conjunto con los gobernadores, las policías y el Ministerio Público. No sacamos nada si hay un buen trabajo policial si no hay coordinación con la Fiscalía y con el Poder Judicial por cierto.

-El alcalde de Tirúa planteó una serie de reparos en materia de delitos comunes, sobre todo en la zona sur. Incluso acuso de nulas acciones. ¿Cuáles son los desafíos en esa área?

-Se ha desarrollado un trabajo con la Prefectura de Carabineros en Arauco para aumentar las fiscalizaciones respecto al toque de queda, luego que algunos alcaldes plantearan su preocupación por este tema. A la fecha ya tenemos 418 detenidos. Se está trabajando con distintas organizaciones de la provincia para ver este tema.

-El ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, inició un trabajo con víctimas de violencia rural y anunció una serie de recursos para esa zona. ¿Hay avances para retomar ese trabajo?

-Hay harto trabajo en esta materia que se estaba desarrollando y que por supuesto nosotros seguiremos dando curso. El Centro de Apoyo a Víctimas está operando para lo que se requiera y en paralelo se está trabajando en la implementación de recursos tecnológico, como cámaras de seguridad, en aquellos sectores de mayor violencia. Acá no hay nada a lo que se le dará término.

Dos meses alcanzó a durar la estabilidad en Renovación Nacional (RN). El 14 de marzo, y tras un año marcado por pugnas internas, la tienda finalmente menguó los ánimos y eligió como nuevo presidente local al concejal de Hualpén Felipe Rodríguez, en desmedro del otrora extimonel y candidato Claudio Eguiluz, quien fue condenado por delito tributario en el caso SQM.

Eso sí, luego de que esta semana Diario El Sur hiciera pública la formación del Partido Conservador Cristiano que lidera Antaris Varela, una de las asesoras parlamentarias de la diputada Francesca Muñoz -esposa del seremi de Salud, Héctor Muñoz, también RN-, un grupo de 28 militantes firmó una denuncia en contra del matrimonio ante el Tribunal Supremo. Esto, con el objeto de que se esclarezcan eventuales irregularidades en el financiamiento de la colectividad cristiana. La acción también involucra al actual líder regional por un supuesto caso de maltrato verbal en contra de la concejala hualpenina Érika Beltrán.

Daniel Gutiérrez, secretario regional de RN, aseguró que, al estar involucrada un miembro del Congreso, debería ser el Tribunal Supremo el órgano que se pronuncie directamente sobre el requerimiento en cuestión y no el Tribunal Regional. Junto con ello, espera que la instancia pueda adoptar alguna determinación, a más tardar, dentro de junio.

"Junio es una buena fecha, ya que se nos vienen las candidaturas municipales y, si esta gente está armando otro partido, que no sabemos cuáles son sus fines, puede haber interferencia en la elección de algunos candidatos, cosa de ser electos y después ser llevados a esa colectividad", comentó.

En tanto, el consejero regional Patricio Lara, otro de los firmantes de la presentación, sostuvo que a propósito de los dos casos "lo ideal es que el Tribunal Supremo informe alguna resolución lo antes posible, pues eso ayudará a aclarar la situación y despejar todas las dudas que pueden haber".

Según la página oficial de RN, el Tribunal Supremo está compuesto por siete personas. David Huina es su presidente.

CONFLICTO ARTIFICIAL

Si bien aclaró que por recomendación de su abogado no emitirá declaraciones sobre la acusación en particular, Felipe Rodríguez calificó la acción emprendida por sus compañeros como "un conflicto artificial", originado por personas ligadas a Claudio Eguiluz.

"Todos estos militantes que firman son seguidores incondicionales de Eguiluz, y hay que entender que aquí se está creando un conflicto artificial y están tratando de llevar la ingobernabilidad al partido. No aceptan que él haya perdido la elección interna conmigo. Son unos malos perdedores", remarcó.

Agregó que este escenario no es nuevo, ya que la gente cercana a Eguiluz habría actuado de la misma forma con otros miembros que han tenido la posibilidad de ganar al también exvicepresidente nacional de RN. Por esto, dijo que "no hay que dar más tribuna a una persona que está cuestionada en el mundo político por las boletas de SQM y su falta de ética. Claudio Eguiluz es un cadáver político, pero no se da cuenta", puntualizó duramente.

La diputada Muñoz, en tanto, aseguró que, al estar el país en un contexto de crisis sanitaria, "no corresponde que yo me refiera a esta pelea artificial, porque todos los sectores deberíamos estar enfocados en la salud de los chilenos".