La entrega de más de mil mascarillas protectoras comenzó a entregar la Municipalidad de San Pedro de la Paz a los funcionarios de los Centros de Salud de la comuna, con el objetivo de prevenir los contagios en la atención de salud.

Las primeras 200 mascarillas fueron entregadas a los funcionarios del Cesfam de Boca Sur, hasta donde llegó el alcalde Audito Retamal quien agradeció el trabajo del personal sanitario en esta emergencia.

"Esta es una contribución más que hacemos desde el municipio para proteger a los trabajadores de la salud, porque están haciendo una tarea heroica y necesitan de nuestra colaboración", afirmó el alcalde Audito Retamal.

El jefe comunal agregó que "estas mascarillas fueron elaboradas por la Dirección de Desarrollo Comunitario para entregar en Boca Sur" y en todos los Cesfam de la comuna.

La propagación del covid-19 no solo ha tenido efectos en la salud de las personas, sino que también en la arcas de los municipios. El retraso en el pago de tributos, como el permiso de circulación, los derechos de basura o las patentes comerciales, por ejemplo, ha provocado que distintos gobiernos locales de la zona presenten brechas económicas en sus finanzas. Esta situación ha sido advertida por los alcaldes, quienes durante las últimas semanas han insistido al Ejecutivo presentar acciones concretas que vayan en su ayuda.

La Asociación de Municipalidades del Biobío realizó ayer una reunión virtual en la que se abordó este tema. Según los alcaldes, mediante una evaluación preliminar, el retraso de estos pagos provocará que se deje de percibir un total de $90 mil millones, cifra que supera incluso el monto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de este año y que bordea los $81 mil millones.

El presidente de la Asociación y alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, comentó que dicha situación significará poner "en jaque y en estado de quiebra" a varias administraciones de la Región del Biobío. "Hemos tenido que hacer frente a esta crisis con recursos propios y no podemos seguir en esta situación de sordera del Gobierno frente a un tema tan delicado como lo es la vida de las personas", cuestionó el jefe comunal.

Junto con lo anterior, los municipios informaron que hasta el 17 de abril han incurrido en un gasto total que alcanza los $3 mil 53 millones. A esta cifra se sumarían otros $3 mil 400 millones, de acuerdo a lo proyectado para el 30 de junio.

En entrevista con Diario El Sur, el intendente Sergio Giacaman aseguró este domingo que desde el Ejecutivo sí se está trabajando para revertir esta mala situación financiera. En primer lugar, el jefe regional dijo que a través del Ministerio de Salud se están desarrollando convenios con los municipios que alcanzan los $5 mil millones, "lo que se está traspasando para que ellos puedan contratar gente o comprar equipamiento e insumos.". Algunas administraciones, añadió, han recibido, incluso, $600 millones.

Por otro lado, Giacaman puntualizó que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) se encuentra elaborando un protocolo para reasignar recursos, con lo cual se espera dar respuesta al tema asociado al Fondo Común Municipal y a otros ingresos en los que se han visto afectados los gobiernos locales.

Limitaciones

Si bien dijo no tener un cifra exacta, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, comentó que solo en lo referente al permiso de circulación han dejado de recibir el 52% de los recursos que suman normalmente de forma anual. Por esta razón, indicó que la municipalidad se ha visto obligada a anular y recortar proyectos relacionados a la mantención de la infraestructura administrativa o de inmobiliario público, la reparación de vehículos o los programas sociales, culturales o deportivos.

"Es bastante complicado que nosotros podamos percibir eso (recuperación de fondos), porque hoy hay un escenario bastante inestable y dinámico, ya que no sabemos cuáles serán las características de esta pandemia. Tampoco sabemos si esto se va a poder superar a la brevedad, aunque yo creo que actualmente existe un excesivo optimismo", remarcó Rivas.

En la misma línea, desde Talcahuano comentaron que, a propósito del déficit provocado por la crisis, el municipio ha debido adoptar cuatro lineamientos: recorte de programas municipales, congelamiento de compras no esenciales, reasignación de recursos de programas que tienen dificultad de ejecutarse y la creación de un comité de análisis financiero, el cual tiene por objeto elaborar medidas de racionalización de gasto.

Trabajo presencial

Los alcaldes también aprovecharon de analizar el instructivo del Gobierno que establece el regreso gradual de los funcionarios públicos a su trabajo presencial. Según los jefes comunales, esta medida se trata de una contradicción del Ejecutivo y una falta de claridad en la información que se entrega, considerando que aún no se llega al peak de la pandemia

En este contexto, explicaron además que los municipios aún están cumpliendo sus funciones por medio del teletrabajo y con sistemas de turno "para evitar que se produzcan aglomeraciones en los municipios y sus dependencias. Esto, con el objeto de proteger la salud de los propios funcionarios y de los vecinos, que hoy es lo más importante".

