Gritos, empujones, interrupciones y suspensiones momentáneas marcaron la tensa sesión de la Cámara de Diputados en que el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, entregó antecedentes sobre lo que ha hecho el Gobierno frente a los sucesos de violencia y el estallido social de los últimos días.

El momento más tenso se vivió cuando la diputada del Frente Amplio Pamela Jiles se acercó, junto a otras diputadas del bloque, hasta la mesa de la Cámara para sostener pancartas con las cifras de detenidos y heridos en estas jornadas de estado de emergencia y toque de queda. Diputadas de Chile Vamos se acercaron para detener a Jiles y quitarle su cartel, como intentó hacerlo Érika Olivera. Marcela Sabat (RN) trató de calmar a Jiles y Paulina Núñez (RN) estuvo a los empujones con ella.

El presidente de la Cámara, Iván Flores (DC), llamó a la calma y sancionó a todas las diputadas del Frente Amplio involucradas. "No traslademos el conflicto al Parlamento, por favor", pidió.

EXPOSICIÓN

"Son momentos difíciles y creo que el respeto que nos debemos debe ser desarrollado entre todos. El estado de emergencia se desarrolla dentro del estado de derecho", afirmó el ministro Chadwick en su intervención. "Hemos enfrentado una situación de violencia y acción vandálica como yo no tengo recuerdo de haber vivido en estos últimos años". Añadió que si bien son válidas las diferencias, hay que estar unidos en "rechazar las acciones de violencia y vandalismo que nos hacen daños a todos".

"La democracia se prueba cuando todos estamos unidos contra la violencia y en favor de la paz. Y no cometamos errores históricos porque esta es la exigencia de hoy", expuso el secretario de Estado.

Aclaró que "no tenemos ninguna voluntad o intención de estar declarando estados de emergencia en forma permanente o habitual. Por el contrario, el Presidente es quien tiene y debe tener el mayor interés y compromiso de que el país pueda desarrollarse con completa normalidad y no tener que recurrir nunca a un estado de excepción".

Consultado fuera de la Sala por las muertes y presuntos apremios en el marco de la acción policial y militar, dijo: "No tengo ninguna responsabilidad política".

Reportó 814 lesionados, incluidos 254 son civiles y 560 uniformados; y 4.337 detenidos. Dijo que los antecedentes han sido entregados a la Fiscalía y que las investigaciones y sumarios están en curso. Añadió que se han registrado 904 hechos de violencia graves, incluidos 18 buses quemados y 329 supermercados saqueados y/o incendiados.

En la sesión, el diputado Miguel Crispi, de Revolución Democrática, dijo: "Chile vive un estado de conmoción nacional iniciado por una protesta legitima (…) Ministro, la violencia es desproporcionada. Es ineludible su responsabilidad en el manejo que ha dado a esta situación. Hay gente muriendo en las calles. La democracia no acepta la violación a los derechos humanos".

Ximena Ossandón, de RN, condenó "la violencia, la destrucción y la impunidad". Y añadió: "Estoy por la manifestación legitima. Creo que hoy nadie duda que existen dos Chiles paralelos. Hagámonos cargos de la demanda y del malestar; no es problema solo de este Gobierno".

SOLICITUD A LA ONU

Un grupo de 45 diputados de los partidos de oposición, desde la DC al Comunista, solicitaron a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de la ONU, Michelle Bachelet, que envíe observadores al país.

Los congresistas denunciaron ante el órgano internacional "los graves hechos de violencia y la vulneración de derechos fundamentales" por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestó al Presidente Sebastián Piñera su "grave preocupación por la violación de los derechos humanos durante estos días", dijo el director del organismo, Sergio Micco.

El titular del INDH y parte de su equipo se reunieron con el mandatario, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para dar cuenta de las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas en las últimas jornadas.

El titular de Justicia abordó la situación: "Nos duele profundamente constatar la existencia de personas que han fallecido, han recibido lesiones graves". Añadió que "todos los que tengan responsabilidades deberán sufrir las consecuencias si se constatan acciones delictivas". Subrayó que el INDH es autónomo y que se ha buscado "permitirle el mayor acceso y fluidez" para que trabaje y haga respetar "los derechos humanos en todo lugar".

