POR NICOLÁS ÁLVAREZ ARRAU

Hace una semana Chile debía haber estado experimentando un proceso cívico sin precedentes, pero las circunstancias sanitarias por el covid-19 dijeron otra cosa. Esta decisión quedó plasmada en un acuerdo político transversal que prorrogó el plebiscito constitucional en seis meses, es decir, se estipuló que la ciudadanía definirá la elaboración de una nueva Carta Magna el domingo 25 de octubre.

Diversas declaraciones entregadas a la prensa por las dos figuras más relevantes del Gobierno, el presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, vinieron, sin embargo, a encender las alarmas durante esta semana, en relación al cronograma fijado por las fuerzas políticas del país. A juicio del mandatario, el factor económico tras la crisis podría influir de manera relevante en una nueva postergación del plebiscito, pese a que desde el propio Gobierno se insiste en llamar a la ciudadanía a volver a una "nueva normalidad", incongruencia que ha originado cuestionamientos tanto en la oposición como en un sector del oficialismo.

A nivel local, esta situación generó también un debate al interior de los partidos de Chile Vamos. Si bien algunos respaldan las declaraciones del Ejecutivo, otros llaman a mantener las fechas o a prescindir del estado financiero del país como un argumento válido para estudiar un posible cambio.

UDI Y FACTOR ECONÓMICO

Jaime Vásquez, presidente regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se cuadró con la idea de volver a postergar el plebiscito, sobre todo a raíz de las circunstancias financieras que hoy afectan a las instituciones y a la ciudadanía.

"Han cambiado los presupuestos de algunos ministerios, ha habido recortes económicos para concentrarnos, particularmente, en el combate contra el coronavirus y en resguardar la salud de las personas, por eso, evidentemente, no nos podemos cerrar a una posibilidad de algún cambio respecto al proceso constituyente. No hay que ver solo las condiciones de salud, sino que también las económicas", puntualizó.

Dentro de los factores financieros, agregó Vásquez, está el costo total que significaría el llevar adelante un proceso de este tipo dentro del actual contexto de emergencia y que alcanzaría los $30 mil millones, según datos del Servicio Electoral (Servel). "Además, las personas están más preocupadas de su salud y de los efectos en los empleos", remarcó.

Justamente, y en esta misma línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronóstico hace unos días una caída de un 4,5% de la economía nacional para este año.

DIFERENCIAS

Desde Evolución Política (Evópoli), en tanto, advirtieron que siempre se han manifestado a favor de realizar el plebiscito constitucional en la última fecha acordada. Eso sí, la timonel local de la instancia, Victoria Abarzúa, reconoció que las necesidades sanitarias "están antepuestas a cualquier necesidad política". Por eso, a diferencia de lo planteado en la UDI, Abarzúa explicó que la única razón que permitiría prorrogar nuevamente este proceso está más bien ligado a un tema de salud.

"Obviamente, creemos que esta es una situación muy necesaria para Chile (el plebiscito), aunque también las medidas sanitarias deben ser resguardadas y, en la medida de que se garantice esta seguridad, se debería mantener el plebiscito, pero eso debe decirlo la contingencia sanitaria", planteó.

La misma opinión tiene el presidente regional del Partido Regionalista Independiente (PRI), Pedro Sanhueza. "Si se realiza un cambio, que no sea priorizado por un tema económico, sino que por un tema sanitario", dijo. Y añadió que el hablar de modificar fechas y no establecer plazos definitivos es algo que viene a llevar "a foja cero" todo lo que la ciudadanía ha demandado dentro del movimiento social.

Pese a que durante los últimos días el Presidente Piñera trató de poner paños fríos a la polémica al asegurar que el Gobierno actualmente trabaja en miras del 25 de octubre, parte de sus ministros volvieron a insistir en la semana que el factor económico sí debe ser tomado en cuenta.

MANTENER FECHAS

Ante las declaraciones del Presidente Piñera, el timonel regional de Renovación Nacional (RN), Felipe Rodríguez, coincidió con sus pares en la necesidad de evaluar posibles modificaciones desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, hizo un llamado a tratar de mantener las fechas ya establecidas.

"Si el tema del coronavirus está bien controlado y creamos algún tipo de estrategia al respecto, deberíamos poder respetar todos los plazos que están en calendario", puntualizó el dirigente.