Para el diputado UDI Iván Norambuena los ataques ocurridos en la zona sur de la Provincia de Arauco hace una semana hablan de una escalada terrorista. Añade también que las estrategias de inteligencia policial no son las adecuadas ante el contexto que enfrentan comunas como Tirúa o Cañete.

"Las políticas y organismos públicos no han sabido coordinar una acción para responder a quienes no son violentistas. Me parece que ha habido cierta debilidad por parte del Gobierno en enfrentar de mejor manera esta situación", advierte.

-Todos los gobiernos de los últimos años no han sabido enfrentar este tema. Aquí hay una complicidad entre las disposiciones que hay por parte de los ejecutivos de turno, las policías y el Ministerio Público.

-Debiera haber una disposición un poco más clara y enfrentar el tema con todas las herramientas que se tienen, desde el punto de vista legal y práctico. No me calza que, si queremos dar tranquilidad, tengamos todavía instalado un contingente y una subprefectura de Fuerzas Especiales en la comuna de Los Álamos, cuando frente a cualquier atentado que tengamos en la zona sur el desplazamiento a ese lugar siempre se concretará tarde.

-Soy partidario de que hay que usar todas las herramientas que la legislación le da a los gobiernos. Queremos seguridad. Y si un gobierno no es capaz de ofrecer esa tranquilidad a la población, estamos en un problema grave. Estamos en el momento en que eso debiera enfrentarse con las atribuciones que los gobiernos tienen, no necesariamente para tener un enfrentamiento armado.

-Por supuesto. Creo que, incluso, la sola presencia de las Fuerzas Armadas permite tener una actitud un poco más conservadora de estos grupos.

-La gobernadora de Arauco, María Bélgica Tripailaf, ha tenido una gestión absolutamente destacada. Ha estado dedicada principalmente a su labor y cumpliendo estrictamente las directrices que el Gobierno le ha dado y en estrecho contacto con el intendente regional.

-Que la senadora tenga una obsesión por tener un control, a mí me parece que debe ser falta de información. Me parece que es muy liviana la forma de cómo ella está opinando. Hay que conocer un poco la Provincia. Me quedo con la opinión del presidente de Arauco 7, el alcalde Mauricio Alarcón (Arauco), que dirige este grupo y que tiene una mirada absolutamente positiva. Hay personas que le gusta opinar desde la tranquilidad del hogar y con una copa en la mano, pero a mí me parece que debieran tener un poco más de información ante de emitir ese tipo de juicios.

-A él también lo veo involu- crado.

-Las veces que hemos podido coordinar algunas acciones, lo hemos hecho. No basta solo preocuparse, sino que ocuparse, y en eso hemos estado en permanente contacto con las autoridades que tienen estrecha relación con este tipo de situaciones difíciles. Ahora, después de la visita de del subsecretario del Interior (Juan Francisco Galli), creo que habrá una opinión distinta.

La entrega de más de mil mascarillas protectoras comenzó a entregar la Municipalidad de San Pedro de la Paz a los funcionarios de los Centros de Salud de la comuna, con el objetivo de prevenir los contagios en la atención de salud.

Las primeras 200 mascarillas fueron entregadas a los funcionarios del Cesfam de Boca Sur, hasta donde llegó el alcalde Audito Retamal quien agradeció el trabajo del personal sanitario en esta emergencia.

"Esta es una contribución más que hacemos desde el municipio para proteger a los trabajadores de la salud, porque están haciendo una tarea heroica y necesitan de nuestra colaboración", afirmó el alcalde Audito Retamal.

El jefe comunal agregó que "estas mascarillas fueron elaboradas por la Dirección de Desarrollo Comunitario para entregar en Boca Sur" y en todos los Cesfam de la comuna.

La propagación del covid-19 no solo ha tenido efectos en la salud de las personas, sino que también en la arcas de los municipios. El retraso en el pago de tributos, como el permiso de circulación, los derechos de basura o las patentes comerciales, por ejemplo, ha provocado que distintos gobiernos locales de la zona presenten brechas económicas en sus finanzas. Esta situación ha sido advertida por los alcaldes, quienes durante las últimas semanas han insistido al Ejecutivo presentar acciones concretas que vayan en su ayuda.

La Asociación de Municipalidades del Biobío realizó ayer una reunión virtual en la que se abordó este tema. Según los alcaldes, mediante una evaluación preliminar, el retraso de estos pagos provocará que se deje de percibir un total de $90 mil millones, cifra que supera incluso el monto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de este año y que bordea los $81 mil millones.

El presidente de la Asociación y alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, comentó que dicha situación significará poner "en jaque y en estado de quiebra" a varias administraciones de la Región del Biobío. "Hemos tenido que hacer frente a esta crisis con recursos propios y no podemos seguir en esta situación de sordera del Gobierno frente a un tema tan delicado como lo es la vida de las personas", cuestionó el jefe comunal.

