A las 9 horas de ayer, todas las comunas de la Región abrieron sus respectivas mesas para recibir a los 4.200 militantes demócratacristianos que durante el día tendrían que decidir el nombre de la persona que asumiría la presidencia regional del partido: el actual mandamás, Nicolás Hauri, o el exdirector del Servicio de Salud Concepción, Marcelo Yévenes.

Pese a que se esperaba una participación baja de los militantes a consecuencia del actual período estival, los principales actores de este sufragio coincidieron en que el proceso. Por lo menos hasta dos horas antes del cierre de las mesas, estuvo marcado por "una buena participación".

Esta fecha fue escogida luego de que el inicio del estallido social impidiera efectuar las elecciones el 20 de octubre.

El ejemplo más claro se vivió en la Sociedad Mutualista Lorenzo Arenas, recinto escogido por el partido para recoger los votos de los militantes de Concepción. Allí se pudo observar un flujo constante de votantes, especialmente en horas de la mañana y el mediodía.

Cerca de las 16:00 horas, 120 minutos antes del cierre definitivo de las mesas, esta recinto ya había recibido a más de 400 personas, es decir, el 50% de los militantes inscritos en la capital regional.

A esa misma hora, las capitales provinciales de Biobío (Los Ángeles) y Arauco (Lebu) registraban una participación superior a las 100 y 30 personas, respectivamente.

"Hemos encontrado que ha habido una buena participación, lo cual para la fecha nos deja satisfechos. El hecho de haber realizado la elección y que hayan participado un número particular de militantes para nosotros es bueno", remarcó el actual presidente regional de la tienda, Nicolás Hauri.

En tanto, Marcelo Yévenes dijo estar sorprendido por la participación, pues esto "ha sido superior a los esperado es esta fecha del año". En ese sentido, el médico de profesión agregó que, posiblemente, en esta elección podría participar alrededor del 50% del padrón regional de la DC.

Durante la jornada, ambos candidatos se concentraron en recoger distintos puntos de la Región, con el objeto de analizar en terreno el proceso.

Minutos antes del cierre de esta edición, los candidatos a la presidencia de la DC informaron que los resultados de la elección iban a darse a conocer durante la jornada de hoy.

OTROS CARGOS

Desde la directiva local explicaron además que a través de estas elecciones no solo se escogerá al presidente regional de la DC y los miembros de sus respectivas listas, sino que también a los delegados territoriales, quienes conforman la Junta Nacional del partido, y las directivas comunales, pero solo en las que se hayan presentado dos listas.

Además de representar a sus respectivos distritos y legislar mediante el pronunciamiento o análisis de distintos proyectos de ley, los 155 diputados que hoy componen la Cámara tienen como objetivo exclusivo, a diferencia del Senado, fiscalizar los actos del Gobierno y a los servicios públicos que dependen de la administración estatal.

Para cumplir esta última labor, los diputados poseen una gama de herramientas, entre las que se encuentran, por ejemplo, la conformación de comisiones especiales investigadoras o el envío de oficios de fiscalización.

Justamente el envío de estos documentos es uno de los instrumentos más utilizados por los parlamentarios. En lo que va del presente año legislativo, los diputados del Biobío registran un total de 1.194 oficios de fiscalización enviados a diferentes organismos públicos, como gobernaciones, municipalidades o corporaciones. Eso sí, no todos los diputados los han remitido de manera proporcional, ya que hay diferencias de hasta 470 veces en la cantidad de oficios enviados por un legislador y otro.

Según datos de la Cámara Baja, la diputada con más oficios enviados es Francesca Muñoz (RN), quien hasta el 9 de enero registraba 473. A ella le siguen la DC Joanna Pérez (227), el PS Manuel Monsalve (131) y el RN Leonidas Romero (118).

Al contrario, quienes figuran en el ranking con menos oficios desde que comenzó el año legislativo -en marzo de 2019- son el PS Jaime Tohá (0), el DC José Miguel Ortiz (2), y los UDI Enrique van Rysselberghe (5) e Iván Norambuena (10).

