Esta semana se hicieron visibles los trabajos de demolición del exedificio del Colegio Inmaculada Concepción, ubicado en la intersección de las calles Aníbal Pinto y San Martín. El inmueble abarca cerca de media cuadra y durante 119 años albergó a las alumnas del citado establecimiento, ya que desde el año pasado se reubicaron en un nuevo espacio ubicado en el sector de Valle Escondido.

La razón del traslado fue apostar por un terreno más grande, moderno y cómodo, por lo que la administración del colegio decidió poner en venta el recinto del centro de Concepción, ubicado a una cuadra de la Plaza de la Independencia.

Los compradores del espacio, una empresa inmobiliaria, pretenden construir allí un centro comercial con oficinas, departamentos y hasta un gimnasio.

Dentro del proceso para concretar la iniciativa privada, esta semana se hicieron visibles los trabajos de demolición, cuando máquinas retroexcavadoras se instalaron en el lugar demoliendo la totalidad del interior del inmueble y hasta ahora conservando solamente la fachada del ex establecimiento educacional, por la calle Aníbal Pinto.

El director de Obras Municipales de Concepción, Juan Andreoli, informó que los trabajos que se registran en el terreno del ex colegio María Inmaculada corresponden a la demolición de la estructura antigua, para lo cual la empresa cuenta con el permiso municipal correspondiente desde el pasado 28 de enero, cuando comenzaron los primeros trabajos para desarmar el interior de edificio.

El permiso del municipio autoriza la demolición de 5 mil metros cuadrados.

Respecto del proyecto de construcción de un centro comercial en ese espacio, Andreoli señaló que se encuentra en revisión por parte del municipio; por lo tanto, no está autorizado y no puede iniciar obras.

Hasta antes de que se iniciara la emergencia por el covid-19, los partidos políticos locales dirigían sus esfuerzos hacia el proceso constituyente que se realizaría este 26 de abril y a las elecciones municipales y de gobernador regional que, se supone, se hubiesen concretado en octubre próximo.

El virus, sin embargo, truncó este cronograma, hecho que obligó a reagendar fechas y posponer el trabajo partidario. Esto motivó a las diferentes instancias a recurrir a plataformas digitales para mantener reuniones de coordinación, lo que les ha permitido mantener activas sus tareas en relación a tres ejes: difusión del proceso constituyente, capacitación de posibles candidatos y atención de militantes en materia laboral y de salud.

Focos

A seis meses de que la ciudadanía pueda decidir si desea contar con una nueva Constitución, el presidente subrogante del Partido Socialista (PS) del Biobío, Patricio Fierro, comentó que desde su directiva los esfuerzos se han centrado de manera virtual, principalmente, en retomar la difusión del proceso constituyente.

"Todo esto ha sido lento, pero sí estamos retomando el proceso constituyente, en términos de que, efectivamente, esta emergencia sanitaria dejó de manifiesto la necesidad urgente de transformar la Constitución, por eso hemos continuado la articulación con las distintas comunas", sostuvo.

Añadió que las reuniones han implicado una tarea de difusión y conocimiento sobre los derechos sociales que debe considerar una Carta Magna, a través de instancias online cada dos semanas.

La presidenta local de Evolución Política (Evópoli), Victoria Abarzúa, sostuvo que, a pesar de la emergencia, su colectividad ya se prepara para las contiendas electorales. Eso sí, puntualizó que en su caso el trabajo tiene que ver más bien con la preparación de futuros candidatos.

"Principalmente, nosotros nos hemos abocado en la capacitación interna, es decir, de personas que quieran participar en las próximas elecciones", contó.

Estas capacitaciones hoy se realizan a través de cursos virtuales y consideran temáticas comunicativas y políticas, las cuales son aplicadas todos los martes y jueves.

Marcelo Yévenes y Bernardo Daroch, presidentes regionales de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por la Democracia (PPD), respectivamente, informaron que hoy sus labores han estado sujetas, especialmente, a atender a los militantes que han sido despedidos a raíz de la crisis económica que enfrentan algunas instituciones.

"Estamos levantando un catastro específico para saber cuántos militantes afectados hay en la zona. Nos estamos coordinando con el nivel nacional frente a las eventualidades de este tipo que pudiesen existir en la Región", planteó Yévenes.

Daroch agregó que su partido ha dispuesto un equipo de abogados para evitar que los trabajadores afines al PPD pierdan sus derechos laborales en medio de esta crisis.

Impacto de la pandemia

En materia de coordinación al interior de los partidos, la pandemia ha dejado efectos negativos. Así lo cree Elizabeth Mujica, presidenta local del Partido Ecologista Verde (PEV), quien advirtió que desde que se profundizaron los contagios las coordinaciones entre militantes "se truncaron".

"La idea era tener reuniones presenciales, pues el tema online no es lo mismo, pero estamos todos en la postura de que este es un momento para bajar las revoluciones, tomar una pausa y proteger a nuestro círculo cercano", enfatizó.