Junto con lo anterior, los municipios informaron que hasta el 17 de abril han incurrido en un gasto total que alcanza los $3 mil 53 millones. A esta cifra se sumarían otros $3 mil 400 millones, de acuerdo a lo proyectado para el 30 de junio.

En entrevista con Diario El Sur, el intendente Sergio Giacaman aseguró este domingo que desde el Ejecutivo sí se está trabajando para revertir esta mala situación financiera. En primer lugar, el jefe regional dijo que a través del Ministerio de Salud se están desarrollando convenios con los municipios que alcanzan los $5 mil millones, "lo que se está traspasando para que ellos puedan contratar gente o comprar equipamiento e insumos.". Algunas administraciones, añadió, han recibido, incluso, $600 millones.

Por otro lado, Giacaman puntualizó que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) se encuentra elaborando un protocolo para reasignar recursos, con lo cual se espera dar respuesta al tema asociado al Fondo Común Municipal y a otros ingresos en los que se han visto afectados los gobiernos locales.

Limitaciones

Si bien dijo no tener un cifra exacta, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, comentó que solo en lo referente al permiso de circulación han dejado de recibir el 52% de los recursos que suman normalmente de forma anual. Por esta razón, indicó que la municipalidad se ha visto obligada a anular y recortar proyectos relacionados a la mantención de la infraestructura administrativa o de inmobiliario público, la reparación de vehículos o los programas sociales, culturales o deportivos.

"Es bastante complicado que nosotros podamos percibir eso (recuperación de fondos), porque hoy hay un escenario bastante inestable y dinámico, ya que no sabemos cuáles serán las características de esta pandemia. Tampoco sabemos si esto se va a poder superar a la brevedad, aunque yo creo que actualmente existe un excesivo optimismo", remarcó Rivas.

En la misma línea, desde Talcahuano comentaron que, a propósito del déficit provocado por la crisis, el municipio ha debido adoptar cuatro lineamientos: recorte de programas municipales, congelamiento de compras no esenciales, reasignación de recursos de programas que tienen dificultad de ejecutarse y la creación de un comité de análisis financiero, el cual tiene por objeto elaborar medidas de racionalización de gasto.

Trabajo presencial

Los alcaldes también aprovecharon de analizar el instructivo del Gobierno que establece el regreso gradual de los funcionarios públicos a su trabajo presencial. Según los jefes comunales, esta medida se trata de una contradicción del Ejecutivo y una falta de claridad en la información que se entrega, considerando que aún no se llega al peak de la pandemia

En este contexto, explicaron además que los municipios aún están cumpliendo sus funciones por medio del teletrabajo y con sistemas de turno "para evitar que se produzcan aglomeraciones en los municipios y sus dependencias. Esto, con el objeto de proteger la salud de los propios funcionarios y de los vecinos, que hoy es lo más importante".

Para el diputado UDI Iván Norambuena los ataques ocurridos en la zona sur de la Provincia de Arauco hace una semana hablan de una escalada terrorista. Añade también que las estrategias de inteligencia policial no son las adecuadas ante el contexto que enfrentan comunas como Tirúa o Cañete.

"Las políticas y organismos públicos no han sabido coordinar una acción para responder a quienes no son violentistas. Me parece que ha habido cierta debilidad por parte del Gobierno en enfrentar de mejor manera esta situación", advierte.

-Todos los gobiernos de los últimos años no han sabido enfrentar este tema. Aquí hay una complicidad entre las disposiciones que hay por parte de los ejecutivos de turno, las policías y el Ministerio Público.

-Debiera haber una disposición un poco más clara y enfrentar el tema con todas las herramientas que se tienen, desde el punto de vista legal y práctico. No me calza que, si queremos dar tranquilidad, tengamos todavía instalado un contingente y una subprefectura de Fuerzas Especiales en la comuna de Los Álamos, cuando frente a cualquier atentado que tengamos en la zona sur el desplazamiento a ese lugar siempre se concretará tarde.

-Soy partidario de que hay que usar todas las herramientas que la legislación le da a los gobiernos. Queremos seguridad. Y si un gobierno no es capaz de ofrecer esa tranquilidad a la población, estamos en un problema grave. Estamos en el momento en que eso debiera enfrentarse con las atribuciones que los gobiernos tienen, no necesariamente para tener un enfrentamiento armado.

-Por supuesto. Creo que, incluso, la sola presencia de las Fuerzas Armadas permite tener una actitud un poco más conservadora de estos grupos.

-La gobernadora de Arauco, María Bélgica Tripailaf, ha tenido una gestión absolutamente destacada. Ha estado dedicada principalmente a su labor y cumpliendo estrictamente las directrices que el Gobierno le ha dado y en estrecho contacto con el intendente regional.

