La primera sesión anual del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de la Prefectura de Concepción comenzó ayer con la presentación de una línea de tiempo sobre el impacto que han tenido en la zona las manifestaciones producidas tras el estallido social. Este programa debutó en 2018 y busca entregar una respuesta focalizada por parte de Carabineros mediante las propias denuncias efectuadas por la ciudadanía.

El coronel Rolando Molina, prefecto de Concepción, informó a las autoridades locales presentes que desde el estallido social la policía uniformada ha registrado 442 eventos relacionados a manifestaciones, entre los que se encuentran, por ejemplo, 214 desórdenes, 87 saqueos, 20 daños y 16 atentados incendiarios.

El coronel indicó además que 316 de estos eventos, es decir, el 71% del total, corresponden a casos que se han suscitado al interior de espacios públicos, como locales comerciales (74), supermercados (17) o edificios fiscales (13).

En vista de estas cifras y del impacto que podrían volver a tener las manifestaciones violentas a partir de marzo, como se proyecta a raíz de las diferentes convocatorias a marchas y paros difundidos por redes sociales, el intendente (s) Robert Contreras confirmó que mañana el Gobierno Regional y los alcaldes de la provincia participarán en una reunión de coordinación, con el objeto de generar medidas de seguridad y conocer aspectos situacionales que puedan afectar a cada una de las comunas. Se busca que esta instancia sea permanente.

"Queremos levantar información para que Carabineros detecte lugares que pueden ser vulnerables y, de esta forma, prevenir situaciones de riesgo y disolver manifestaciones de carácter violento", aseguró Contreras.

En este sentido, el coordinador regional de Seguridad Pública, Claudio Etchevers, precisó que más allá de conocer los puntos críticos en donde se concentran estos hechos, la idea es ver qué cosas se pueden hacer en esos lugares. La autoridad destacó que de aquí a marzo se debe analizar la situación de las luminarias en sectores de riesgo, el control de su vegetación, el estado de los escaños, la presencia de elementos combustibles en la vía pública o los puntos de acopio en donde se guardan botellas.

"Todas estas son medidas muy simples que no demandan recursos y en donde los municipios pueden colaborar para que los espacios de manifestaciones tengan una menor cantidad de factores de riesgo. Lo que pasó en Concepción, que se convirtió en una cantera de proyectiles, no nos puede pasar en todas partes", remarcó Etchevers.

Justamente, parte de los alcaldes presentes en la sesión fueron enfáticos en recalcar que lo que más necesitan hoy sus comunas es mayor coordinación. Así lo estableció el jefe comunal de Concepción, Álvaro Ortiz, quien incluso hizo hincapié en los efectos secundarios que han provocado las movilizaciones en la ciudad.

"Las manifestaciones han tenido otras consecuencias, como la excesiva cantidad de personas que está ejerciendo el comercio ambulante. Esto lo hemos planteado a las autoridades policiales en innumerables ocasiones (...) Esta labor de combate necesita de la ayuda de diversas instituciones, pero requerimos de la colaboración de Carabineros", indicó Ortiz.

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, fue más crítico. A juicio de la autoridad, lo que hoy se necesita es saber cuál es el plan de acción del Gobierno para enfrentar los actos violentos que pudieran agudizarse a partir de marzo.

En esa línea, Chamorro criticó que "no necesitamos diagnósticos, o saber que desde ahora vamos a realizar una mesa de trabajo a una semana de que comience marzo (...) Hemos pedido información sobre las medidas, pero de eso no hemos tenido respuesta".

Coronel, junto con Concepción, fueron una de las comunas con mayor afectación a locales comerciales durante el estallido social.

Delitos en Concepción

Uno de los datos destacados por el coronel Molina y el general Mario Sepúlveda, jefe de Zona (s), tras la primera sesión anual del STOP, dice relación con la caída que tuvieron los delitos violentos y contra la propiedad.

Según el informe de Carabineros, la Prefectura de Concepción registró durante el año pasado 6.124 delitos violentos, es decir, 8% menos en relación a 2018. En esta misma línea y en consideración al mismo período, los delitos contra la propiedad alcanzaron los 12.664, registrando una disminución de 7%.

Al contrario, dentro de los delitos que más aumentaron entre 2018 y 2019, aparecen el robo en lugar no habitado (4%), lesiones (6%) y robos con fuerza (53%).

Apremios ilegítimos

La fiscal regional Marcela Cartagena aseguró que, a la fecha, su repartición cuenta con más de 700 denuncias por apremios ilegítimos en contra de manifestantes, en el contexto del estallido social. Del total, agregó, son cerca de 250 los casos de relevancia.

Consultada por la posibilidad de contar pronto con alguna formalización, la autoridad adelantó que eso es una noticia que se conocerá pronto. "Eso va a ocurrir luego y vamos a tener bastante novedades", precisó.

Abuso policial

La fiscal regional Marcela Cartagena dijo ayer que su repartición cuenta, al menos, con 250 denuncias relevantes por apremios ilegítimos en manifestaciones.