La PDI cumplió 86 años de vida el pasado 19 de junio y su historia ha estado marcada por un crecimiento sostenido en el tiempo, muchas veces silencioso pero con objetivos claros. Del mismo modo ha sabido adaptarse al nuevo escenario delictivo y para ello nuestros detectives se capacitan constantemente para que las investigaciones sean más completas, certeras y transparentes.

En la cuenta pública que me tocó rendir recientemente explicamos nuestros avances y logros en el periodo junio 2018 - junio 2019, destacando un porcentaje sobre el 74% de efectividad en las órdenes de investigar recibidas con más de 3600 personas detenidas.

Nuestro trabajo es continuo, no descansa y nos sobreponemos a los problemas que enfrentamos en cada una de nuestras investigaciones. Es lo que somos, detectives 24x7 al servicio de una comunidad cada día más exigente y opinante.

Hemos aprendido a adaptarnos a los nuevos tiempos y en ese camino seguiremos. Es el camino señalado por nuestro director general y que nos permite hoy ser una institución respetada en todo el país.

Sin embargo, estos buenos resultados no habrían sido posibles sin una infraestructura acorde a los nuevos tiempos y demandas ciudadanas. Es por esto que el trabajo en conjunto con el Gobierno Regional del Biobío, nos ha permitido realizar mejoras en nuestros cuarteles y adquirir nuevos vehículos para el actuar policial.

Los primeros 14 móviles ya fueron recibidos y esperamos que en los próximos meses podamos concretar la recepción de otros 63 que irán directamente a apoyar las labores que hoy desarrollan las diversas unidades de nuestra región.

Del mismo modo mantenemos en cartera otros 5 proyectos por un monto superior a los 3 mil millones de pesos, todo esto con el objetivo de brindar un mejor servicio y atención a cada ciudadano del Biobío. El Intendente Giacaman y el Consejo de Gobierno Regional han apoyado a nuestra institución y lo han hecho sobre la base de los resultados obtenidos y las proyecciones que tenemos para los años futuros en donde la construcción del nuevo cuartel policial emplazado en la costanera es una de las aspiraciones.

Tampoco nos olvidamos del resto de nuestra región. Es así como también trabajamos en mejorar infraestructura en las provincias de Arauco y Biobío. Cañete y Los Ángeles, son algunas de las comunas que prontamente tendrán complejos policiales. En la misma senda nos encontramos para Chiguayante, Lota y Tomé. Todo con un solo objetivo, contar con instalaciones acordes a las necesidades de nuestros detectives y de nuestros usuarios.

Seguimos creciendo en beneficio de la gente, para así mantener la confianza que nos han demostrado constantemente y consolidarnos día a día como una policía cercana, profesional y efectiva en la investigación de los delitos que afectan a nuestra sociedad.

Prefecto

Inspector Jefe de la Región Policial PDI Biobío

Tras el mayoritario rechazo que los docentes expresaron, en consulta nacional, a la propuesta del Ministerio de Educación ante sus demandas, el presidente del gremio, Mario Aguilar, pidió que intervenga el Presidente Sebastián Piñera para buscar una salida a la paralización, que ya va en su quinta semana.

La solicitud llega luego de que el miércoles y el jueves pasados, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se reuniera con la directiva del Magisterio, tras varias semanas en que los docentes no habían conseguido citarse con ella, que encargó la negociación al subsecretario Raúl Figueroa.

Ayer, Cubillos iba a participar de una sesión especial sobre el paro en el Senado, pero éste la suspendió, pues la autoridad estaba en la Región de Coquimbo junto al Mandatario observando el eclipse. A esa actividad había sido invitada hace varios días.

"ÉL TIENE EL PODER"

"Hacemos un llamado al Presidente de la República (...) Primero el subsecretario no fue capaz, ahora la ministra no fue capaz de resolver el problema; yo le pido al Presidente que, por el bien de nuestros niños, pueda intervenir para buscar una solución", sostuvo Aguilar.

"Él tiene la capacidad de hacerlo, él tiene el poder para hacerlo, y nos parece que sería adecuado que él pudiera intervenir", argumentó el líder del Magisterio. "Un Presidente de la República tiene todo el poder y valoraríamos que él escuche esto y pudiera ayudar a que se solucione", agregó.

"No lo ponemos como exigencia", aclaró Aguilar, quien añadió: "Si el Gobierno quiere interlocutar con la ministra o con otra vía, nosotros estamos disponibles".