-Que la senadora tenga una obsesión por tener un control, a mí me parece que debe ser falta de información. Me parece que es muy liviana la forma de cómo ella está opinando. Hay que conocer un poco la Provincia. Me quedo con la opinión del presidente de Arauco 7, el alcalde Mauricio Alarcón (Arauco), que dirige este grupo y que tiene una mirada absolutamente positiva. Hay personas que le gusta opinar desde la tranquilidad del hogar y con una copa en la mano, pero a mí me parece que debieran tener un poco más de información ante de emitir ese tipo de juicios.

-A él también lo veo involu- crado.

-Las veces que hemos podido coordinar algunas acciones, lo hemos hecho. No basta solo preocuparse, sino que ocuparse, y en eso hemos estado en permanente contacto con las autoridades que tienen estrecha relación con este tipo de situaciones difíciles. Ahora, después de la visita de del subsecretario del Interior (Juan Francisco Galli), creo que habrá una opinión distinta.

La entrega de más de mil mascarillas protectoras comenzó a entregar la Municipalidad de San Pedro de la Paz a los funcionarios de los Centros de Salud de la comuna, con el objetivo de prevenir los contagios en la atención de salud.

Las primeras 200 mascarillas fueron entregadas a los funcionarios del Cesfam de Boca Sur, hasta donde llegó el alcalde Audito Retamal quien agradeció el trabajo del personal sanitario en esta emergencia.

"Esta es una contribución más que hacemos desde el municipio para proteger a los trabajadores de la salud, porque están haciendo una tarea heroica y necesitan de nuestra colaboración", afirmó el alcalde Audito Retamal.

El jefe comunal agregó que "estas mascarillas fueron elaboradas por la Dirección de Desarrollo Comunitario para entregar en Boca Sur" y en todos los Cesfam de la comuna.

La propagación del covid-19 no solo ha tenido efectos en la salud de las personas, sino que también en la arcas de los municipios. El retraso en el pago de tributos, como el permiso de circulación, los derechos de basura o las patentes comerciales, por ejemplo, ha provocado que distintos gobiernos locales de la zona presenten brechas económicas en sus finanzas. Esta situación ha sido advertida por los alcaldes, quienes durante las últimas semanas han insistido al Ejecutivo presentar acciones concretas que vayan en su ayuda.

La Asociación de Municipalidades del Biobío realizó ayer una reunión virtual en la que se abordó este tema. Según los alcaldes, mediante una evaluación preliminar, el retraso de estos pagos provocará que se deje de percibir un total de $90 mil millones, cifra que supera incluso el monto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de este año y que bordea los $81 mil millones.

El presidente de la Asociación y alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, comentó que dicha situación significará poner "en jaque y en estado de quiebra" a varias administraciones de la Región del Biobío. "Hemos tenido que hacer frente a esta crisis con recursos propios y no podemos seguir en esta situación de sordera del Gobierno frente a un tema tan delicado como lo es la vida de las personas", cuestionó el jefe comunal.

Junto con lo anterior, los municipios informaron que hasta el 17 de abril han incurrido en un gasto total que alcanza los $3 mil 53 millones. A esta cifra se sumarían otros $3 mil 400 millones, de acuerdo a lo proyectado para el 30 de junio.

En entrevista con Diario El Sur, el intendente Sergio Giacaman aseguró este domingo que desde el Ejecutivo sí se está trabajando para revertir esta mala situación financiera. En primer lugar, el jefe regional dijo que a través del Ministerio de Salud se están desarrollando convenios con los municipios que alcanzan los $5 mil millones, "lo que se está traspasando para que ellos puedan contratar gente o comprar equipamiento e insumos.". Algunas administraciones, añadió, han recibido, incluso, $600 millones.

Por otro lado, Giacaman puntualizó que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) se encuentra elaborando un protocolo para reasignar recursos, con lo cual se espera dar respuesta al tema asociado al Fondo Común Municipal y a otros ingresos en los que se han visto afectados los gobiernos locales.

Limitaciones

Si bien dijo no tener un cifra exacta, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, comentó que solo en lo referente al permiso de circulación han dejado de recibir el 52% de los recursos que suman normalmente de forma anual. Por esta razón, indicó que la municipalidad se ha visto obligada a anular y recortar proyectos relacionados a la mantención de la infraestructura administrativa o de inmobiliario público, la reparación de vehículos o los programas sociales, culturales o deportivos.

"Es bastante complicado que nosotros podamos percibir eso (recuperación de fondos), porque hoy hay un escenario bastante inestable y dinámico, ya que no sabemos cuáles serán las características de esta pandemia. Tampoco sabemos si esto se va a poder superar a la brevedad, aunque yo creo que actualmente existe un excesivo optimismo", remarcó Rivas.

