Expertos valoran idea para proteger a 1,2 millones de trabajadores a honorarios
Se tratará de un seguro compatible con otros pagos, como el de pensiones o los beneficios del de Cesantía. Objetivo es que por cada boleta se retenga un 0,4% para futuras ayudas.
Como una idea positiva para los trabajadores que no se encuentran en una relación laboral (contrato de trabajo) por la naturaleza de sus funciones, pues de esta forma existirá una igualdad en la protección para aquellas personas que ejercen una actividad de manera independiente.
Así lo estiman expertos en relación al proyecto que busca proteger los ingresos de más de 1,2 millones de personas que trabajan a honorarios. El objetivo de la iniciativa va dirigida a aquellos que en doce meses hayan emitido al menos cuatro boletas u ocho en los últimos 24 meses.
Al respecto, Pedro Eguiguren, socio director de Eguiguren Abogados, dijo que esta propuesta es positiva, ya que tiene dos ayudas: por una parte, la devolución anticipada de la retención de impuestos de enero y febrero de este año, equivalente al 10,75% de la renta, lo que ayudará a afrontar estos meses en que la mayoría de los trabajadores independientes no estarán generando ingresos. Y, además, el proyecto de ley para un seguro de protección para trabajadores independientes, que cubre a quienes hayan emitido boletas bajo las condiciones citadas.
COMPATIBLE
"Asimismo, este seguro es compatible con otros pagos como el de pensiones o los beneficios del Seguro de Cesantía. Y permite a mantener un ingreso de dinero que será de al menos 3 pagos dentro de nueve meses con un tope de $500 mil, lo que claramente será una ayuda y tranquilidad para muchas personas que se encuentran actualmente sin ingresos", explicó.
Ahora, reconoció que es una propuesta restrictiva, ya que solo se puede activar el seguro en caso que se hayan emitido menos de 4 boletas en 12 meses ó menos de 8 en 24 meses y además, una caída en los ingresos igual ó mayor al 20%, pero la intención del seguro es proteger a quienes tenían un ingreso constante mediante boletas de honorarios y no a quienes viven de otros ingresos o son trabajadores dependientes o califican dentro de un trabajo informal ya que para ellos hay otros beneficios y coberturas.
Mientras que Juan Gregorio Pastene, abogado del Grupo Wolf, agregó que el plan de protección supone que quien ha experimentado una merma menor al 20% de sus ingresos no ha visto perjudicado sus ingresos de manera significativa.
Respecto al aporte de 0,4% que se suma al seguro de cesantía, dijo que depende del punto de vista que se mire. "Para los trabajadores aumentará la retención que procede a la emisión y pago de una boleta de honorarios, lo que afectará sus ingresos. Desde el punto de vista del sistema, el 0,4% es poco, pensando que los trabajadores dependientes aportan al seguro de cesantía un 0,6% y es complementado por un aporte del empleador del 2,4%, lo que totaliza un 3%", apuntó.
Añadió que si una persona tiene ingresos cercanos al salario mínimo, es decir $320 mil, y que ve sus ingresos caer a cero, va a tener una compensación de $225 mil mensuales. Si alguien tiene ingresos cercanos a $1 millón y caen a cero, va a tener una compensación de $462 mil. Por eso, cree que está dentro de la lógica de la destinación de recursos por parte del Estado, que busca beneficiar en mayor medida a las personas de menores ingresos. Sin embargo, la variable que debiera incorporar es cuántas personas viven de esa renta, pues si el $1 millón es la única fuente de ingreso de una familia de 5 personas estará en una situación inferior a quien recibe el salario mínimo y vive solo.
IGUALAR REQUISITOS
Por su parte, Diego Messen, abogado y socio de Moraga & CIA, al contrario de los otros analistas, piensa que no es un proyecto restrictivo, pues la normativa pretende asegurar que no se pueda hacer mal uso del beneficio, pagando a aquellos que efectivamente se encuentren en una situación de trabajo a honorarios y no aquellos que busquen burlar la normativa. "A lo sumo, se pretende igualar los requisitos de los trabajadores dependientes que deben tener cotizaciones provisionales pagadas en forma anterior", explicó.
Agregó que esta es una ley de fomento para aquellos trabajadores que han visto efectivamente una disminución en sus ingresos, por lo que parece razonable que se exija acreditar esta situación antes de dar el beneficio. Aquellas personas que han podido seguir prestando sus servicios de manera remota y, consecuentemente, no han visto una merma en su ingreso, no debería aplicarse el subsidio estatal.
Sobre el aporte fiscal extraordinario con motivo de la crisis por un total de US$300 millones para este proyecto, Messen señaló que el Estado ha tenido que recurrir a su ahorro fiscal luego del estallido social y ahora con las medidas dictadas a propósito del covid-19. Evidentemente esto ha producido un descalce en el patrimonio fiscal, pero aún el Fisco pude aumentar su financiamiento, según los datos económicos que se han dado a conocer.