por javier martínez gutiérrez

Con la irrupción del covid-19, el uso de insumos médicos está generando muchos desechos que de no ser tratados de manera adecuada, podrían ser delicados o perjudiciales para el entorno. Por eso, según especialistas en la materia, el país ha adoptado desde hace un buen tiempo las medidas para evitar riesgos para la población.

Es así que Jorge Canals de la Puente, licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho UC-LLM Mención Derecho Regulatorio y exsubsecretario de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet, indicó que antes de la vigencia del actual Reglamento de Residuos de Establecimientos de Atención de la Salud (Reas), estos eran generalmente tratados, dado que aproximadamente el 50% de ellos se disponen inadecuadamente en vertederos o rellenos sanitarios, con los eventuales riesgos para la salud pública, con la potencial propagación de enfermedades infecciosas y riesgos por accidentes con objetos cortopunzantes.

EXIGENCIA

De igual forma, apuntó a que muchos establecimientos poseían sistemas de incineración propios para el tratamiento de estos residuos, los que mayoritariamente se encuentran hoy clausurados por no alcanzar las temperaturas adecuadas para el tratamiento y por carecer de los sistemas de filtros exigidos.

"Con la vigencia del reglamento, la exigencia de un tratamiento especial para este tipo de residuos, su segregación y la aplicación de medidas para prevenir y controlar los riesgos provenientes de esos desechos respecto de sus usuarios, de quienes se desempeñan en ellos o que participan directamente en el manejo de los mismos y de la población en general, ha implicado una mejora importante, como por ejemplo, la exigencia de contenedores rígidos para los objetos cortopunzantes, la segregación en contenedores separados, debidamente rotulados y planes de manejo, entre otras cosas", explicó.

Eso sí, dijo que hay que considerar que hasta la presente contingencia el problema con los residuos especiales, es decir, aquellos sospechosos de contener agentes patógenos en concentración o cantidades suficientes para causar enfermedad a un huésped susceptible, no era la cantidad que se genera, dado que aproximadamente el 80% de los Reas no constituyen riesgos para la salud de la población.

En consecuencia, Canals señaló que existen las instalaciones aprobadas sanitaria y ambientalmente para su tratamiento y disposición final (en tanto existe la posibilidad de rellenos sanitarios, de acuerdo al reglamento) sin perjuicio de que se constata periódicamente su depósito ilegal en espacios no habilitados para ello (carreteras, vertederos ilegales, etcétera), y no obstante que muchas veces las condiciones de los lugares autorizados han sido objetos de denuncia y fiscalización de las autoridades con competencia (Superintendencia de Medio Ambiente y Seremis de Salud, según sea el caso).

ADECUADOS

A su vez, Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (Anir), organismo que reúne a 29 socios de diferentes áreas, agregó que Chile sí cuenta con los vertederos adecuados para desechos médicos, sobre todo ante la irrupción del coronavirus en el país y los restos de las 8 millones de dosis contra la influenza que espera inocular el Gobierno. Aún así, afirmó que no existe fiscalización efectiva.

"Los residuos hospitalarios o clínicos cuando se llevan directamente a un relleno sanitario nunca dejan la peligrosidad, solo la pierden cuando cumplen una etapa previa, que es el tratamiento en plantas especializadas que puede ser de tres tipos: Esterilización en autoclave (maquinarias que trabajan a 141°C sometidas a test periódicos para verificar su efectividad), la esterilización por microondas y la incineración", detalló.

Para enfrentar la situación actual, sostuvo que se trabaja con la esterilización industrial de forma trazable, o sea, de qué recinto salen y qué residuo es, en este caso Covid-19, y luego de ser tratada su peligrosidad, esta baja y se transforma en un residuo asimilable al domiciliario que se lleva a un relleno sanitario para su disposición final, como cualquier basura. "Como Anir consideramos que todos los desechos derivados de este virus debieran ser enfrentados de esta forma", estimó.