En la misma línea, desde Talcahuano comentaron que, a propósito del déficit provocado por la crisis, el municipio ha debido adoptar cuatro lineamientos: recorte de programas municipales, congelamiento de compras no esenciales, reasignación de recursos de programas que tienen dificultad de ejecutarse y la creación de un comité de análisis financiero, el cual tiene por objeto elaborar medidas de racionalización de gasto.

Trabajo presencial

Los alcaldes también aprovecharon de analizar el instructivo del Gobierno que establece el regreso gradual de los funcionarios públicos a su trabajo presencial. Según los jefes comunales, esta medida se trata de una contradicción del Ejecutivo y una falta de claridad en la información que se entrega, considerando que aún no se llega al peak de la pandemia

En este contexto, explicaron además que los municipios aún están cumpliendo sus funciones por medio del teletrabajo y con sistemas de turno "para evitar que se produzcan aglomeraciones en los municipios y sus dependencias. Esto, con el objeto de proteger la salud de los propios funcionarios y de los vecinos, que hoy es lo más importante".

Para el diputado UDI Iván Norambuena los ataques ocurridos en la zona sur de la Provincia de Arauco hace una semana hablan de una escalada terrorista. Añade también que las estrategias de inteligencia policial no son las adecuadas ante el contexto que enfrentan comunas como Tirúa o Cañete.

"Las políticas y organismos públicos no han sabido coordinar una acción para responder a quienes no son violentistas. Me parece que ha habido cierta debilidad por parte del Gobierno en enfrentar de mejor manera esta situación", advierte.

-Todos los gobiernos de los últimos años no han sabido enfrentar este tema. Aquí hay una complicidad entre las disposiciones que hay por parte de los ejecutivos de turno, las policías y el Ministerio Público.

-Debiera haber una disposición un poco más clara y enfrentar el tema con todas las herramientas que se tienen, desde el punto de vista legal y práctico. No me calza que, si queremos dar tranquilidad, tengamos todavía instalado un contingente y una subprefectura de Fuerzas Especiales en la comuna de Los Álamos, cuando frente a cualquier atentado que tengamos en la zona sur el desplazamiento a ese lugar siempre se concretará tarde.

-Soy partidario de que hay que usar todas las herramientas que la legislación le da a los gobiernos. Queremos seguridad. Y si un gobierno no es capaz de ofrecer esa tranquilidad a la población, estamos en un problema grave. Estamos en el momento en que eso debiera enfrentarse con las atribuciones que los gobiernos tienen, no necesariamente para tener un enfrentamiento armado.

-Por supuesto. Creo que, incluso, la sola presencia de las Fuerzas Armadas permite tener una actitud un poco más conservadora de estos grupos.

-La gobernadora de Arauco, María Bélgica Tripailaf, ha tenido una gestión absolutamente destacada. Ha estado dedicada principalmente a su labor y cumpliendo estrictamente las directrices que el Gobierno le ha dado y en estrecho contacto con el intendente regional.

-Que la senadora tenga una obsesión por tener un control, a mí me parece que debe ser falta de información. Me parece que es muy liviana la forma de cómo ella está opinando. Hay que conocer un poco la Provincia. Me quedo con la opinión del presidente de Arauco 7, el alcalde Mauricio Alarcón (Arauco), que dirige este grupo y que tiene una mirada absolutamente positiva. Hay personas que le gusta opinar desde la tranquilidad del hogar y con una copa en la mano, pero a mí me parece que debieran tener un poco más de información ante de emitir ese tipo de juicios.

-A él también lo veo involu- crado.

-Las veces que hemos podido coordinar algunas acciones, lo hemos hecho. No basta solo preocuparse, sino que ocuparse, y en eso hemos estado en permanente contacto con las autoridades que tienen estrecha relación con este tipo de situaciones difíciles. Ahora, después de la visita de del subsecretario del Interior (Juan Francisco Galli), creo que habrá una opinión distinta.

La entrega de más de mil mascarillas protectoras comenzó a entregar la Municipalidad de San Pedro de la Paz a los funcionarios de los Centros de Salud de la comuna, con el objetivo de prevenir los contagios en la atención de salud.

Las primeras 200 mascarillas fueron entregadas a los funcionarios del Cesfam de Boca Sur, hasta donde llegó el alcalde Audito Retamal quien agradeció el trabajo del personal sanitario en esta emergencia.

"Esta es una contribución más que hacemos desde el municipio para proteger a los trabajadores de la salud, porque están haciendo una tarea heroica y necesitan de nuestra colaboración", afirmó el alcalde Audito Retamal.

El jefe comunal agregó que "estas mascarillas fueron elaboradas por la Dirección de Desarrollo Comunitario para entregar en Boca Sur" y en todos los Cesfam de la comuna.