A cuatro días de que el Gobierno aplicara un instructivo para que los funcionarios públicos volvieran a sus labores presenciales, los propios trabajadores del Biobío sostuvieron que la medida no ha rendido frutos, ya que hasta el momento mantienen las mismas estrategias decretadas por sus servicios desde la segunda quincena de marzo.

Así lo reconoció Lorena Lobos, presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF): "No tengo reporte de que los funcionarios públicos hayan vuelto a la normalidad del trabajo presencial (…) Solo se están cumpliendo labores remotas y turnos presenciales, de acuerdo a las necesidades de cada repartición".

Añadió que, sin embargo, hay servicios primordiales que sí están llevando a cabo sus labores de una manera relativamente regular y con los resguardos respectivos. Entre ellos destacan el Servicio Nacional de Menores (Sename), la Tesorería General de la República, el Instituto de Previsión Social y el Registro Civil. Esta última institución, por ejemplo, ha mantenido sus puertas abiertas desde el inicio de la pandemia, pero priorizando ciertos trámites, según comentó su director regional, Cristian San Martín.

Si bien desde el Ejecutivo no manejan una cifra exacta que demuestre cuántos funcionarios finalmente se han sumado durante los últimos días a las labores presenciales, la seremi de Gobierno, Francesca Parodi, comentó que hasta el momento los servicios de la zona debiesen estar en un proceso de categorización.

"Cada servicio tiene un jefe, y ese jefe evalúa y califica a los diferentes funcionarios públicos, de acuerdo a si tienen enfermedades crónicas, si tienen contacto con personas de riesgo o si viven con niños que no pueden ir al colegio", detalló.

La autoridad regional agregó que dentro de las tareas que tendrán los servicios durante estos días dicen relación con el aseguramiento de equipamiento de protección personal y la sanitización de los espacios, "para hacer de este retorno un retorno seguro y que cumpla con las medidas sanitarias correspondientes".

"Esto no será paulatino, ya que los servicios irán llamando a sus trabajadores una vez que tengan todos estos elementos", remarcó Parodi.

Alcaldes

Según informaron desde la ANEF Biobío, durante la tarde de ayer la directiva del gremio y el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, sostuvieron una reunión para abordar la actual polémica, especialmente a propósito de que esta ciudad reúne la mayor cantidad de instituciones públicas de la Región.

Consultado por las implicancias del instructivo gubernamental, el jefe comunal comentó que en materia municipal su administración continuará atendiendo los requerimientos de la ciudadanía, pero por medio de plataformas de atención web y telefónica, procesos adaptados con anterioridad, pues "relajar las medidas sanitarias cuando aún no llegamos al peak de contagios es preocupante y nos puede costar caro".

Desde la Asociación de Municipalidades del Biobío, el presidente de la instancia y alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, puntualizó que, en vez de promover una "vuelta a la normalidad", es mejor incentivar sistemas de rotación. "Queremos conversar con las diferentes organizaciones municipales y asociaciones de funcionarios para que se analice la posibilidad de rotación de personal, porque los que hoy están en el primer frente ya están notando ciertos signos de agotamiento. Esperamos que los colegas de estos trabajadores puedan comprender esto", sostuvo.

Cuestionamientos

Según datos de la ANEF, el 95% de los funcionarios públicos de la Región que realizan labores remotas lo hacen por medio de sus propios equipos. "El Estado no tienen ninguna capacidad de entregar hoy computadores o internet (…) y la función pública se cumple en esa modalidad, pero gracias a los trabajadores y no a los servicios", planteó Lobos.

Ante esta crítica, la seremi Parodi apuntó que "hay que ser bien conscientes de la realidad que estamos viviendo, ya que estamos enfrentando algo que no tiene ningún tipo de precedente como país".

Agregó que el teletrabajo es un proyecto que lleva mucho tiempo en el Congreso y que no ha logrado avanzar, pero que ahora, viendo estas necesidades de emergencia, "esperamos sumar más recursos".

El Tribunal Ambiental de Valdivia fijó para el 12 y 14 de mayo las audiencias de alegatos vía videoconferencia de las tres reclamaciones interpuestas contra el Comité de Ministros y cinco contra la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío (Coeva), a raíz de la aprobación del proyecto "Terminal Marítimo GNL Talcahuano", del titular Inversiones GNL Talcahuano SpA.

En los tres casos que se revisarán el 12, los reclamantes alegan que sus observaciones no fueron debidamente consideradas durante el proceso de evaluación ambiental.

La audiencia fijada para el día 14 de mayo recibirá, en vista conjunta, los alegatos correspondientes a cinco reclamaciones, relativas a impugnaciones contra diversas resoluciones de la Coeva Región del Biobío que rechazaron las solicitudes de invalidación contra la Resolución de Calificación Ambiental, RCA del proyecto, por supuestos vicios que esta tendría, interpuestas por distintas personas naturales y organizaciones sociales de la Región.