Cerca de media hora duró la audiencia en la que dos funcionarias de Gendarmería admitieron su responsabilidad por el delito de vejaciones injustas cometidas en contra de Lorenza Cayuhán, por lo que fueron condenadas. La mujer, que estaba cumpliendo condena por un robo con intimidación en la cárcel de Arauco, denunció haber dado a luz mientras se encontraba engrillada en 2016.

El 19 de julio pasado, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de nulidad presentado por la Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de la sentencia que absolvió a las gendarmes Andrea Noemí Concha Fernández y Cristina Fernanda Segundo Sánchez.

Ayer, ambas funcionarias acudieron al Juzgado de Garantía penquista donde se realizó la audiencia en la que reconocieron tener responsabilidad en la acusación planteada por el Ministerio Público. Esta acción permitió a las imputadas sumar una atenuante.

Originalmente, la Fiscalía había solicitado la suspensión de sus cargos por el periodo de un año y multas de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Sin embargo, la colaboración prestada por las víctimas y el reconocimiento de la responsabilidad rebajó en dos grados las sanciones. Finalmente, ambas gendarmes fueron condenadas a pagar 2 UTM cada una ($100 mil).

Tanto el Ministerio Público como la defensa particular de las funcionarias destacaron el resultado de este proceso. Por otro lado, el INDH criticó la pena, debido a la gravedad de los hechos.

Los familiares de Lorenza Cayuhán anunciaron que ya evalúan la presentación de acciones civiles en contra del Estado.

Un tercer imputado, identificado como Christian Guillermo Pino Sealls, fue absuelto en el primer juicio simplificado. La decisión fue ratificada por la corte penquista.

PARTES CONFORMES

El fiscal Nelson Vigueras destacó que con esta condena se pone término a un largo proceso investigativo iniciado en 2016: "Tuvimos la convicción tanto en el primer juicio como en la instancia de recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, que estas personas que fueron acusadas como autoras del delito de vejaciones injustas, debían ser condenadas".

César Ramírez, defensor particular, también manifestó su conformidad. "Para nosotros es una pena de multa por un comportamiento que desde nuestro punto de vista no fue adecuado, al ir ellas a comprar en un proceso de parto. No correspondía la sanción que se pedía anteriormente, ni el contexto que se enfocaba por parte de los otros intervinientes".

Ramírez explicó además que esta condena no debería interferir en las labores de las funcionarias al interior de Gendarmería.

CRITICAN BAJA PENA

Carolina Chang, jefa regional del INDH, criticó la baja penalidad aplicada en este caso, considerando la gravedad de lo ocurrido el día en que Lorenza Cayuhán dio a luz a su hija Sayén, según argumentó.

"Nos opusimos a esta salida, particularmente en relación a la sanción. Se impone como sanción 2 UTM, pagadas en cuotas, y la verdad es que eso, en relación a la grave violación de Derechos Humanos que fueron estos hechos, parece incluso hasta un poco ridículo. Nos parece básica la sanción", afirmó.

Chang agregó que "nosotros no estamos solicitando que no se respete el debido proceso, lo que pedimos es un juicio justo, oral y público, que es un derecho que tienen todas las víctimas en un juicio".

ACCIONES CIVILES

José Cayuhán, hermano de Lorenza, reconoció que, pese a la baja pena, ésta era la única alternativa para conseguir una condena en este caso. "Siempre vamos a mantener las críticas en contra del Estado, Gendarmería y las imputadas, pero la justicia no nos daba las garantías para lograr una pena distinta", aseguró.

Cayuhán finalizó que a partir de esto evaluarán la presentación de acciones civiles. "Lo veremos con los días", anunció.