La Mesa Unidad Social reúne a una serie de movimientos ciudadanos y organizaciones de trabajadores y es la que ha convocado a varias marchas desde el 19 de octubre a la fecha, tanto en el país como en la Región del Biobío.

Aunque para esta semana no tienen proyectadas manifestaciones, sí anunciaron que harán gestiones con los parlamentarios para que no se apruebe la normativa que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública y que agrava las penas aplicables.

Esta moción, que se ingresó el 25 de noviembre, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora está en su segundo trámite en el Senado. Fue aprobado en general.

Bexsabé Vidal, dirigenta de la Fenpruss del Hospital Las Higueras y vocera de Mesa Unidad Social, cree que esta ley solo acentuará la crisis social en la que se encuentra hace más de 50 días el país. "Se tiene que presionar para que no estén distantes del pueblo, porque sería darle la espalda a la gente. Es como desconocer todas las manifestaciones y salidas de la calle", sostuvo la dirigenta de la Fenpruss.

Una opinión similar tiene la organización en relación a otras propuestas legislativas vinculadas, como la conocida como Ley Antiencapuchados, o la propuesta para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en el resguardo de infraestructura crítica.

Para la organización, todas estas iniciativas solo buscan criminalizar las movilizaciones sociales.

RECHAZO

Vidal reiteró que la denominada Ley "antisaqueos" busca reprimir y criminalizar cualquier manifestación que realicen las personas: "Buscan encubrir con la ley antisaqueos la represión de cualquier manifestación. Sea de los públicos, de las organizaciones sociales, todas van a ser reprimidas (…) Todo lo que altere el orden público lo van a criminalizar", enfatizó la dirigenta.

El proyecto de ley que aún está en trámite en el Congreso considera acciones como paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad (transporte, hospitales agua potable u otros) o interrumpir el libre tránsito de vehículos o personas, entre otras situaciones, como desorden público y, por lo tanto, serán penalizados.

Las sanciones consideradas son reclusión menor en su grado medio a máximo, es decir, desde 541 días a 5 años de cárcel, a quienes contravengan la normativa.

La dirigenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, organización que también es miembro de la mesa, Paulina Benimelis, recalcó que esta legislación solo criminalizará los movilizaciones sociales, que en la Región del Biobío son constantes.

"Esta ley criminaliza completamente a cualquiera que se le ocurra pensar en hacer una toma. El sector público es uno de los más perjudicados, porque no tenemos negociación colectiva, ni tampoco derecho a huelga o paralización", expresó Benimelis.

MOVILIZACIONES

Durante esta semana, la mesa de Unidad Social no tiene considerado en su calendario llamar a movilizaciones esta semana. Sin embargo, Benimelis precisó que como organización se sumarán a acciones que están convocando otros movimientos sociales de la zona.

"El lunes (hoy) nos sumamos al llamado que hicieron las mujeres autoconvocadas y que se realizará en la Catedral (de Concepción)", contó la dirigenta de la Anef.

Mañana participarán de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Para el resto de la semana hay acciones de organizaciones sociales en contra del Tratado Transpacífico, conocido como TTP11.

Benimelis también expresó que están realizando acciones para que profesionales bajen a las juntas de vecinos el trabajo que están haciendo y las observaciones que hay sobre el proceso constituyente.