En todo caso, afirmó que existen lugares apropiados ambientalmente y suficientes para observar estos desechos, como plantas en Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Temuco, en donde hay maquinaria de incineración y/o esterilización. También disponen de plantas de transferencia de residuos, es decir, donde se acopia y transporta el material en Concepción y Puerto Montt.

POLÍTICA DE ESTADO

Canals agregó que para todo esto se requiere una política de Estado, pero además de la fiscalización habitual de las instalaciones de tratamiento y eliminación de estos residuos especiales, la actualización de los planes de manejo y contingencia de los establecimientos de acuerdo a las actuales circunstancias y, especialmente, la concientización y educación de todas las personas que van a hacer cuarentena en sus domicilios para el manejo de los residuos que van a generar, donde recién estamos iniciando una política de separación en origen que no se implementa en todos los hogares.

Navech sumó que dada la actual situación se requiere una actualización del Decreto Supremo N°6, ya que se debiera regular para que no se transporten los residuos de recintos hospitalarias directamente a celdas en los rellenos sanitarios. Esto quiere decir que hoy es posible que sean enviados sin pasar por tratamientos previos, manteniendo la clasificación de peligrosidad del residuo.

En marzo se registró un fuerte aumento del monto de la deuda de las empresas, que se acogieron a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (ex Ley de Quiebras).

Ese mes la deuda promedio de las empresas llegó a $63,2 millones lo que representa un alza de 43,7% respecto a los $43,9, millones registrados en enero. Durante el primer trimestre del año, el promedio de la deuda de las empresas se ubicó en $40,7 millones.

Así lo reveló el "Barómetro de la Deuda" del primer trimestre de 2020, que lleva adelante Defensadeudores.cl en conjunto con la Universidad de Playa Ancha y que recoge el nivel de deudas que presentan las personas y empresas, que decidieron acogerse al procedimiento de liquidación voluntaria establecido en la Ley 20.720 durante ese período.

Para el abogado fundador de Defensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez, las cifras del primer trimestre reflejan el golpe que sufrieron algunas empresas post 18 de octubre.

"Es posible que estos números sigan escalando, porque los próximos meses serán los más duros para las empresas. Vemos un escenario de mayor morosidad, porque tenemos pymes han cerrado por el covid-19 y no están generado ingresos. Muchas de ellas ya venían golpeadas por las manifestaciones sociales", aseguró.

En el caso de las personas, el análisis dio cuenta de que aquellas que realizan el procedimiento de liquidación voluntaria tienen una deuda promedio de $29,4 millones. "Si llevamos la cifra al ingreso promedio mensual de $ 573.964, informado en la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, correspondería a más de 51 ingresos promedio", graficó el abogado Ricardo Ibáñez.

Añadió que "haciendo el mismo ejercicio con el ingreso mínimo de $301.753 líquidos, corresponde a más de 97 ingresos mínimos. Por lo tanto, una persona que recibe el ingreso mínimo tendría que pagar su ingreso de manera íntegra durante ocho años para lograr pagar el monto de deuda promedio que tienen las personas que se liquidan".

A raíz de la contingencia global por covid-19, Cabify ha diversificado su oferta a través de la creación de la categoría "Envíos", funcionalidad que ahora llega a Concepción. El servicio permite llevar desde un punto a otro, diferentes productos de restaurantes, comercio, farmacia o paquetería corporativa, sin necesidad de un usuario a bordo.

El sistema tiene la característica de que el servicio lo pueden realizar todas las categorías de autos de la aplicación. La funcionalidad permite que el usuario, ya sea particular o corporativo, solicite el servicio señalando el punto de retiro y entrega del producto, y una vez aceptado el viaje por el conductor, debe enviarle un mensaje para entregar la información relacionada al nombre y teléfono de la persona que recibe el envío.

Ignacio Gutiérrez, country manager de Cabify Chile, explicó que "como empresa de transporte sentimos la necesidad de adaptarnos a la contingencia para apoyar a miles de socios conductores, usuarios, empresas y comercios. Por este motivo, nos diversificamos y se creó 'Envíos', que ahora habilitamos en Concepción".

Añadió que la categoría "también es un apoyo para que los socios conductores puedan seguir generando ingresos".