Tras la polémica por el incumplimiento de los protocolos sobre el uso de identificaciones en los uniformes de Carabineros, el jefe de la zona policial Biobío, general Rodrigo Medina, confirmó que ya evacuaron el informe que la semana pasada fue solicitado por la Contraloría General de la República.

El pronunciamiento del órgano fiscalizador surgió luego de una denuncia realizada por un reportero gráfico penquista sobre el uso de apodos en los uniformes de los funcionarios de Carabineros. "Súper Dick", "Destroyer" y "Raptor" fueron algunos los sobrenombres utilizados por los efectivos, contrario a lo que indican los protocolos de la institución.

El general Medina afirmó ayer que no compartía la acción realizada por los tres funcionarios involucrados, que ya se encuentran identificados, explicó. Sin embargo, la autoridad policial aseguró que los involucrados y sus familiares habrían sido amenazados de muerte. Estos hechos, agregó, ya fueron denunciados ante el Ministerio Público.

Esta irregularidad fue abordada la semana recién pasada por el mismo contralor, Jorge Bermúdez, quien enfatizó que "es, eventualmente, y no me quiero adelantar con el juicio, un incumplimiento de los protocolos que existen en la institución".

AMENAZAS

Rodrigo Medina indicó que respondieron en los plazos establecidos y los puntos que fueron requeridos por el órganos contralor. En ese contexto agregó que los funcionarios involucrados habrían sido víctimas de amenazas.

"Acá hay una acción que yo no avalo, pero tampoco comparto que se amenace a un funcionario público. Cada carabinero sabe por qué actuó de esa forma y creo que muchas veces es mejor prevenir que lamentar la muerte por una persona desquiciada", afirmó.

El jefe de zona dijo que las eventuales sanciones corresponden al jefe directo de cada efectivo. "Ese funcionario público tiene el derecho al debido proceso, no me puedo meter en la cabeza del carabinero de porqué lo hizo. Él encaró de una manera distinta la situación que estaba enfrentando (amenazas) y tendrá que responder dentro de su proceso administrativo", afirmó.

SEGURIDAD EN LA ZONA

Esta información la dio a conocer después del comité policial que se realizó en la Intendencia, el que encabezó el intendente Sergio Giacaman y en el que participaron los representantes de ambas policías y el gobernador provincial, Robert Contreras, a cargo de la coordinación de la labor de seguridad en la zona.

Las autoridades indicaron que se evaluaron estrategias para abordar la contingencia en medio de distintos llamados a paralización y marchas para esta semana.

Sobre esto, el gobernador Robert Contreras enfatizó que existen coordinaciones permanentes para abordar la seguridad, particularmente en el centro penquista.

"Se están reforzando las medidas de seguridad, se está buscando fórmulas de implementarlas de mejor manera (...) La estrategia es dinámica, va cambiando al escenario de cada día para devolver la seguridad de las personas", dijo.

Asimismo, Contreras afirmó que están coordinados con los equipos municipales. "Esa es la convocatoria que hacemos, a trabajar en conjunto, no nos podemos restar ni dividir", precisó.

El intendente Sergio Giacaman agregó en ese mismo sentido que durante el fin de semana se reunió con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, para definir un trabajo conjunto.

"Desplegamos equipos de vialidad y otros servicios para efectos de reforzar los adocreto y evitar las partes que están con orillas. Junto con ello se está realizando una limpieza de muros", dijo.

Giacaman llamó además al municipio a regular el uso del odeón en la Plaza de la Independencia, como se hizo en 2015 en el contexto de la Copa América.

"Actualmente se está usando para fines que buscan activar la violencia, es relevante que lo hagan, siendo el municipio el administrador de ese bien de uso público", enfatizó.

Según precisaron las autoridades regionales, a la fecha se registran cerca de 2.300 detenidos en la provincia de Concepción por delitos vinculados las manifestaciones y desmanes tras el estallido social hace cinco semanas.