En 2019 Biobío presentó 169 denuncias por agresiones a funcionarios de la salud
Una agresión cada dos días. Esa fue la cantidad de situaciones de violencia que vivieron durante en 2019 los funcionarios de salud de la Región del Biobío, según el Registro de Agresiones a Funcionarios que mantiene el Ministerio de Salud, Minsal.
Durante el año pasado, los trabajadores de centro de atención primaria y de hospitales denunciaron 1.478 agresiones a nivel nacional. En el Biobío la cifra llegó a 169, siendo la tercera región, tras la Metropolitana y Coquimbo, que reportó más situaciones de violencia en el país.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, expresó hace unos días atrás en visita a la zona, que esta cifra -que involucran insultos, amenazas e inclusos golpes- no representa el panorama total de violencia que viven los trabajadores de la salud, ya que de acuerdo a una encuesta realizada en el marco de las mesas de seguridad que se generaron, las agresiones son exponencialmente superiores de las que tienen registradas.
"Se le preguntó a los funcionarios ¿cuántas veces recibieron un acto de violencia? y de todos los que dijeron que sí, se les consultó ¿qué cantidad lo denunció a su autoridad? Y solamente el 30% dijo que lo había hecho, por lo tanto, la cifra que tenemos se estaría multiplicando por tres", explicó la autoridad nacional de salud.
MAS PENAS
Debido a esta grave situación, el 13 de diciembre pasado, tras casi un año de desarrollo legislativo, se publicó en el Diario Oficial la modificación del Código Penal -conocida como ley Consultorio Seguro- que endurece las sanciones a las personas que agredan a los funcionarios de salud o de educación en el ejercicio de sus funciones.
Específicamente, la ley establece penas que pueden ir de 10 a 15 años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo que implique pérdida de su autonomía. En caso que la agresión genere una enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días, la sanción será de 541 días a cinco años de presidio.
La presidenta nacional de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, mencionó que "sabemos que la ley no vendrá a frenar la violencia, pero sí permitirá sancionar penalmente a los que agredan a los funcionarios de la salud".
La dirigenta de la salud municipalizada dijo además que con la ley se obliga a los directivos de los recintos (o en su caso, a los servicios de Salud) a presentar las denuncias y acciones judiciales que correspondan.
"Esta ley quedó bien armada, ya que determinó responsables que no pueden omitir actos de violencia hacia algún trabajador", indicó Flores.
El subsecretario de Redes Asistenciales explicó que con el cambio de los cuerpos legales no solo se busca proteger la integridad física y psíquica de los funcionarios, sino también mantener a los recintos completamente operativos para la atención.
"Cuando son agredidos, ese personal no puede seguir atendiendo a otros pacientes. Entonces se está atacando directamente lo que es la salud pública", enfatizó Zúñiga.
El nuevo texto legal también señala que el agresor puede ser multado con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad si causa lesiones leves que no produzcan daño.
BOTONES DE PÁNICO
Otras de las medidas que se acordó en 2019, en el marco de las mesas con los gremios de salud por los hechos de violencia, principalmente en los recintos de atención primaria, fue implementar un kit de seguridad. Esto se aplicaría en los 26 establecimientos de salud municipal con más situaciones violentas.
De acuerdo al registro de diciembre del Minsal, ya hay 15 sistemas de seguridad instalados en el país, los que incluyen cámaras de grabación y botones de pánico. Hay otros tres que se están instalando y ocho en proceso de compra.
En la Región se implementó el kit en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Los Álamos, comuna de Los Álamos, el que ya está operando desde mediados de año. En el Cesfam Juan Cartes de Lota se está instalando.
"Al Cesfam de Lota le faltan pequeñas cosas, pero yo diría que el 90% del proyecto está avanzado", sostuvo la presidenta nacional de Confusam.
Estos dos establecimientos se suman al Cesfam Víctor Manuel Fernández, que incorporó esta seguridad en diciembre de 2018 y que sirvió como modelo para que el Minsal decidiera replicarlo en otros recintos de salud.
Se analiza aplicar esta medida en otros centros antiguos que lo requieran, ya que todas las nuevas construcciones tendrán estos dispositivos incorporados en su diseño e implementación.
Daño severo
Si un funcionario sufre una agresión que le causa un daño severo, que implica pérdida de autonomía, la sanción puede ir de 10 años y un día a 15 años de cárcel.
Incapacidad
Si el hecho de violencia genera una enfermedad o incapacidad al trabajador de salud o educación, la pena puede ir desde 541 días a cinco años.