La jefa regional del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Carolina Chang, ratificó lo comunicado hace unas semanas por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, sobre que pronto se iniciarán las formalizaciones de cargos en contra de los agentes del Estado que presuntamente realizaron algún acto de violación de Derechos Humanos, en el marco del estallido social.

El información que entregó Chang se dio en el marco de la resolución del Juzgado de Garantía de Talcahuano, que confirmó que el INDH tiene la calidad de querellante en la muerte de Manuel Rebolledo Navarrete, joven que falleció atropellado por un vehículo de la Armada el 21 de octubre de 2019, durante el toque de queda.

"Tenemos varias causas que han avanzado en forma clara de determinar los posibles responsables y, eventualmente, lo que hemos conversado con la Fiscalía, vamos a solicitar las audiencias de formalización respecto a varias causas", expuso Chang.

Dentro de este grupo de formalizaciones que se podrían dar durante el mes de marzo, habría algunos casos de lesiones oculares por el mal uso de los elementos disuasivos utilizados por agentes del Estado.

Actualmente, la oficina regional del INDH ha presentado 215 querellas por diversos delitos, entre los que se incluyen homicidio, homicidio frustrado, torturas y apremios ilegítimos, entre otros.

Carolina Chang expuso que estas acciones judiciales son principalmente de hechos ocurridos en 2019, pero que hay algunas que son de este año. Agregó que ya han comenzado a recibir algunas denuncias de violaciones de Derechos Humanos que, presumiblemente, ocurrieron en las ultimas manifestaciones.

AMPLÍAN INVESTIGACIÓN

Chang valoró la resolución del Juzgado de Garantía de Talcahuano sobre mantener a la entidad como querellante en la causa del joven atropellado por el cabo 1° de la Armada de Chile, Leonardo Medina Caamaño.

"Creo que el homicidio es el delito esencial de Derechos Humanos. Lo que se está protegiendo precisamente es el derecho a la vida", sostuvo.

Actualmente, el caso está siendo investigado por cuasidelito de homicidio. No obstante, la jefa regional del INDH declaró que seguirán insistiendo en que es un caso de homicidio: "El Gobierno ha reconocido que hay una violación de Derechos Humanos y estos no se comente con culpa, sino que se comete con dolo".

Además de mantener al organismo como querellante, la magistrada Antonia Flores Rubilar aceptó la petición del persecutor y amplió en dos meses la investigación.