Por lo general, las materias solicitadas por los diputados responden al trabajo de sus comisiones respectivas o al interés de sus representados. Así, por ejemplo, se pueden observar oficios que consultan por el estado de avance de obras patrimoniales, por las medidas adoptadas por ciertos municipios para apoyar a las pymes a raíz del estallido social o por la legalidad de gastos asumidos por entes estatales.

Muchos de ellos, sin embargo, son replicados de manera exacta en más de un organismo o reiterados por falta respuesta, razón que explicaría también que algunos diputados registren un número abultado de oficios.

SANCIONES MÁS DURAS

Los resultados que debiesen emanar tras el uso de esta herramienta fiscalizadora, eso sí, no siempre son los mejores. Así lo constata el diputado Jaime Tohá. "Creo que en general esta es una práctica inconducente, porque no siempre se tiene respuesta y no se resuelven los problemas. Es mucho más productivo conversar directamente con las autoridades respectivas", puntualiza.

En la misma línea, sus pares Joanna Pérez y Francesca Muñoz sostienen que del total de oficios que han enviado a contar de marzo pasado, solo una parte ha sido respondida. En el caso de la militante DC, cerca del 40% a 50% son devueltos con contestaciones satisfactorias.

Por esta razón, y dado que en la mayoría de las ocasiones la respuesta de los organismos públicos consultados es lenta, los diputados precisan la necesidad de reformular los alcances del rol fiscalizador de la Cámara, de tal manera de que las informaciones solicitadas sean entregadas en plazos efectivos y se consideren sanciones para todas aquellas instituciones que no cumplan con la norma.

"Muchos seremis o jefes de servicios desconocen cómo funciona esto (...) Hay que buscar sanciones más fuertes en esas materias para los servicios públicos y sus responsables", comenta Pérez.

En ese sentido, los parlamentarios explican que una buena alternativa sería replicar el sistema usado por el Gobierno Transparente, en el sentido de afectar los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de los funcionarios públicos, en caso de que no entreguen una respuesta ágil a los oficios de los parlamentarios.

Según el diputado Enrique van Rysselberghe, quien asegura que este año legislativo ha enviado 14 oficios y no cinco como señala la página web de la Cámara, el número de documentos de consulta a las instituciones públicas tiene directa relación con la posición política de los diputados.

"El oficialismo gobierna y la oposición fiscaliza. Ese es el balance natural en democracia. En ese contexto, en este período legislativo soy diputado oficialista, por lo que tiendo más a gobernar que a fiscalizar", remarca.

Una presentación a la Contraloría General del Biobío ingresó el senador Alejandro Navarro.

A través de esta medida, el parlamentario progresista busca que el organismo pueda fiscalizar la falta de Carabineros e inspectores de tránsito en las intersecciones que aún no cuentan con semáforos en la Región.

Justamente, desde que comenzó el estallido social, la infraestructura pública de Concepción se ha visto seriamente dañada, especialmente las señales de control de tráfico.

"La falta de personal de Carabineros o inspectores regulando el tránsito ha provocado caos vial en el centro de Concepción, imperando la ley del más fuerte", cuestionó Navarro.

En ese sentido, la autoridad parlamentaria indicó que es necesario saber quién tiene la responsabilidad por los "semáforos humanos" que, según él, hoy regulan de manera informal el tránsito en 50 puntos de la ciudad.

Estas personas, vestidas en la mayoría de las ocasiones con chalecos reflectantes, dirigen el tráfico vehicular en las esquinas, aceptando propinas de los automovilistas. También hay funcionarios contratados por el municipio penquista.

"Por ello es que le hemos pedido a Contraloría dictaminar por qué la Intendencia, la Seremi de Transportes, la Conaset, es decir, el Gobierno Regional y Carabineros de la Región, han dejado a las municipalidades asumir solas esta verdadera emergencia vial que provoca la ausencia de semáforos en las esquinas de mayor flujo", afirmó.

De esta forma, agregó que "solicitamos se emita dictamen determinando la legalidad de la conducta de los organismos públicos ausentes en esta labor, el número de municipalidades que están contratando semáforos humanos y cómo el Gobierno Regional estado colaborando en la seguridad vial, en vista de la ausencia de señales luminosas", finalizó.