Desde el 28 de octubre, la misión de Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha recorrido diversas regiones y ciudades del país, con el fin de examinar denuncias y reunir información sobre las violaciones a los derechos humanos ejercidas por parte de agentes del Estado durante las últimas semanas de movilizaciones sociales.

En este contexto, ayer llegaron hasta el Hotel Diego de Almagro dos altas comisionadas de la ONU para sostener un encuentros con miembros de la sociedad civil y representantes de organizaciones vinculadas a la protección de los derechos humanos.

Entre los organismos presentes se encontraba la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) Biobío y Ñuble, Piquete Jurídico UdeC y la Junta Rebelde, entre otras, las cuales expusieron ante las comisionadas los casos de vulneración en los que están trabajando.

Luego de esta reunión, que duró cerca de dos horas y media, las representantes del organismo internacional conversaron con víctimas de violaciones de derechos humanos de la Región. En ese contexto, durante la tarde visitaron el servicio de oftalmología del Hospital Clínico Regional.

Durante este trabajo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, ha hecho de nexo entre las observadoras y las organizacionesl. Carolina Chang, jefa regional del INDH, explicó sobre el trabajo que "ellas tienen todas las facultades para buscar y solicitar los antecedentes a los organismos públicos y privados, en términos de poder recolectar la información para poder hacer un informe y hacer recomendaciones al Estado de Chile".

Según datos entregados por el INDH, hasta este martes 12 de noviembre existen 269 denuncias por lesiones y alrededor de 26 querellas. De esta cifra, 10 corresponden a torturas ejercidas por parte de fuerza policial en la Región.

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Amaya Álvez, abogada de la Oficina Jurídica Colectiva, dedicada específicamente a los Derechos Humanos, indicó que en la ocasión se hizo entrega de un extenso informe que describe vulneraciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado desde el 18 de octubre a la fecha, en la provincia de Concepción.

"Nosotros trabajamos en total 13 personas en la oficina colectiva, hemos estado en la calle hablando con las personas y visto vulneraciones que podríamos denominar estructurales (...) hemos visto que hay una mirada poco protectora de los derechos fundamentales, de parte de las autoridades, de las fuerza de orden y seguridad, y de las fuerzas armadas. Esto no es aislado y eso es lo que nos preocupa mucho", contó la abogada.

Desde el Piquete Jurídico de la Universidad de Concepción Juan Andrés Álvarez, abogado a cargo de esta organización, explicó que "ha existido un alza esta última semana de 78 casos a más de 120. Ha habido un aumento importantísimo, los casos siguen llegando a diario y estamos hablando de que esta cifra abarca hasta el 11 de noviembre (...) por lo tanto, veo que el número va a seguir aumentando", concluyó.