Subrayó que los docentes están "flexibles" a hallar alternativas. "Reiniciemos las conversaciones, ése es el camino y el mecanismo con el cual este conflicto se puede resolver".

El dirigente rechazó, además, que el requisito para dialogar sea que se retomen las clases, como planteó Cubillos. "Si con un paro de cuatro semanas no se han solucionado los problemas, cómo sería si lo bajáramos. No somos tan ingenuos de creer que bajando la movilización, después vendrán las soluciones. Es al revés: vienen las soluciones y entonces podemos bajar el paro".

La salida al conflicto, sin embargo, no se advierte cercana. El subsecretario Figueroa aseguró que "mientras el paro siga", no se reunirán con el Colegio de Profesores.

"Este paro no tiene ninguna justificación, desde el Mineduc hemos tenido siempre una actitud de diálogo, hemos entregado respuesta al petitorio, y tenemos nueve puntos en acuerdo (…) no podemos fomentar una paralización que genera tanto daño a la educación publica", lamentó.

Sobre los puntos en que aún no llegan a acuerdo, dijo que uno es la "deuda histórica, que se trata de una historia invariable del Estado de Chile. No es jurídicamente exigible, un paro sobre esto no tiene justificación". Los otros dos son el cambio curricular para tercero y cuarto medio, "que obedece a una construcción institucional, estamos obligados a dar cumplimiento a ese acuerdo", y el bono de las educadores diferenciales, que -dijo Figueroa- "es extremadamente caro, $30 mil millones en régimen".

Sin embargo, el Colegio de Profesores considera que el Ejecutivo no ha respondido "nada" concreto en siete puntos. Y en tres más, estima que el Mineduc solo propone "seguir dialogando".

La Corte Suprema dispuso la apertura del cuaderno de remoción de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez, quienes son investigados por actos contra la probidad.

El pleno de ministros del máximo tribunal aprobó el informe de la ministra instructora Rosa María Maggi y decidió, asimismo, aplicar la sanción de cuatro meses de suspensión para los tres magistrados.

Según informó el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, la determinación "fue prácticamente unánime". La sentencia íntegra será dictará en diez días, una vez que acabe el proceso de redacción.

LOS CARGOS

El ministro Elgueta enfrenta cargos por haber intervenido en la tramitación y fallo de un recurso de protección, haberse comunicado con abogados respecto de la tramitación de procesos, solicitado al fiscal regional de O'Higgins la designación de personas en la institución, haber exigido la designación de una exalumna en un tribunal, y requerido y aceptado una suma de dinero.

Mientras, los cargos en contra del ministro Vásquez son haber dictado una resolución en la que se nombró a su hija como consejera técnica suplente en un tribunal de la jurisdicción, dar consejo a un imputado sometido a la medida cautelar de arresto domiciliario y haber procedido, como presidente de la Corte de Rancagua, a instalar una sala que no estaba de acuerdo al sorteo.

Por su parte, el ministro Albornoz enfrenta un cargo por haber solicitado a un imputado una suma de dinero.

INFRACCIÓN DE NORMAS

Sobre las medidas adoptadas, el ministro Cisternas sostuvo que "si se aplica la máxima sanción y se ordena abrir un cuaderno de remoción, es porque se estima que las faltas son graves, afectan a la probidad y se infringen las normas del Código Orgánico de Tribunales, los autocordados de la Corte Suprema de los principios de probidad y las normas del Código Iberoamericano de Ética Judicial".

Cisternas explicó que el cuaderno de remoción es un proceso nuevo que requiere informes de los ministros, de la Corte de Apelaciones de Rancagua y demás antecedentes que sean necesarios para resolver la remoción o destitución de los magistrados.

"Esto es la apertura del cuaderno de remoción. Esto no es la remoción o desvinculación como se usa en lenguaje más general, es solamente la apertura del cuaderno de remoción y, en su minuto, la Corte (Suprema) tendrá que resolver qué se hace con este cuaderno de remoción. En el sentido de si se le da o no curso definitivo. Si le da curso definitivo, se comunica al Ejecutivo para la dictación del decreto correspondiente o se emite por la propia Corte Suprema", dijo el magistrado.

Lamberto Cisternas informó, además, que el pleno aprobó la serie de sobreseimientos que fueron propuestos por la ministra Maggi respecto de otros investigados en el Poder Judicial.