Fiscalía indaga culto religioso realizado pese a prohibición
Una investigación por un eventual delito en contra de la salud pública inició ayer la Fiscalía local de Cañete en contra de un pastor evangélico, quien pese a las restricciones, celebró un culto el viernes de la semana pasada.
Esta es la segunda indagatoria que abre el Ministerio Público por este mismo ilícito en el marco de la propagación de contagios por coronavirus en el Biobío. El primer caso fue el de una mujer que la semana pasada fue detenida por Carabineros, tras huir desde el Hospital Las Higueras de Talcahuano, luego que fuera diagnosticada con covid-19.
La nueva indagatoria de oficio es llevada adelante por el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, luego de que el líder religioso justificara la celebración de los encuentros en un medio de comunicación nacional. Aún no hay formalizaciones.
JUSTIFICAN ACTUAR
El encuentro presidido por el pastor evangélico Luis Becerra, junto a un grupo de personas, fue viralizado a través de las redes sociales durante el fin de semana.
Ayer, el líder religioso justificó los encuentros y acusó falta de información por parte de las autoridades. "Mañalich había dicho que sobre 50 personas no se podían reunir. Ayer recién se nos entregaron ciertas informaciones aclarando algunos temas", reconoció.
Becerra aseguró que, a su juicio, las probabilidad de contagio son bajas. Sin embargo, aclaró que ya no se están realizando encuentros. "Nosotros no somos personas ignorantes del tema, sabemos que está muriendo mucha gente, pero no queremos desafiar la ley o el gobierno", cerró.
El artículo 318 del Código Penal sanciona a quien "pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio".
Bajo ese mismo artículo es investigada una mujer contagiada con coronavirus, de 26 años, que la semana pasada fue detenida al interior de la Vega Monumental, tras darse a la fuga desde un recinto asistencial.
Por ese mismo caso, el Gobierno presentó una querella criminal en contra de la mujer responsable.
La pena asignada al delito es de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, UTM.