En este sentido, planteó además que, para evitar hechos de este tipo en el futuro, es necesario que Chile introduzca prontamente un sistema de votación electrónica.

Por medio de una carta abierta, 26 alcaldes agrupados en la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío se dirigieron al intendente Sergio Giacaman para exponer su preocupación respecto el actual escenario de crisis económica que afecta a los gobiernos locales.

Dentro de los puntos más críticos, los jefes comunales advierten que durante los últimos días han sido testigos de la "inquietud y desesperanza" de diversos actores sociales de la zona, en donde se encuentran las cámaras de comercios, de turismo, el transporte público y escolar, los gremios de la pesca y los propios vecinos.

En consideración de este contexto, los municipios solicitaron al intendente generar una gestión de emergencia que involucre a los alcaldes.

"No existe razón alguna, según nuestro criterio, para que esta sea la única región del país en que municipios, sectorialidad pública y Gobierno Regional no refuercen sus naturales lazos administrativos, jurídicos, metodológicos y estratégicos, para responder como un solo actor a la crisis en pro del bien común de las comunidades, a las que nos debemos todos y todas quienes desarrollamos nuestras actividades en el sector público", remarcaron.

Así, dentro de los puntos mencionados en la carta, los alcaldes solicitan que se considere al mundo municipal en el diseño y ejecución de políticas públicas regionales y que se incorpore a algunas autoridades locales en la mesa social covid-19 y en la mesa de recuperación económica que lidera el Ejecutivo.

"Le aseguramos que, difícilmente, encontrará mejores aliados para la gestión pública territorial que la que hallará en sus acaldes", puntualizaron.

FNDR

A principios de abril, el Consejo Regional (Core) aprobó $7.500 millones para combatir los efectos de la pandemia. Estos recursos fueron obtenidos del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) y consideran, en parte, al 5% de los dineros del programa de inversión local que se utilizan en casos de emergencia.

A 24 días de esta aprobación, los alcaldes señalan que la estrategia para focalizar estos fondos no ha dado los resultados esperados. "Los recursos visados por el Core aún no ven destino en la comunidad en sus ejes social y de fomento económico. Con la mejor intención, el Gobierno Regional ha optado por mecanismos que han apartado a las municipalidades de la opinión acerca de los mejores y más rápidos usos de esos recursos", explicitaron.

Añaden que la decisión adoptada obligará a miles de personas y comerciantes a esperar hasta fines de mayo la forma en que podrán acceder a los recursos, a lo que se sumarán las barreras de entrada o pesquisa de beneficiarios dispuestas por entidades como Corfo y Fosis.

"En la medida en que logremos coordinarnos lograremos, efectivamente, dar más pertinencia a la gestión de los recursos públicos y ahorraremos días de incertidumbre y amargura a quienes ya sufren las consecuencias de la multi-crisis en que estamos inmersos", finalizaron los alcaldes.

Convencidos que el trabajo colaborativo entre las familias y la escuela es fundamental para que niños, niñas y adolescentes aprendan y logren desarrollar al máximo sus potencialidades, la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) ha mantenido las medidas de apoyo con la entrega de material educativo en los 22 establecimientos de la comuna.

A lo anterior, se deben considerar los recursos formativos entregados desde el ministerio, con la entrega de libros para los estudiantes y con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje. A lo anterior, se suma el material realizado desde las escuelas y jardines infantiles con el propósito de colaborar y acortar la brecha de las familias que no tienen los medios para disponer de fotocopias o material de apoyo.

"Cada jardín infantil, escuela, colegio y liceo, han realizado un gran trabajo de apoyo a las familias sampedrinas. Desde las directoras, directores, docentes, educadoras de párvulos y asistentes de la educación han realizado una gran labor, pues han estado atentos para ir en ayuda de las comunidades escolares y eso revitaliza la función de quienes son parte de la educación pública", señaló Audito Retamal, alcalde de San Pedro de la Paz.

En este sentido, se destaca el diálogo permanente, la apuesta por el aprendizaje colaborativo y el respeto entre todos los que componen la comunidad educativa, que frente al covid-19 han enfrentado de la mejor forma la pandemia.

"Ha sido un gran trabajo colaborativo desde los profesionales de la educación, pero es importante agradecer a las familias por su compromiso con los niños y niñas, junto con la disposición por apoyar a los estudiantes. Acá nadie sobra, ya que todos somos parte de la educación pública", señaló Carlos Martínez, director de la DAEM sampedrina.