La propagación del covid-19 no solo ha tenido efectos en la salud de las personas, sino que también en la arcas de los municipios. El retraso en el pago de tributos, como el permiso de circulación, los derechos de basura o las patentes comerciales, por ejemplo, ha provocado que distintos gobiernos locales de la zona presenten brechas económicas en sus finanzas. Esta situación ha sido advertida por los alcaldes, quienes durante las últimas semanas han insistido al Ejecutivo presentar acciones concretas que vayan en su ayuda.

La Asociación de Municipalidades del Biobío realizó ayer una reunión virtual en la que se abordó este tema. Según los alcaldes, mediante una evaluación preliminar, el retraso de estos pagos provocará que se deje de percibir un total de $90 mil millones, cifra que supera incluso el monto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de este año y que bordea los $81 mil millones.

El presidente de la Asociación y alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, comentó que dicha situación significará poner "en jaque y en estado de quiebra" a varias administraciones de la Región del Biobío. "Hemos tenido que hacer frente a esta crisis con recursos propios y no podemos seguir en esta situación de sordera del Gobierno frente a un tema tan delicado como lo es la vida de las personas", cuestionó el jefe comunal.

Junto con lo anterior, los municipios informaron que hasta el 17 de abril han incurrido en un gasto total que alcanza los $3 mil 53 millones. A esta cifra se sumarían otros $3 mil 400 millones, de acuerdo a lo proyectado para el 30 de junio.

En entrevista con Diario El Sur, el intendente Sergio Giacaman aseguró este domingo que desde el Ejecutivo sí se está trabajando para revertir esta mala situación financiera. En primer lugar, el jefe regional dijo que a través del Ministerio de Salud se están desarrollando convenios con los municipios que alcanzan los $5 mil millones, "lo que se está traspasando para que ellos puedan contratar gente o comprar equipamiento e insumos.". Algunas administraciones, añadió, han recibido, incluso, $600 millones.

Por otro lado, Giacaman puntualizó que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) se encuentra elaborando un protocolo para reasignar recursos, con lo cual se espera dar respuesta al tema asociado al Fondo Común Municipal y a otros ingresos en los que se han visto afectados los gobiernos locales.

Limitaciones

Si bien dijo no tener un cifra exacta, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, comentó que solo en lo referente al permiso de circulación han dejado de recibir el 52% de los recursos que suman normalmente de forma anual. Por esta razón, indicó que la municipalidad se ha visto obligada a anular y recortar proyectos relacionados a la mantención de la infraestructura administrativa o de inmobiliario público, la reparación de vehículos o los programas sociales, culturales o deportivos.

"Es bastante complicado que nosotros podamos percibir eso (recuperación de fondos), porque hoy hay un escenario bastante inestable y dinámico, ya que no sabemos cuáles serán las características de esta pandemia. Tampoco sabemos si esto se va a poder superar a la brevedad, aunque yo creo que actualmente existe un excesivo optimismo", remarcó Rivas.

En la misma línea, desde Talcahuano comentaron que, a propósito del déficit provocado por la crisis, el municipio ha debido adoptar cuatro lineamientos: recorte de programas municipales, congelamiento de compras no esenciales, reasignación de recursos de programas que tienen dificultad de ejecutarse y la creación de un comité de análisis financiero, el cual tiene por objeto elaborar medidas de racionalización de gasto.

Trabajo presencial

Los alcaldes también aprovecharon de analizar el instructivo del Gobierno que establece el regreso gradual de los funcionarios públicos a su trabajo presencial. Según los jefes comunales, esta medida se trata de una contradicción del Ejecutivo y una falta de claridad en la información que se entrega, considerando que aún no se llega al peak de la pandemia

En este contexto, explicaron además que los municipios aún están cumpliendo sus funciones por medio del teletrabajo y con sistemas de turno "para evitar que se produzcan aglomeraciones en los municipios y sus dependencias. Esto, con el objeto de proteger la salud de los propios funcionarios y de los vecinos, que hoy es lo más importante".

Para el diputado UDI Iván Norambuena los ataques ocurridos en la zona sur de la Provincia de Arauco hace una semana hablan de una escalada terrorista. Añade también que las estrategias de inteligencia policial no son las adecuadas ante el contexto que enfrentan comunas como Tirúa o Cañete.

"Las políticas y organismos públicos no han sabido coordinar una acción para responder a quienes no son violentistas. Me parece que ha habido cierta debilidad por parte del Gobierno en enfrentar de mejor manera esta situación", advierte.

-Todos los gobiernos de los últimos años no han sabido enfrentar este tema. Aquí hay una complicidad entre las disposiciones que hay por parte de los ejecutivos de turno, las policías y el Ministerio Público.

-Debiera haber una disposición un poco más clara y enfrentar el tema con todas las herramientas que se tienen, desde el punto de vista legal y práctico. No me calza que, si queremos dar tranquilidad, tengamos todavía instalado un contingente y una subprefectura de Fuerzas Especiales en la comuna de Los Álamos, cuando frente a cualquier atentado que tengamos en la zona sur el desplazamiento a ese lugar siempre se concretará tarde.

