La diputada DC Joanna Pérez presentó el 18 de marzo pasado un proyecto de ley para postergar el pago de cinco servicios básicos y evitar posibles cortes a todas aquellas personas afectadas económicamente por la crisis del covid-19. Hasta ayer, sin embargo, la moción continuaba siendo discutida en su primer trámite al interior de la Cámara.

"El gobierno no quiere tener una posición firme con las empresas, y me refiero a exigirles apoyo y condiciones generales para ayudar a las familias. La UDI no ha dado la unanimidad para votar este proyecto. Ahora recién se acordó votar la idea en general, porque el Gobierno quiere demorarlo. En eso veo doble discurso del oficialismo", cuestionó la legisladora.

-En general, nosotros esperaríamos que se tomaran medidas más drásticas. Nos gustaría que se confiara más en la autoridad local, en lo que propone. Por ejemplo, en la Provincia de Biobío los alcaldes pidieron este fin de semana un cordón sanitario porque temen que muchas personas salgan a turistear. Biobío, además, está albergando a pacientes con covid-19 de Temuco. Nosotros estamos entre La Araucanía y Ñuble, entonces hay que cuidar nuestra baja tasa de contagiados. Los alcaldes no se sienten escuchados, y eso es lo complejo.

-Creo que tenemos un recurso humano de lujo en materia sanitaria y hay una buena complementación. El que no tengamos más fallecidos ha sido, justamente, porque nuestra red de salud funciona, más allá de las medidas coyunturales que se tomen hoy. Eso sí, tenemos problemas de suministros, como mascarillas o las camas UCI. Me preocupa que no estén llegando los implementos necesarios. Diría también que la actual capacidad de testeo o de detección rápida del virus deja en tela de juicio nuestro sistema, independiente de que lo valoro.

-Sí, sin duda. Eran importantes porque había focos elevados, pero también eso obliga a que la gente obedezca a las autoridades sanitarias y que no se aglutinen en diferentes cultos o reuniones.

-Si el alcalde de Tirúa dice que tiene los medios para tener un cordón sanitario y solo necesita colaboración y apoyo de Salud, Carabineros y las Fuerzas Armadas, deberían permitírselo. Los alcaldes tienen la obligación de cuidar a sus poblaciones. La idea es que no tomen acciones apresuradas o que puedan ser populistas, pero se ven en la obligación de hacerlo. Aquí hay una falencia del sistema.

-Es necesario preocuparnos por los empleos informales y los independientes. La gente con contrato quedó algo resuelta con el subsidio de cesantía y las personas de sectores vulnerables, aunque es bajo e insuficiente, tienen el bono covid-19. Eso sí, nos queda una gran cantidad de personas de clase media y con bajos ingresos que son informales. Ahí entramos en rubros como transporte o la pesca, que no tienen empleos formales ni cómo parar la olla. Ahí el Estado se mantiene ausente, pese a las medidas recién anunciadas por el Presidente.

-Esto, sin duda, tendrá un impacto en la merma de los ingresos municipales. Ayer (martes), en la comisión de Gobierno, propuse que el subsecretario (Claudio Alvarado) dé cuenta de cómo impacta este fondo y los bajos ingresos que se están percibiendo, y saber cuántos recursos se alcanzaron a cancelar y cuánto es lo que resta.

-El confinamiento muchas veces obliga a que el agresor deba estar con la mujer. Le pedimos al Presidente que habilite fonos y casas de acogida, y que envíe un proyecto de ley para hacer más fácil las denuncias, pero aún no tenemos respuesta. Espero que en algún minuto se envíe algún proyecto, pero veo que el Gobierno reacciona con tardanza.