Tras la última concentración en la avenida Los Carrera con Paicaví, un video con enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de la PDI comenzó a circular en las redes sociales.

Según se indicó desde la institución, el episodio se registró en medio de la detención de un hombre que habría participado en el ataque al cuartel regional de la policía civil en calle Angol.

"Mientras se realizaba su detención, un grupo de desconocidos, en su mayoría encapuchados, agredieron con diversos elementos contundentes a los detectives y el vehículo policial en el que se movilizaban, motivo por el cual el personal debió hacer uso de elementos antidisturbios", señalaron en un comunicado.

Dos oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos resultaron con lesiones de carácter leve, además resultó con daños de consideración uno de los vehículos, indicaron. "Hasta el momento no existen registro de otras personas lesionadas", informaron, junto con reiterar el compromiso con los DD.HH.

Tras el complejo panorama que han denunciado los vecinos de la remodelación Paicaví y otros sectores aledaños producto de las manifestaciones en el lugar, el municipio de Concepción ingresó ayer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Las protestas en la rotonda del sector se arrastran desde que se produjo el estallido social hace dos meses.

La acción judicial busca principalmente que se apliquen medidas en el sector para asegurar la tranquilidad de los residentes, principalmente de los adultos mayores, se indicó desde el municipio.

Este es el segundo recurso de protección que presenta el municipio penquista en el contexto del estallido social. El primero fue ingresado el 22 de septiembre pasado en contra del Ministerio del Interior por vulneración de garantías constitucionales. El 2 de noviembre pasado, en tanto, la casa edilicia presentó una querella a raíz del vandalismo y los daños que en ese momento fueron estimados en cerca de US$1 millón.

Esta semana las marchas no autorizadas se han concentrado en la rotonda de la avenida Paicaví. La jornada del miércoles incluyó el ataque a un vehículo de la PDI por parte de un grupo de manifestantes, en medio de la detención de una persona (ver subtema).

El alcalde Álvaro Ortiz insistió en que será la justicia quien determinará las medidas que deberán ser aplicadas, pese a que el mismo tribunal ha establecido restricciones a la acción de Carabineros.

Un grupo de vecinos de los sectores más afectados y dirigentes de distintas agrupaciones sociales de la capital regional respaldaron la presentación.

ASEGURAR TRANQUILIDAD

El jefe comunal penquista indicó que los vecinos de remodelación Concepción, remodelación Paicaví, Plaza Condell y otros sectores aledaños al centro de la ciudad han visto vulnerado su derecho a vivir en un entorno libre de contaminación y de tránsito.

"Venimos a entregar estos antecedentes para que se busquen las fórmulas de terminar con estos hechos que culminan lamentablemente en violencia, con la quema de neumáticos, cortes de camino y rayados en la propiedad privada", precisó.

Ortiz añadió que "este recurso no va dirigido en contra de nadie personalmente y va en virtud de lo que nos permite la ley de buscar alternativas para poder terminar con estos hechos que están afectando principalmente a los adultos mayores".

Respecto a la decisión del tribunal de alzada de restringir las herramientas disuasivas que aplica Carabineros, particularmente las sustancias químicas, la autoridad comunal enfatizó que son los mismos ministros quienes deberán explicar su determinación.

"Lo que nosotros estamos haciendo es poder tomar las herramientas que tenemos establecidas en el marco jurídico para poder entregar tranquilidad a las personas que viven ahí", aseveró.

El gobernador penquista Robert Contreras señaló que hasta ayer desconocía el contenido del recurso de protección y las solicitudes que allí se planteaban. Asimismo, la autoridad recordó que hasta hace algunos días el alcalde no había realizado requerimientos durante un balance policial.

"Llamamos al alcalde y a la comunidad a trabajar en conjunto y evitar estas acciones que en definitiva entorpecen las labores de las policías y del Ministerio del Interior", enfatizó.

Contreras agregó que esperaría la presentación de querellas en contra de los responsables por los daños.