-Soy partidario de que hay que usar todas las herramientas que la legislación le da a los gobiernos. Queremos seguridad. Y si un gobierno no es capaz de ofrecer esa tranquilidad a la población, estamos en un problema grave. Estamos en el momento en que eso debiera enfrentarse con las atribuciones que los gobiernos tienen, no necesariamente para tener un enfrentamiento armado.

-Por supuesto. Creo que, incluso, la sola presencia de las Fuerzas Armadas permite tener una actitud un poco más conservadora de estos grupos.

-La gobernadora de Arauco, María Bélgica Tripailaf, ha tenido una gestión absolutamente destacada. Ha estado dedicada principalmente a su labor y cumpliendo estrictamente las directrices que el Gobierno le ha dado y en estrecho contacto con el intendente regional.

-Que la senadora tenga una obsesión por tener un control, a mí me parece que debe ser falta de información. Me parece que es muy liviana la forma de cómo ella está opinando. Hay que conocer un poco la Provincia. Me quedo con la opinión del presidente de Arauco 7, el alcalde Mauricio Alarcón (Arauco), que dirige este grupo y que tiene una mirada absolutamente positiva. Hay personas que le gusta opinar desde la tranquilidad del hogar y con una copa en la mano, pero a mí me parece que debieran tener un poco más de información ante de emitir ese tipo de juicios.

-A él también lo veo involu- crado.

-Las veces que hemos podido coordinar algunas acciones, lo hemos hecho. No basta solo preocuparse, sino que ocuparse, y en eso hemos estado en permanente contacto con las autoridades que tienen estrecha relación con este tipo de situaciones difíciles. Ahora, después de la visita de del subsecretario del Interior (Juan Francisco Galli), creo que habrá una opinión distinta.

La entrega de más de mil mascarillas protectoras comenzó a entregar la Municipalidad de San Pedro de la Paz a los funcionarios de los Centros de Salud de la comuna, con el objetivo de prevenir los contagios en la atención de salud.

Las primeras 200 mascarillas fueron entregadas a los funcionarios del Cesfam de Boca Sur, hasta donde llegó el alcalde Audito Retamal quien agradeció el trabajo del personal sanitario en esta emergencia.

"Esta es una contribución más que hacemos desde el municipio para proteger a los trabajadores de la salud, porque están haciendo una tarea heroica y necesitan de nuestra colaboración", afirmó el alcalde Audito Retamal.

El jefe comunal agregó que "estas mascarillas fueron elaboradas por la Dirección de Desarrollo Comunitario para entregar en Boca Sur" y en todos los Cesfam de la comuna.

La propagación del covid-19 no solo ha tenido efectos en la salud de las personas, sino que también en la arcas de los municipios. El retraso en el pago de tributos, como el permiso de circulación, los derechos de basura o las patentes comerciales, por ejemplo, ha provocado que distintos gobiernos locales de la zona presenten brechas económicas en sus finanzas. Esta situación ha sido advertida por los alcaldes, quienes durante las últimas semanas han insistido al Ejecutivo presentar acciones concretas que vayan en su ayuda.

La Asociación de Municipalidades del Biobío realizó ayer una reunión virtual en la que se abordó este tema. Según los alcaldes, mediante una evaluación preliminar, el retraso de estos pagos provocará que se deje de percibir un total de $90 mil millones, cifra que supera incluso el monto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de este año y que bordea los $81 mil millones.

El presidente de la Asociación y alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, comentó que dicha situación significará poner "en jaque y en estado de quiebra" a varias administraciones de la Región del Biobío. "Hemos tenido que hacer frente a esta crisis con recursos propios y no podemos seguir en esta situación de sordera del Gobierno frente a un tema tan delicado como lo es la vida de las personas", cuestionó el jefe comunal.

Junto con lo anterior, los municipios informaron que hasta el 17 de abril han incurrido en un gasto total que alcanza los $3 mil 53 millones. A esta cifra se sumarían otros $3 mil 400 millones, de acuerdo a lo proyectado para el 30 de junio.

En entrevista con Diario El Sur, el intendente Sergio Giacaman aseguró este domingo que desde el Ejecutivo sí se está trabajando para revertir esta mala situación financiera. En primer lugar, el jefe regional dijo que a través del Ministerio de Salud se están desarrollando convenios con los municipios que alcanzan los $5 mil millones, "lo que se está traspasando para que ellos puedan contratar gente o comprar equipamiento e insumos.". Algunas administraciones, añadió, han recibido, incluso, $600 millones.

