Por nicolás álvarez arrau

Por más de una hora estuvieron reunidos la tarde del lunes y de manera virtual tres alcaldes de la Región del Biobío y el intendente Sergio Giacaman. Si bien la cita había sido agendada con anterioridad, sirvió también para abordar el contenido de la carta que este fin de semana hicieron pública 26 jefes comunales de la zona.

A través de la misiva, los alcaldes expusieron su descontento a la autoridad regional debido a la falta de injerencia en la elaboración de planes de emergencia y en la distribución de recursos para combatir los efectos del covid-19, como los $7.500 millones aprobados por el Consejo Regional a principios de abril y que fueron asignados para ayudar a los municipios en tres áreas: salud, fomento y social.

En relación a las observaciones expuestas durante los últimos días, la reunión "representó un avance", según dijo ayer el presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío y alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, quien estuvo acompañado de sus pares Hugo Inostroza (Nacimiento) y Pablo Vegas (Los Álamos), representantes de las provincias de Biobío y Arauco, respectivamente.

"El intendente quedó de contestarnos la carta y otros requerimientos planteados. Estamos a la espera de ello, pero tengo confianza de que eso pueda ocurrir, pues se trata de peticiones sensatas", remarcó Retamal.

El jefe comunal de Nacimiento, en tanto, puntualizó que hoy la discusión está centrada, principalmente, en los recursos que pueda brindar el Gobierno Regional, más allá de los fondos regionales de inversión local (FRIL) o del rol de los servicios de salud o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). En ese sentido, y en consonancia a lo expuesto por el alcalde de San Pedro de la Paz, Inostroza se mostró optimista, pues el intendente "comprometió su voluntad" de coordinar los aspectos planteados.

"Es distinta la mirada que se puede tener desde la Región a la mirada que tenemos los alcaldes, que conocemos la realidad de nuestras comunas. Aunamos criterios en varios temas que fueron positivos, porque el intendente manifestó su voluntad de focalizar esta entrega desde el Gobierno Regional, pero en coordinación con los municipios", celebró Inostroza.

Si bien los recursos visados por el Consejo Regional aún no puestos a disposición, desde Intendencia aseguraron que ya se cuenta con la firma de resolución por parte del Ministerio del Interior.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Consultado al respecto, el intendente Sergio Giacaman aclaró que, efectivamente, tras esta reunión se acordó llevar adelante un trabajo más coordinado con los alcaldes. Eso sí, la autoridad explicó que hay que considerar algunos aspectos desde el punto de vista de la eficiencia.

"Los más eficiente es que sea uno el que compre los insumos, y ahí estamos nosotros, pero la entrega se debe hacer absolutamente coordinada", afirmó Giacaman.

La autoridad ejemplificó que, en el caso de los alimentos por concepto de ayuda social, estos serán comprados por volumen por parte de la Intendencia y distribuidos en coordinación con los equipos municipales. "Eso hay que hacerlo, naturalmente, de la mano con los municipios", sostuvo.

Se espera que el próximo lunes la Intendencia dé mayores detalles a los alcaldes sobre la ejecución de estos fondos y la coordinación de los elementos que serán distribuidos en las comunas.

En la cita, el intendente también dio cuenta a los tres alcaldes sobre los más de $17 mil millones entregados a las comunas por parte de la Subdere y el Ministerio de Salud, así como de la inyección de otros $3.200 millones por concepto del adelanto de las firmas de los proyectos FRIL.

SUBDERE

A diferencia de sus pares de San Pedro de la Paz y Nacimiento, el alcalde Pablo Vegas mantuvo incertidumbre respecto al panorama económico de las municipalidades, sobre todo en la Provincia de Arauco. El jefe comunal de Los Álamos y vicepresidente de Arauco 7, aseguró, por ejemplo, que aún es necesario que el seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, visite esta zona, con el objeto de realizar una bajada informativa sobre la distribución de los recursos regionales para la emergencia.

El alcalde planteó también que, actualmente, "no vemos una herramienta directa de inyección de recursos en las municipalidades, y esa es mi preocupación". Con ello, Vegas hizo un llamado para que el intendente aclare cuándo y qué montos serán otorgados desde la Subdere.

"Sería conveniente que el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, viajara a la zona y estuviera con nosotros. Eso sería bueno para tener las directrices de cómo viene este año y qué ajustes tenemos que hacer, porque cada municipio está haciendo esfuerzos sobrehumanos", cuestionó.