UN GRAVE PROBLEMA

Representantes de distintas organizaciones sociales respaldaron la acción social y enfatizaron que las acciones de violencia han generado una alteración del ritmo de vida de las personas.

Raúl Figueroa, dirigente vecinal penquista, insistió en la necesidad de avanzar en reales medidas de resguardo: "Esto debería haberse evitado con mayor resguardo, el Estado tiene la facultad de poder hacer ese resguardo y no se aplicó" sostuvo

Hilda Ceballos, presidenta de la Junta de Vecinos N°16 Remodelación Concepción, ha visto de cerca el desarrollo de las manifestaciones en su sector. El grave problema, afirmó, es insostenible. "La mayoría de nuestros vecinos son adultos mayores, entonces todas las noches se está sufriendo con estas barricadas en Paicaví. Eso ha sido muy riesgoso para todos nuestros vecinos", indicó.

La dirigenta aseguró que hoy muchos de los residentes han optado por dejar la zona. "No podemos dejar que termine la tranquilidad que teníamos en el sector. Lo que queremos es recuperar nuestra tranquilidad", cerró.

En San Pedro de la Paz existía la necesidad de investigar más sobre seguridad, determinar qué la gatilla y qué se puede hacer para reducirla. Eso fue lo que motivó la creación de un observatorio de seguridad ciudadana entre el municipio y la Universidad de Concepción y que ayer oficializó su primer fruto: un informe de Seguridad Humana.

Este documento fue presentado por los investigadores de la UdeC ante el Concejo Municipal.

Esta indagatoria consideró siete dimensiones: política, económica, alimentaria, salud, comunitaria, ambiental y personal. En base a eso analizó factores de riesgo que deterioran o potencian la seguridad humana.

Lionel Zúñiga, director de Asistencia Técnica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdeC y profesor de Sociología, explicó que "como universidad hemos dado un marco teórico para comprender el tema de la seguridad en un territorio con una multidimensión de problemas".

Agregó que "partimos analizando los derechos de las personas, para tener una vida digna, con un adecuado acceso a la educación, a la salud, a la participación, y la universidad ayuda a comprender estos fenómenos".

Resultados

La investigación estuvo a cargo de las profesionales Amarielis Rojas y Carla Durán. De acuerdo a los datos dados a conocer ayer, en el ámbito político preocupa la baja participación en las elecciones, con solo el 53% en la última presidencial. Como contrapunto, destaca la participación en el programa de Presupuestos Participativos, con votaciones en aumento desde 2011 a 2019 con más de 20 mil votos.

En lo vinculado a salud, el estudio reveló que San Pedro de la Paz garantiza el acceso geográfico a los centros de atención primaria que están ubicados principalmente en los sectores más vulnerables del territorio.

También se obtuvo información con los sectores donde hay más dificultades de empleo, siendo Boca Sur, Michaihue, Candelaria, Lomas Coloradas y San Pedro de la Costa los barrios con mayor nivel de desempleo. Por ejemplo, en Michaihue-Boca Sur más del 20% de la población posee contrato fijo o sin contrato de trabajo

Sobre los resultados, las profesionales indicaron que la principal conclusión es que la seguridad tiene que tener un enfoque centrado en las personas y desde ahí construir las medidas para enfrentar las inseguridades.

Agregaron que entre las fortalezas está la conservación y apertura de espacios públicos, hay un esfuerzo por incorporar a las personas en proceso de participación como los presupuestos participativos, el reciente plebiscito por el humedal y la consulta ciudadana, en materia de salud, en programas de capacitación etc.

Sin embargo, indicaron que el problema está en la división marcada de sectores territoriales en el plano socioeconómico, donde existe un sector más acomodado en comparación con los puntos de mayor vulnerabilidad social.

Sobre el estudio, el alcalde Audito Retamal expresó que "teníamos la necesidad de investigar más sobre seguridad, porque hay varios elementos que participan y esperamos ahora poder aplicar los resultados de este informe en nuestras comunidades".