México, con al menos 550 denuncias, y Chile, con 243, lideran en América Latina las denuncias contra miembros de la Iglesia Católica por abusos sexuales contra menores.

Así se desprende del informe de la ONG británica Child Rights International Newwork (CRIN) "La tercera oleada: Justicia para los sobrevivientes de abuso sexual infantil en la Iglesia Católica de América Latina", el que publicó ayer en su web. CRIN es un centro de pensamiento internacional que defiende los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

CAMBIO CULTURAL

El reporte destaca que en Argentina y Chile, "un número cada vez mayor de víctimas de abusos sexuales, hoy día sobrevivientes, tiene el coraje de compartir sus experiencias y actuar contra sus agresores y la institución religiosa". CRIN resaltó que los sobrevivientes han empezado a reclamar colectivamente a sus gobiernos para que creen una comisión independiente "para investigar la verdad en torno a los abusos sexuales en la Iglesia Católica". "Aunque Chile es el primer país latinoamericano en pedirlo, esto forma parte de una oleada mundial que demanda a la Iglesia que rinda cuentas", añade.

De ahí el nombre del informe, pues, como dice CRIN, "muchos activistas han predicho que en América Latina se producirá una 'tercera oleada' de revelaciones y movilizaciones masivas de sobrevivientes de abusos de la Iglesia", tal como ocurrió primero en Norteamérica e Irlanda, y después en el resto de Europa y Oceanía.

Se plantea que los abusos denunciados "están al alza a nivel mundial", aunque se llama la atención sobre la "poca información de fuentes nacionales" respecto de ellos en Brasil, Cuba, Ecuador y Honduras. EnBrasil, los casos ya en 2005 habrían sido al menos 170.

En México, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes declaró haber lidiado con unos 550 casos y la Iglesia Católica reveló haber suspendido a 152 religiosos.

El informe dice que la Iglesia ha intentado, por décadas, evitar que las acusaciones salieran a la luz, por ejemplo, trasladando a los abusadores a otras parroquias o al extranjero, culpando a las víctimas y a sus padres, o censurando medios. Y agrega que para quienes han sufrido abusos o explotación sexuales en la infancia, la más importante barrera judicial para hallar una reparación es la existencia de plazos de prescripción excesivamente restrictivos.