Que adecue su actuación policial en forma estricta a la normativa legal y que se abstenga de realizar diligencias cuando no hay instrucciones para realizarlas. Esa fue la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción en contra del comisario de la Tercera Comisaría de Penco, mayor Alex Bustamante.

El fallo unánime del tribunal de alzada está relacionado con la acción judicial que presentó la oficina jurídica de derechos humanos "Colectiva", en representación Leonardo Jara, dirigente de la Junta de Vecinos N° 12 "Mejoreros" de Penco.

Jara acuso que el funcionario policial lo habría amedrentado vía telefónica tras participar en un cacerolazo familiar el 21 de octubre en Penco mientras había estado de excepción constitucional en la Provincia de Concepción. Según su relato, el mayor lo responsabilizaba de haber organizado la movilización en la comuna.

En base a estos antecedentes -que incluyen la confirmación de Fiscalía de una investigación de apremios ilegítimos- es que se acogió el amparo. El argumento de la Corte fue que "si bien pudiere estimarse que un mero llamado telefónico de parte de un funcionario policial a un particular cualquiera no implica ninguna afectación o vulneración de derecho alguno, dicho contacto telefónico en la especie adopta una connotación distinta, si se tiene en consideración que se materializó durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, efectuado por un mayor de Carabineros, que ostenta el cargo de comisario de la unidad policial de la comuna en que trabaja y vive el amparado".

La abogada de la oficina jurídica, Carla Cid, sostuvo que en la sentencia, la corte penquista expuso que el comisario de Penco "debe ajustarse a los protocolos existentes y, por lo tanto, no puede realizar actuaciones, como por ejemplo, llamadas intimidatorias".

El tribunal de alzada también le solicitó al funcionario policial abstenerse de desarrollar diligencias investigativas si no hay instrucciones o autorizaciones al respecto. Esto, en relación al supuesto de que Jara era sindicado como el organizador de protestas en la comuna.

Sobre esta sentencia, el departamento de comunicaciones de Carabineros informó que "no puede referirse a este hecho, toda vez que corresponde a una decisión adoptada por un tribunal de alzada".

Hasta los tribunales de justicia llegó la Agrupación de Repartidores Penquistas para presentar una demanda en contra de la empresa PedidosYa SpA. La acción judicial persigue una tutela laboral por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales, y una indemnización de perjuicios por accidente laboral.

Fernando Gallardo es miembro de la agrupación y en agosto de este año fue despedido. Dijo que la desvinculación se produjo por su participación en la agrupación. Por ello, acusó vulneración de derechos fundamentales.

Según explicó el joven, "la excusa en el momento fue que yo estaba mintiendo en cuanto a si era o no parte de la agrupación y después en el correo de desactivación -porque para ellos es desactivación, no despido- decía que era debido a que no estaba de acuerdo con el contrato". El trabajador especificó que "en ningún momento hablé de no estar de acuerdo, queríamos comprobar que sí existe una relación laboral".

David González, abogado y representante legal de la agrupación, indicó que "esta es una de las primeras demandas donde se pide una declaración de relación laboral, puesto que no hay una sentencia en el país que nos demuestre que PedidosYa es empleador y que estos chicos son trabajadores".

Accidentes laborales

Cristóbal Pinilla, quien también trabaja para la aplicación, resultó con fractura expuesta en su pierna izquierda a principios de junio. Lamentó que Pedidos Ya no lo ayudara con el tratamiento. "Está dentro de una cláusula del contrato que se desligan de accidentes", mencionó.

Carlos Jara, seremi de Trabajo y Previsión Social, aseguró que la Ley de cotizaciones obligatorias, que está vigente desde el 1 de julio, se hace cargo de estas situaciones.

Aunque se intentó contactar a Pedidos Ya, no hubo respuesta sobre las acciones judiciales.

Después de más de 15 días sin poder operar, esta semana el Servicio Electoral (Servel) del Biobío volvió a atener público en tres oficinas transitorias facilitadas por municipios de dos comunas y una organización vecinal, todas en la provincia de Concepción.

El edificio de la Caja Los Andes, donde funcionaba el servicio, está ubicado en la denominada zona cero de los incidentes tras el estallido social. El pasado 3 de noviembre un incendio destruyó varios pisos de la propiedad, entre ellos el 11, donde están las oficinas. Anteriormente ya habían intentado quemar el edificio.

Esta situación presenta complicaciones para aquellos ciudadanos que quieren realizar un cambio de domicilio, sobre todo pensando en el plebiscito anunciado por el gobierno para abril del próximo año en el que se consultará sobre la posibilidad de cambiar la actual Constitución.

Juan Eduardo Toledo, director regional del Servel, confirmó que desde el martes están atendiendo al público en el segundo piso de la municipalidad de Concepción y que desde ayer están también en un espacio facilitado por la Junta de Vecinos de Lomas de San Sebastián, en la misma comuna.

De igual manera cuentan con un espacio que prestó la administración comunal de Talcahuano.

Modalidad

"Empezamos a funcionar como Servel en Terreno, donde los municipios nos pueden facilitar espacios para atender a los vecinos; pero también hay trámites que la gente puede hacer perfectamente en línea, como el cambio de domicilio. La primera municipalidad que nos cedió un espacio fue la municipalidad de Concepción, estamos esperando respuesta de San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante y en la medida que nos vayan facilitando espacios en la intercomuna, vamos a atender al público", dijo Toledo.

Eso, al menos para el Gran Concepción, porque descartó la posibilidad de habilitar oficinas en comunas más lejanas debido a las dificultades técnicas y de personal para cubrir esas plazas. "En las comunas más lejanas no podemos, porque no tenemos ni el personal ni los recursos para estar allá", explicó.

En las oficinas de Concepción y Talcahuano el horario de funcionamiento es desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, de lunes a viernes.

DISPOSICIÓN

DE MUNICIPIOS

En el caso de Talcahuano, el alcalde Henry Campos dijo que el módulo de atención del Servel estará disponible para consultas de la comunidad hasta el 5 de diciembre.

"Hay que comprender que ellos tuvieron un problema durante las manifestaciones y que causaron daños en sus dependencias y, por lo tanto, acogimos el llamado del Servicio Electoral y hemos facilitado las dependencias municipales para que ellos pudieran funcionar hasta el 5 de diciembre en nuestra municipalidad", dijo.

Añadió que "se viene un proceso electoral importante en abril con el plebiscito y también después las elecciones municipales. Por eso, si usted quiere participar en el plebiscito, tiene que ir a cambiar o ratificar su domicilio existente".

En la misma línea, el alcalde de Lota, Mauricio Velásquez, dijo que si bien todavía no reciben alguna solicitud del Servel, están dispuestos a analizar la posibilidad de facilitar un espacio para acercar el servicio a los vecinos de su comuna.

OFICINA DEFINITIVA

Toledo añadió que esperan que el Servel funcione así al menos hasta fin de mes, periodo en el que deberían tener resuelta la falta de una oficina regional. "Para tener oficina estamos esperando autorización de la Dipres (Dirección de Presupuestos del Gobierno, a cargo del Ministerio de Hacienda), que la solicitamos hace harto tiempo, así que esperamos que nos autoricen luego para poder buscar", detalló.