La mayoría de las administraciones locales del Biobío ya inició recortes en algunas de sus partidas con el objeto de generar ayudas sociales, a la vez que solicitan un mayor pronunciamiento del nivel central en cuanto a la entrega de recursos frescos y una participación más directa en la distribución de los fondos.

Ante el panorama de emergencia por el covid-19, el diputado socialista Gastón Saavedra ya inició conversaciones con diferentes alcaldes para conocer sus inquietudes.

-¿Qué le dicen los alcaldes respecto a esta crisis económica?

-La situación presupuestaria se les está complicando en demasía, a tal punto de realizar modificaciones presupuestarias. Es más, anoche, por ejemplo, conversé con el alcalde de Santa Juana (Ángel Castro). Esta comuna está gestionando un préstamo, es decir, va a hipotecar en la banca su presupuesto futuro para tener recursos frescos y poder enfrentar esta crisis sanitaria.

-¿Cree que esta determinación se podría replicar en las demás comunas?

-Evidentemente. Cuando ya no les queden más salidas, ¿cuál será el camino? Obviamente, van a tener que ir a hipotecar bienes públicos. Ellos (Santa Juana) ya tienen el acuerdo unánime del Concejo Municipal para poder llegar a esta situación. Cuando un alcalde y un concejo se ve agobiados y sin una luz en el futuro, el camino más cercano es esto, pero no es la mejor fórmula.

-¿Qué panorama avizora para las comunas a propósito de realidades como esta?

-Los préstamos hay que pagarlos, eso no será gratis. No solo se hipoteca el presupuesto, sino que la acción municipal en beneficio de la comunidad.

-Los alcaldes han solicitado una mayor injerencia en la distribución de los recursos ante la emergencia. Sin embargo, ¿no considera que, justamente, esta es una labor que le compete puntualmente al Gobierno Regional?

-El Gobierno Regional tienen un rol, pero los municipios otro. Entonces debemos escuchar la voz del pueblo a través de los municipios, para que haya más certeza. Cada comuna es distinta y hay programas que se levantan desde los equipos municipales y que requieren ser vistos.

-¿Qué ha hecho usted desde su rol parlamentario para ayudar a evitar una debacle financiera en los municipios?

-Estoy buscando relaciones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para que, efectivamente, haya una actitud distinta y se llegue a un punto en donde haya un suplemento a través del Fondo Común Municipal. Veo esa salida porque hay que entregar recursos frescos.

PROTECCIÓN AL EMPLEO

-¿Cuál es la mayor falencia de la Ley de Protección al Empleo?

-El Gobierno, más que ver las dos partes de esto, hizo la opción por no proteger el empleo, sino que más bien a las empresas. Tengo esa impresión y esa es la principal debilidad. Aquí son las familias las que sufren los efectos de este tipo de políticas (...) Aquí las grandes empresas han usado esta ley y se han repartido utilidades.

-¿Por qué eso no se previó antes? Uno espera que este tipo de cosas sean advertidas en el trámite legislativo…

-Nosotros advertimos esto siempre y siempre lo estuvimos diciendo. Nuestras votaciones tienen que ver con esto.

-¿Qué medida se tomarán al respecto desde el Congreso para evitar que vuelvan a suceder casos como los de Cencosud?

-Hoy (ayer) votamos en la comisión mixta que ninguna empresa que tenga utilidades pueda hacer uso de la ley, porque están manifestando que están bien financieramente y, al mismo tiempo, están haciendo pagar el costo de la crisis a los trabajadores.

Durante la tarde ayer se aprobó en el Congreso, con 126 votos, el Proyecto de Resolución 723, presentado por el diputado RN Leonidas Romero, en septiembre del año pasado. En la iniciativa se solicita al Presidente de la República aplicar la normativa legal y exigir al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte en las investigaciones judiciales que se llevan a cabo por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, por supuestas irregularidades cometidas en ENAP y que habrían significado pérdidas por US$5 mil millones.

La iniciativa surgió tras la existencia de tres informes finales de Contraloría, relacionadas con estas acciones. El diputado, indicó por lo que la votación significa un triunfo y "un acercamiento al fin de la corrupción dentro de la estatal, donde debido a su mal manejo". Recordó que ha solicitado la renuncia de Loreto Silva, presidenta del directorio.