El expresidente de Bolivia Evo Morales anunció ayer que dirigentes de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), se desplazarán el próximo 29 de diciembre a Buenos Aires para "debatir" y convocar un encuentro en la frontera con Bolivia donde elegirán su candidato a los comicios bolivianos.

"Decidí convocar a los dirigentes del MAS. Van a venir a Buenos Aires el domingo 29 dirigentes de los 9 departamentos. Ahí vamos a debatir y vamos a sacar la convocatoria donde vamos a reunirnos con seguridad en la frontera entre Argentina y Bolivia y ahí vamos a elegir nuestro candidato", afirmó a Radio La Red.

El exmandatario detalló que en el encuentro fronterizo, al que acudirán "unos 1.000 dirigentes y delegados", habrá representantes del Gobierno argentino para garantizar "cierta seguridad".

"Compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera. Me van a acompañar pero también el Gobierno nacional de Argentina para cierta seguridad", agregó. Como posibles candidatos afirmó que "hay muchos" y deslizó los nombres de los excancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el exministro de Economía, Luis Arce y el joven político Andrónico Rodríguez.

La fecha de los comicios bolivianos deberá anunciarse en los próximos días, después de que la presidenta interina Jeanine Áñez promulgara una ley que amplia de dos días a diez el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral anuncie la convocatoria. Desde entonces, los comicios pueden celebrarse en un plazo de hasta 120 días.

Morales fue nombrado jefe de campaña de su partido, tarea que ejerce desde Argentina, a donde llegó el pasado 12 de diciembre y pidió ser acogido como refugiado, luego de asilarse en México y tras renunciar al poder presionado por las Fuerzas Armadas. Morales había sido reelecto el 20 de octubre en un proceso considerado fraudulento por la OEA, la UniónEuropea y otros organismos.

El Senado argentino aprobó ayer en la madrugada la ley de "emergencia pública", un amplio paquete de medidas e impuestos con el que el nuevo Gobierno del peronista Alberto Fernández busca hacer frente a la crisis social y económica que atraviesa el país.

Tras una sesión parlamentaria que duró casi 12 horas, esta "megaley", considerada clave por la nueva administración para frenar la recesión, salió adelante con el voto a favor de 41 senadores, frente a 23 en contra y una abstención.

La sesión extraordinaria representó el debut de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta del país, como titular del Senado, y comenzó luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto en la madrugada del viernes, tras otras 15 horas de debate.

La Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega al Ejecutivo facultades especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.

El senador oficialista Carlos Caserio afirmó en el debate que la ley permitirá "poner a la Argentina en movimiento" porque "la situación es realmente grave".

El senador Esteban Bullrich, de la coalición Juntos por el Cambio ahora opositora, afirmó ante el pleno que este "es un día triste para la república. Escuchando las palabras del presidente Fernández me había esperanzado del llamado al diálogo. Pero esa esperanza se diluye con este proyecto de ley, porque ignora las instituciones, hace de este Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos".

impuestos y TARIFAs

La norma prevé, entre otros puntos, el congelamiento por 180 días de las tarifas de servicios públicos para su revisión y la suspensión del ajuste de las jubilaciones para reformular el sistema de pensiones.

La iniciativa es muy amplia y entre otros puntos destacan la creación y el aumento de algunos tributos, un asunto clave para resolver los desequilibrios fiscales del país, y temas de la deuda pública, otro de los problemas acuciantes a resolver en el corto plazo.

El texto incluye la creación de un impuesto denominado "país" (impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria) que gravará con una tasa del 30% la adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento, la compra de pasajes y paquetes turísticos en dólares para viajar al exterior y los gastos que se hagan en moneda extranjera dentro y fuera del país.

Además, el Ejecutivo pretende aumentar otros impuestos y los derechos a las exportaciones de productos agrícolas, que se podrán incrementar hasta el 33% en el caso de la soja, el principal cultivo de Argentina.

Entre los cambios realizados por los diputados, se decidió excluir de la suspensión del sistema de ajuste de las jubilaciones a los regímenes especiales (las llamadas "pensiones de privilegio"), como el que rige las asignaciones de las autoridades del Poder Ejecutivo y el Judicial, lo que generó una amplia polémica.

Ante las críticas que desató esta excepción, el presidente Fernández anunció ayer a través de su cuenta en la red social Twitter que ampliará el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso para que se "aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio". El jefe de Estado remarcó que su objetivo es "garantizar la igualdad" y "trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos".

Argentina, en recesión desde abril de 2018, arrastra alta inflación (los precios subieron 52,1% interanual en noviembre) y elevados niveles de pobreza, que se prevé que ronden el 40% de la población a final de año.

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, en entrevista con el diario español El País, afirmó que el descontento social que ha atravesado Chile durante más de 60 días tiene dos fases y que la primera es producto "de la imposibilidad de usar el Metro". Las demandas sociales surgieron después, afirmó.

Ribera fue consultado por la crisis social en Chile, ante lo cual explicó que "para entender el fenómeno, hay que tener claro que lo que sucede es solo violencia de grupos anárquicos y que el malestar social se deriva de la imposibilidad de usar el Metro. Es con posterioridad cuando surgen las demandas sociales. Son dos temas distintos".

La imagen internacional del país, según Ribera, ha sido afectada por las protestas. Sin embargo, "tenemos que trabajar para llegar prontamente a nuevos consensos que le den larga estabilidad al país. Pero el sistema político o el judicial chilenos funcionan. No hubo una crisis institucional, sino primero una crisis violenta y luego una crisis social. Pero las instituciones soportaron la crisis, el sistema ha demostrado ser fuerte y estable", sostuvo y dijo que el problema se resolverá con reformas sociales y no con una nueva Constitución.