Acogen recurso de contratistas forestales y Corte pide informes por violencia rural
Un plazo de ocho días tendrán las máximas autoridades del Biobío, el intendente y los tres gobernadores, para entregar sus informes respecto a las acciones ejecutadas por los episodios de violencia rural en la Región.
Ayer, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó que se acogió a trámite un recurso de protección interpuesto por la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag) en contra de las cuatro autoridades de la zona.
La acción legal, ingresada el lunes en el tribunal de alzada penquista, solicita que el Estado de Chile, por medio de sus autoridades, desarrolle todas las medidas pertinentes a proteger las garantías constitucionales perturbadas o amenazadas por los diferentes hechos de violencia en contra de "trabajadores, empresarios y empresas contratistas forestales que tengan o puedan tener faenas en la Región", según se plantea en el documento.
La resolución de la Corte fue valorada por el presidente de Acoforag, René Muñoz, quien manifestó que con esto se busca involucrar a los tribunales en la búsqueda de la paz en la zona sur de Arauco.
En paralelo, ayer fue liberado el último Barómetro de la Multigremial de La Araucanía, que mide los conflictos de connotación indígena. En el caso del Biobío, el informe reveló que durante el primer semestre de este año hubo un leve incremento en los atentados en comparación con igual periodo del año pasado.
DOS POSTURAS
René Muñoz indicó que la decisión de la Corte los deja conformes, pues era un paso que debían seguir los jueces del tribunal, aseguró.
"Las instituciones, en este caso la Corte de Apelaciones, está solicitando antecedentes para verificar si las cosas se están haciendo bien y nosotros creemos que se están haciendo mal y eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo", señaló.
El dirigente del gremio forestal insistió en que en la zona de Arauco existe una vulneración de los derechos de los trabajadores y con esta acción buscan garantizarlos.
"Hoy no estamos culpando al intendente, él está en ese puesto porque lo nominaron, pero aquí las instituciones no están funcionando. Las policías están cansadas, no tienen apoyo, no tienen recursos y con esa forma de funcionar no vamos a llegar a lo que se requiere: encontrar a los responsables, investigarlos y condenarlos", precisó.
El intendente, Sergio Giacaman, descartó un abandono por parte del Gobierno a los habitantes y trabajadores en el cono sur de Arauco y afirmó que entregarán los informes que sean necesarios a la justicia.
"Nosotros entregaremos toda la información en el plazo que se nos pida porque creemos que hay que ser absolutamente transparente y debemos decir que nada nos va a distraer para trabajar en la seguridad de las personas de Arauco", señaló.
LEVE ALZA
El Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena del primer semestre de 2019 de la Multigremial de La Araucanía, detalló que en el caso del Biobío la cantidad de hitos violentos pasó de 15 el año pasado a 19 en lo que va del 2019. De esa última cifra, 13 corresponden a incendios o atentados incendiarios. La mayoría de los casos se concentraron en Cañete con 10 episodios.
Una sede social, 11 camiones y cuatro vehículos en desarme fueron los bienes afectados durante los primeros meses de 2019.
Eso sí, a nivel de macrozona (Biobío, La Araucanía y Los Ríos) las denuncias crecieron un 180% durante este año.
El intendente Giacaman recordó que el miércoles participaron de una reunión con gremios en la provincia de Arauco, entre ellos la Multigremial de La Araucanía. La instancia permitió la entrega de un petitorio de cinco puntos al Gobierno del Biobío.
"Efectivamente hemos tenido situaciones que no deseamos, la violencia no conduce a nada. No obstante, hemos reforzado la seguridad y por otro lado estamos absolutamente disponibles y presentes en el territorio para activar soluciones a los problemas que los aquejan", señaló.
René Muñoz indicó que las cifras del barómetro se condicen con los hechos que han venido denunciando desde hace años: "Las autoridades están diciendo que las policías están funcionando, que se están haciendo cosas, pero las cifras muestran lo contrario. Alguien acá está mintiendo y espero que la Corte de Apelaciones lo pueda definir".
Desde Acoforag, que reúne a distintas empresas forestales, estiman que las pérdidas en los últimos cinco años bordean los $20 mil millones.