QUERELLAS

El INDH confirmó la presentación de querellas por cinco muertes presuntamente a manos de "agentes del Estado", cuatro contra soldados del Ejército y una contra un carabinero. También se querelló por abusos sexuales contra tres mujeres detenidas. El jefe del área jurídica del organismo, Rodrigo Bustos, detalló: "En algunos de estos casos ha habido desnudamientos con orden de realizar sentadillas. Son prácticas que hemos visto también en otras oportunidades y claramente no corresponde ni en una situación normal ni tampoco durante un estado de excepción constitucional".

Hasta ayer en la tarde, eran 44 acciones judiciales las presentadas en total, de las cuales 35 son querellas que apuntan a muertes, lesiones graves y torturas, 9 son amparos y 3 son querellas por violencia sexual.

Sobre la denuncia de que hay un centro de torturas en la comisaría que está junto a la estación Baquedano del Metro, Sergio Micco aseguró: "Concurrimos como INDH a ese lugar. También llegaron dos jueces y policías de Investigaciones. En este momento se está realizando la investigación y obviamente el INDH está esperando ese resultado".

Al haberse presentado una denuncia por detenciones ilegales y apremios, la que hablaba de personas amarradas de sus muñecas, colgadas desde el techo y sufriendo apremios, los jueces de garantía Darwin Bratti y Daniel Urrutia fueron al recinto con la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. "Nos entrevistamos con personal de Carabineros, y revisamos las cámaras de seguridad y cada sector del recinto junto a un abogado del INDH", explicó Urrutia. "No vimos detenidos ni personas colgando ni sangre, pero sí cartuchos (de balines) y amarras de plástico", dijo. Rechazaron el amparo, pero reportaron la situación al Ministerio Público.

El Gobierno alemán, el Papa Francisco, la Conferencia Episcopal de Chile y una editorial en The New York Times, reflexionaron en torno a la situación del país y pidieron, transversalmente, el fin de la violencia en las calles. En paralelo, el ex Presidente Ricardo Lagos (2000-2006) reconoció que "seguramente cometí muchos errores".

"Lo correcto es renunciar a la violencia", dijo la portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Maria Adebahr, expresando la preocupación del Ejecutivo por los violentos enfrentamientos en algunas ciudades chilenas. La autoridad calificó de "señal en la dirección correcta" la disposición del Gobierno de "acercarse a los manifestantes" al anular el alza de la tarifa del metro.

"Es una señal que seguro puede ayudar a tranquilizar la situación y esto es válido aún más para la disposición anunciada por el Presidente de mantener consultas con los otros partidos acerca de un consenso nacional en materia de reformas, sobre todo en el ámbito social", agregó la representante.

"Ahora es importante que también los manifestantes den un paso y se acerquen al Gobierno, con el fin de que todas las partes regresen al diálogo para abordar y discutir las cuestiones abiertas", puntualizó la funcionaria del Gobierno alemán.

El Papa Francisco también expresó su preocupación, relatando en la Plaza de San Pedro que "sigo con preocupación lo que está sucediendo en Chile. Deseo que, poniendo fin a las violentas manifestaciones, a través del diálogo se trabaje para encontrar una solución a la crisis".

En paralelo, el presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Santiago Silva, señaló que "condenamos decididamente todo tipo de violencia, porque daña nuestra convivencia y empeora aún más la amistad cívica y la paz social, fundamentales para construir acuerdos en razón del bien común".

The New York Times publicó una editorial escrita por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien afirma que "Chile no puede tolerar la tentación de la violencia. (...) El Estado chileno debe seguir comprometido con los mecanismos democráticos: negociar con las fuerzas políticas opositoras, poner oído a la nueva cultura de los jóvenes, avanzar reformas sociales", mientras que el ex Presidente Lagos expresó en Canal 13 que "lo que está pasando es una desconexión entre la élite política y la ciudadanía y todos somos responsables. Yo soy responsable. (...) Seguramente cometí muchos errores".