Por otro lado, Giacaman puntualizó que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) se encuentra elaborando un protocolo para reasignar recursos, con lo cual se espera dar respuesta al tema asociado al Fondo Común Municipal y a otros ingresos en los que se han visto afectados los gobiernos locales.

Limitaciones

Si bien dijo no tener un cifra exacta, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, comentó que solo en lo referente al permiso de circulación han dejado de recibir el 52% de los recursos que suman normalmente de forma anual. Por esta razón, indicó que la municipalidad se ha visto obligada a anular y recortar proyectos relacionados a la mantención de la infraestructura administrativa o de inmobiliario público, la reparación de vehículos o los programas sociales, culturales o deportivos.

"Es bastante complicado que nosotros podamos percibir eso (recuperación de fondos), porque hoy hay un escenario bastante inestable y dinámico, ya que no sabemos cuáles serán las características de esta pandemia. Tampoco sabemos si esto se va a poder superar a la brevedad, aunque yo creo que actualmente existe un excesivo optimismo", remarcó Rivas.

En la misma línea, desde Talcahuano comentaron que, a propósito del déficit provocado por la crisis, el municipio ha debido adoptar cuatro lineamientos: recorte de programas municipales, congelamiento de compras no esenciales, reasignación de recursos de programas que tienen dificultad de ejecutarse y la creación de un comité de análisis financiero, el cual tiene por objeto elaborar medidas de racionalización de gasto.

Trabajo presencial

Los alcaldes también aprovecharon de analizar el instructivo del Gobierno que establece el regreso gradual de los funcionarios públicos a su trabajo presencial. Según los jefes comunales, esta medida se trata de una contradicción del Ejecutivo y una falta de claridad en la información que se entrega, considerando que aún no se llega al peak de la pandemia

En este contexto, explicaron además que los municipios aún están cumpliendo sus funciones por medio del teletrabajo y con sistemas de turno "para evitar que se produzcan aglomeraciones en los municipios y sus dependencias. Esto, con el objeto de proteger la salud de los propios funcionarios y de los vecinos, que hoy es lo más importante".

Para el diputado UDI Iván Norambuena los ataques ocurridos en la zona sur de la Provincia de Arauco hace una semana hablan de una escalada terrorista. Añade también que las estrategias de inteligencia policial no son las adecuadas ante el contexto que enfrentan comunas como Tirúa o Cañete.

"Las políticas y organismos públicos no han sabido coordinar una acción para responder a quienes no son violentistas. Me parece que ha habido cierta debilidad por parte del Gobierno en enfrentar de mejor manera esta situación", advierte.

-Todos los gobiernos de los últimos años no han sabido enfrentar este tema. Aquí hay una complicidad entre las disposiciones que hay por parte de los ejecutivos de turno, las policías y el Ministerio Público.

-Debiera haber una disposición un poco más clara y enfrentar el tema con todas las herramientas que se tienen, desde el punto de vista legal y práctico. No me calza que, si queremos dar tranquilidad, tengamos todavía instalado un contingente y una subprefectura de Fuerzas Especiales en la comuna de Los Álamos, cuando frente a cualquier atentado que tengamos en la zona sur el desplazamiento a ese lugar siempre se concretará tarde.

-Soy partidario de que hay que usar todas las herramientas que la legislación le da a los gobiernos. Queremos seguridad. Y si un gobierno no es capaz de ofrecer esa tranquilidad a la población, estamos en un problema grave. Estamos en el momento en que eso debiera enfrentarse con las atribuciones que los gobiernos tienen, no necesariamente para tener un enfrentamiento armado.

-Por supuesto. Creo que, incluso, la sola presencia de las Fuerzas Armadas permite tener una actitud un poco más conservadora de estos grupos.

-La gobernadora de Arauco, María Bélgica Tripailaf, ha tenido una gestión absolutamente destacada. Ha estado dedicada principalmente a su labor y cumpliendo estrictamente las directrices que el Gobierno le ha dado y en estrecho contacto con el intendente regional.

-Que la senadora tenga una obsesión por tener un control, a mí me parece que debe ser falta de información. Me parece que es muy liviana la forma de cómo ella está opinando. Hay que conocer un poco la Provincia. Me quedo con la opinión del presidente de Arauco 7, el alcalde Mauricio Alarcón (Arauco), que dirige este grupo y que tiene una mirada absolutamente positiva. Hay personas que le gusta opinar desde la tranquilidad del hogar y con una copa en la mano, pero a mí me parece que debieran tener un poco más de información ante de emitir ese tipo de juicios.

-A él también lo veo involu- crado.

-Las veces que hemos podido coordinar algunas acciones, lo hemos hecho. No basta solo preocuparse, sino que ocuparse, y en eso hemos estado en permanente contacto con las autoridades que tienen estrecha relación con este tipo de situaciones difíciles. Ahora, después de la visita de del subsecretario del Interior (Juan Francisco Galli), creo que habrá una opinión distinta.