Por esteban vega garrido

Por dos días, a partir de hoy, se extenderá la visita del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, en medio de las denuncias por presuntos abusos sexuales cometidos en contra de niños y niñas en una residencia de Hualpén. A esta se suman nuevas acusaciones por eventuales irregularidades al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Biobío y que se han conocido esta semana.

El secretario de Estado compareció ayer ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, instancia donde confirmó su viaje a la zona para interiorizarse sobre el funcionamiento del organismo y reunirse con la directora de Sename, Ximena Morgan y el seremi de Justicia, Sergio Vallejos, cuyas permanencias en los cargos han sido cuestionadas desde distintas esferas políticas.

Ayer, en medio del desarrollo de la comisión, el diputado UDI Sergio Bobadilla reveló distintos episodios que habrían ocurrido en otra residencia de Concepción. Situaciones que involucrarían posible compra y consumo de drogas con autorización de funcionarios del centro Castellón.

Asimismo, la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, entregó a la Brigada de Delitos Sexuales nuevos antecedentes vinculados a la residencia Nido. (Ver subtema).

Visita inspectiva

Si bien la comisión consideraba ayer la declaración de Ximena Morgan, fue el ministro Larraín quien explicó las distintas medidas que la cartera de Justicia ha aplicado desde el 14 de abril en adelante, luego de que se conocieran las denuncias por presuntos abusos sexuales al interior de la residencia Nido en Hualpén.

Fue en ese contexto en que el titular de Justicia confirmó su visita a la zona en medio de las distintas denuncias. "Resuelta la situación de los niños y los procesos juidiciales de investigación, viene ahora una evaluación de lo que ha pasado para poder tomar otras medidas administrativas que nos permitan asegurar la situación del centro cerrado y de los otros donde están los niños", indicó.

Larraín agregó que "queremos ver qué dificultades está teniendo esta región. Tenemos información de algunos (centros) no todos. Hemos conocido nuevos antecedentes y veremos qué acciones se han tomado y si se conocían. Acá necesitamos conocer la verdad de lo ocurrido".

Una de las medidas que se dieron a conocer ayer fue el inicio de un sumario para establecer responsabilidades por las fiscalizaciones, o la falta de las mismas, respecto del funcionamiento del organismo colaborador. "El objetivo es saber qué pasó, porque si estas situaciones se conocieron recién el 13 de abril las preguntas son: ¿No habían antecedentes anteriores? ¿Qué pasó con las supervisiones. Eso se busca aclarar", cuestionó.

El ministro de Justicia comentó además que el Consejo de Defensa del Estado solicitó los antecedentes al Ministerio Público para evaluar si se hace parte o no de las acciones legales.

Consumo de drogas

El diputado por el distrito 20, Sergio Bobadilla, participó ayer en la comisión de DD.HH., en donde reveló una serie de denuncias de un grupo de funcionarios por irregularidades y eventuales delitos cometidos en otro centro vinculado a Sename en Concepción. Antecedentes, que de acuerdo a la solicitud del parlamentario, serán entregados al Ministerio Público.

"Un funcionario acusa a otro de haber facilitado dinero a niños y haberlos dejado salir a buscar drogas. Nunca hubo una respuesta de la directora de la casa Castellón en Concepción. Se hizo una denuncia, pero además se descubrió que el mismo funcionario involucrado le depositaba dinero a otro adolescente", relató Bobadilla.

Otra de las situaciones presuntamente ocurridas en la misma residencia daría cuenta del extravío de un computador fiscal nuevo. La situación nunca fue denunciada, indicó el diputado. "En esta misma casa se robaron alrededor de 800 pastillas psicotrópicas, situación que fue advertida a la directora (A.S) y quien respondió que el hecho debía ser resuelto entre los funcionarios para evitar un sumario", agregó.

El resto de los casos dan cuenta de problemas administrativos y presuntos nombramientos irregulares de funcionarios.

Piden salidas

El diputado RN, Leonidas Romero, también intervino dentro de la comisión. En su declaración solicitó que el Gobierno concrete las salidas tanto de la directora de Sename Biobío como del seremi de Justicia, Sergio Vallejos. "Los funcionarios públicos están obligados a actuar frente a un delito. Acá han pasado semanas y ellos no han hecho nada", afirmó.

La postura fue apoyada por la diputada Humanista Pamela Jiles.

La comisión de DD.HH. acordó ayer revisar la legalidad para la instalación, transitoria, de una comisión investigadora por los casos ocurridos Hualpén.

Tras los últimos hechos de violencia en la provincia, entre ellos un homicidio en San Pedro de la Paz, autoridades anunciaron patrullajes mixtos en la zona para reforzar la sensación de seguridad entre la población y disminuir los índices delictuales en puntos de mayor conflicto.

La estrategia contempla el trabajo de personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), confirmaron ayer durante un comité regional de seguridad pública realizado en la Intendencia del Biobío.

El intendente Sergio Giacaman destacó que pese a las la baja en las cifras de delitos durante el último mes, se decidió reforzar las rondas, con especial atención en sectores residenciales. La autoridad regional fue acompañada por el jefe de zona policial Biobío, general Luis Humeres; el jefe de la octava zona policial de la PDI, prefecto inspector, Hugo Ruiz y el contraalmirante de La Armada, Patricio Espinoza.

De acuerdo a las estadísticas de Carabineros, los delitos violentos cayeron un 16,6% y no violentos un 19% durante los últimos 28 días. El robo en lugar no habitado fue el ilícito que registró mayor alza (29%) las últimas semanas, según las cifras policiales.

Trabajo focalizado

Tras la reunión realizada la mañana de ayer, Giacaman detalló que las estrategias incluirán el trabajo de personal de las distintas instituciones que participaron del encuentro. "Vamos a realizar un trabajo mixto entre las Fuerzas Armadas y de Seguridad a través de operativos nocturnos, los cuales se realizarán en las distintas comunas de nuestra Región. El objetivo es poder reforzar la seguridad particularmente en los sectores residenciales", detalló.

Si bien no se detallaron los puntos donde se desarrollarán los controles, el intendente precisó que San Pedro de la Paz será una de las comunas focalizadas. "Es una de las comunas que queremos abordar el cuándo es parte del trabajo que se va a realizar junto a las policías y Fuerzas Armadas", indicó.

Frente a los últimos hechos de violencia en la comuna sampedrina, el general Humeres sostuvo que se están haciendo revisiones de las estrategias. "Vamos a seguir trabajando estrategias, que esperamos den resultado en el corto plazo", señaló.

Andrés León, director de seguridad pública en San Pedro de la Paz, destacó que el municipio ha colaborado de forma preventiva en algunos barrios para disminuir la comisión de delitos dentro de la comuna. "Este anuncio es positivo, porque viene a reforzar aún más la posibilidad de que los organismos puedan coordinarse y de esa manera brindar tranquilidad a la población", señaló.

El jefe de la PDI local, Hugo Ruiz, relevó que a la fecha han realizado más de 1.600 fiscalizaciones.

La Corte de Apelaciones de Concepción acordó reiniciar, desde el próximo lunes 11 de mayo, el funcionamiento de sus seis salas bajo sistema de videoconferencia.

El trabajo se había limitado a un máximo de cuatro salas en medio de la contingencia sanitaria por el covid-19, desde el 18 de marzo pasado.

La medida acordada por el pleno del tribunal de alzada, fue anunciada por la presidenta del organismo, Vivian Toloza, quien destacó que se analizarán causas de todas las materias y que se suplirán las tres vacantes de los ministros Freddy Vásquez, María Leonor Sanhueza y Patricia Mackay, con fiscales judiciales y abogados integrantes, con el objetivo de reforzar el servicio judicial.

Toloza indicó que "hasta este momento se habían visto de forma preferente las materias establecidas por el acta 53 de la Corte Suprema, por lo que desde este lunes se retomarán causas Civiles, Tributarias, de Derechos Humanos, de Policía Local, entre otras. Además, habrá un tribunal especial que se va a dedicar a ver recursos de protección por alza de planes de isapres".

Hasta mañana fue ampliada la detención de los dos imputados que la noche del martes fueron detenidos en San Pedro de la Paz, por su presunta responsabilidad en la muerte de un trabajador en dicha comuna.

La petición de extender la detención del imputado, la realizó el fiscal Paolo Muñoz, considerando que existen diligencias pendientes y el informe de autopsia del SML.

Luego de intensas diligencias, la PDI logró la detención de dos hombres acusados de esta involucrados en la muerte de un guardia en San Pedro de la Paz.

Según lo indicado por el subprefecto Jorge Abatte, jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción, tres individuos ingresaron a la fábrica a robar y atacaron a la víctima en su pecho con un arma blanca.

La víctima fue llevada al SAR de Candelaria donde se constató su muerte. Los detenidos tienen antecedentes por otros delitos.